Mandan a la cárcel a la funcionaria judicial que mató a su madre e intentó ahogar al hijo

La abogada de 49 años quedó bajo prisión preventiva en un penal psiquiátrico por orden del juez de garantías, mientras evalúan si comprendía la criminalidad de sus actos.

Los protocolos de supervisión laboral en las estructuras del fuero penal económico afrontan duros cuestionamientos administrativos a raíz del comportamiento de los agentes con regímenes de salud interrumpidos. El otorgamiento de licencias médicas prolongadas por cuadros de alteración mental severa expone fisuras en el seguimiento de los legajos del personal civil y jerárquico de los tribunales de apelación. El quiebre en la contención de los profesionales de la abogacía que desempeñan roles de secretaría y relatoría en las fiscalías derivó en la aplicación de medidas de encierro preventivo que obligan a revisar la efectividad de las juntas médicas laborales.

La resolución penal recayó sobre una profesional matriculada de 49 años de edad que prestaba servicios técnicos permanentes dentro de la estructura de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. El magistrado a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, Ricardo Costa, convalidó el requerimiento fiscal y dictó la prisión preventiva efectiva para la abogada estatal. La decisión de sostener el arresto se fundamenta en la gravedad institucional de los delitos imputados y en la necesidad de resguardar el desarrollo de las declaraciones de los testigos directos que integran el núcleo familiar.

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El destino penitenciario de la encausada requirió la asignación de una plaza en un establecimiento especializado que disponga de regímenes de atención clínica permanente para pacientes con antecedentes de autoagresión. La jefatura policial coordinó el traslado de la imputada hacia las celdas de la cárcel de Melchor Romero, unidad penal que cuenta con la infraestructura necesaria para alojar de forma segregada a internos con diagnósticos neuropsiquiátricos validados. El historial de la abogada registraba un intento de suicidio documentado pocas semanas antes de los hechos delictivos cometidos en la vivienda de la calle Entre Ríos al 1300.

El andamiaje de la acusación se encuentra bajo la conducción del fiscal José Amallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, quien tipificó el expediente bajo dos figuras penales de máxima severidad jurídica. La mujer enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo en relación al fallecimiento de su progenitora y homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa por el ataque contra su descendiente. El funcionario judicial solicitó de manera urgente una batería de exámenes psicológicos y psiquiátricos exhaustivos para dictaminar si la acusada poseía las facultades mentales indispensables para comprender la criminalidad de sus acciones.

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La reconstrucción de los hechos materiales describe una violenta irrupción en los dormitorios de la finca familiar durante la madrugada del 7 de abril, rompiendo la rutina de descanso de los habitantes del inmueble de Tigre. La agresión contra el menor de edad consistió en la introducción forzada de material celulósico en las vías respiratorias mientras el adolescente dormía, provocando un forcejeo defensivo inmediato en medio de la oscuridad. El menor, de 14 años de edad, logró escapar luego de que, según dijo, su madre intentara matarlo, abandonando la propiedad pública para requerir el auxilio de los residentes adyacentes de la cuadra.

La intervención de las patrullas policiales de la comisaría local se produjo tras el aviso al sistema de emergencias telefónicas que realizó una vecina que detectó disturbios e insultos provenientes del interior de la casa. En paralelo, la propia agresora se comunicó de forma telefónica con su hermana para manifestarle textualmente: “Me mandé una cagada. La policía está afuera”, interrumpiendo la comunicación de manera abrupta. Al ingresar al inmueble junto a los familiares que acudieron por un mal presentimiento, los efectivos hallaron a la víctima de 79 años de edad desvanecida sobre el colchón principal con signos evidentes de asfixia mecánica y heridas sangrantes.

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La presencia de la jubilada de 79 años en el territorio bonaerense respondía a una estrategia de acompañamiento logístico diseñada por el entorno familiar tras tomar conocimiento de las tendencias de depresión clínica de la funcionaria de la cámara. La madre de la abogada había viajado especialmente desde Italia para asumir el cuidado diario de su hija y la supervisión de las rutinas de estudio del nieto adolescente en la zona norte del conurbano. Las pericias de la división criminalística recolectaron una almohada con manchas biológicas sobre el rostro de la anciana que ratifican la hipótesis del sofocamiento provocado.

El cuidado y la tutela legal del adolescente quedaron bajo la responsabilidad provisoria de sus tíos directos, quienes se hicieron cargo del menor en la misma escena del crimen tras las primeras contenciones de los psicólogos del gabinete de asistencia a las víctimas. El joven prestó testimonio bajo el sistema de cámara Gesell para evitar la revictimización, aportando los detalles sobre el forcejeo que le permitió ganar la calle antes de sufrir lesiones asfícticas irreversibles. Las autoridades del área de niñez y familia evalúan el otorgamiento de un régimen de custodia definitivo que contemple el alejamiento permanente de la jurisdicción donde se produjo el ataque.

La validez penal de la prisión preventiva otorgada por el juez Costa ingresa en una fase de sujeción técnica subordinada a las conclusiones de la junta de peritos de la asesoría pericial de San Isidro. Los defensores oficiales evalúan plantear la inimputabilidad absoluta de la abogada basándose en las patologías previas que motivaron su apartamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Si los médicos forenses determinan que la funcionaria judicial atravesaba un brote psicótico con alteración del criterio de realidad al momento de presionar la almohada, el proceso criminal se suspenderá, transformando el encarcelamiento en una medida de internación bajo custodia médica indefinida.