Una vecina ofreció muebles, una bicicleta fija y ollas en redes sociales. Falsos compradores la guiaron con engaños hasta quitarle el dinero.
Una vecina de Rawson perdió 600.000 pesos después de publicar en redes sociales la venta de muebles, una bicicleta fija y ollas. La operación, que comenzó como una consulta de supuestos compradores, derivó en una maniobra investigada como ciberestafa. El caso ya ingresó en una etapa formal dentro de la Justicia penal de Chubut.
La jueza de garantías Karina Breckle abrió la investigación por el plazo legal de seis meses. En la misma audiencia, imputó a Lucas Paz Machado, domiciliado en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, como presunto autor del delito de estafa. La medida permitirá avanzar con la producción de prueba y el análisis de la intervención que se le atribuye en la maniobra.
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La denuncia fue radicada después de que la víctima advirtiera la sustracción del dinero. El hecho ocurrió en enero del año pasado, luego de una serie de contactos vinculados con los productos que había ofrecido en sus redes sociales. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.
El mecanismo descripto por la acusación comenzó con un falso interés comercial. Personas que se presentaron como compradores fueron guiando a la mujer mediante distintos engaños. A partir de esas instrucciones, la víctima realizó pasos que terminaron con la pérdida de los 600.000 pesos.
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La causa fue impulsada por la fiscal general Eugenia Domínguez y el doctor Hernán Gricman. Ambos formularon el pedido de apertura de investigación ante la Oficina Judicial de Rawson. Ese requerimiento derivó en la audiencia en la que se formalizó la imputación contra Paz Machado.
El expediente refleja una modalidad cada vez más frecuente en operaciones iniciadas por redes sociales. La publicación de objetos usados para la venta expone datos de contacto y abre la puerta a conversaciones con desconocidos. En este caso, esa interacción terminó bajo investigación penal por la presunta utilización de engaños para obtener dinero.
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Durante la audiencia, la defensa del imputado estuvo a cargo de Pablo Sánchez. El abogado negó los hechos tal como fueron presentados por la acusación. Además, adelantó que buscará resolver el caso mediante una salida alternativa al conflicto.
La apertura de investigación no implica una condena, sino el inicio formal de una etapa procesal para reunir elementos y definir el rumbo del expediente. Durante los próximos seis meses, las partes podrán producir prueba, formular planteos y discutir eventuales vías de resolución. La Fiscalía, en tanto, deberá sostener la hipótesis de estafa atribuida al imputado.
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El caso también muestra el rol específico de la unidad especializada en delitos digitales. La denuncia no quedó radicada como un conflicto comercial común, sino como una posible maniobra de ciberestafa. Esa calificación orienta la búsqueda de evidencia hacia comunicaciones, rastros digitales y eventuales movimientos vinculados con la transferencia del dinero.
La resolución de la jueza Breckle dejó abierto un plazo concreto para profundizar la pesquisa. El punto pendiente será determinar si la acusación logra acreditar la participación atribuida a Paz Machado o si prospera la alternativa anticipada por la defensa. Por ahora, la causa queda formalmente abierta con una víctima de Rawson y una pérdida económica de 600.000 pesos.
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