El juez Ignacio Colombo ordenó un hisopado compulsivo a Beatriz Yapura para confrontarlo con los perfiles femeninos sin identificar enviados desde Francia.
La Policía de Salta ejecutó una orden de allanamiento forzoso utilizando la fuerza pública para extraer muestras de saliva de la boca de una mujer vinculada colateralmente al caso de las turistas francesas. Los efectivos policiales sorprendieron a la sospechosa con un dispositivo de grabación inalámbrico escondido entre sus prendas durante el tenso procedimiento de extracción biológica. El decomiso del aparato tecnológico añade un foco de sospecha extra sobre las maniobras de resistencia desplegadas por el entorno íntimo de los antiguos implicados en el doble crimen.
El Ministerio Público Fiscal salteño intentó justificar el procedimiento coactivo argumentando la necesidad imperiosa de depurar las fallas de origen que arrastra la investigación pericial. La hipótesis científica actual busca determinar si las trazas de ADN halladas en los laboratorios de Europa corresponden a una contaminación involuntaria o a una transferencia secundaria de material biológico durante las autopsias de 2011. Los coordinadores de la Unidad Fiscal sostuvieron formalmente que “los cotejos genéticos ordenados no tienen por finalidad atribuir responsabilidad penal automática a ninguna de las personas convocadas, sino verificar técnicamente el origen de determinados perfiles genéticos detectados durante el avance de la investigación”.
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La resistencia sistemática de Beatriz Elizabeth Yapura a entregar voluntariamente sus células bucales empujó a los investigadores a solicitar medidas judiciales extremas de coerción física. El Juzgado de Garantías Nº 2, bajo la firma del magistrado Ignacio Colombo, emitió la autorización inicial el 15 de abril de 2026 tras los reiterados plantones de la mujer a las citaciones del laboratorio forense. Esta pulseada legal afecta de forma directa el entorno de Santos Clemente Vera, cuyo estado procesal original por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni ya cuenta con una resolución jurídica en firme dentro de los tribunales locales.
Las autoridades de la Procuración General aclararon de forma taxativa que el barrido de muestras genéticas excede por completo la situación particular de la familia Vera. El plan de control molecular de la Unidad Fiscal de Salta abarca también a todas las profesionales, peritos de morgue y operadoras técnicas que manipularon el material orgánico a lo largo de estos quince años. Las directivas oficiales consignaron de forma pública que “la investigación impulsada por la Unidad Fiscal no se circunscribe exclusivamente a Yapura, sino que comprende una serie mucho más amplia de análisis genéticos y cotejos comparativos respecto av las actuaciones realizadas durante la investigación original”.
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El origen de los perfiles femeninos sin identificar que motivan este conflicto procesal se remonta a los estudios complementarios desarrollados por laboratorios especializados de Francia. Las agencias europeas detectaron marcadores genéticos extraños que nunca pudieron ser cotejados con el mapa de sospechosos locales que manejaba la policía salteña en los inicios del caso. La incorporación de estas piezas de convicción internacionales reaviva la discusión sobre las deficiencias metodológicas cometidas por los peritos argentinos durante el levantamiento de rastros en la escena del crimen originario.
Las filmaciones caseras sobre la irrupción de las fuerzas de seguridad en la vivienda familiar se viralizaron de inmediato en las plataformas digitales, despertando críticas cruzadas por la severidad del operativo. El Ministerio Público salteño defendió la legalidad del avasallamiento físico aduciendo que las medidas responden “exclusivamente a un minucioso y escalonado plan de trabajo en aras de evacuar cada uno de los puntos considerados materia de profundización”. Este diseño de rastreo biológico tardío cobró fuerza a partir de las exigencias internacionales presentadas por el padre de una de las víctimas, quien reclama el esclarecimiento de los cabos sueltos antes del archivo definitivo de las actuaciones.
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Los laboratorios extranjeros pagan millones para probar nuevos fármacos en pacientes de Buenos AiresLos genetistas forenses concentran sus esfuerzos en discriminar científicamente si los rastros biológicos femeninos corresponden a un arrastre de material o a un contacto criminal directo. La medicina legal advierte que una partícula de epitelio puede mudarse de una superficie a otra por mera cercanía física o por una deficiente esterilización de las pinzas de autopsia. La confirmación de una transferencia secundaria de ADN desmoronaría las sospechas sobre nuevos cómplices directos, dejando al descubierto el manejo negligente de la evidencia recolectada en la reserva de San Lorenzo en julio de 2011.
El expediente por el asesinato de las jóvenes francesas arrastra un denso historial de condenas anuladas, apelaciones internacionales y fallos contradictorios que dañaron la credibilidad del Poder Judicial de Salta. La presión de la diplomacia europea y el interés de los organismos de derechos humanos convirtieron a este doble homicidio en un caso de alta sensibilidad política para el gobierno provincial. Las deficiencias científicas ventiladas a lo largo de las audiencias impiden consolidar una verdad oficial que conforme tanto a la querella extranjera como a las familias de los lugareños implicados.
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El destino de la investigación penal ingresa en una etapa de revisión total donde el valor de las pruebas biológicas forzadas será evaluado por peritos de ambas naciones. Los investigadores judiciales se enfrentan al desafío técnico de reconstruir una cadena de custodia que sufrió severas alteraciones a lo largo de casi una década y media de parálisis institucional. Las respuestas que surjan del laboratorio determinarán si el caso de las turistas francesas halla un cierre científico definitivo o si los rastros femeninos misteriosos hallados en Europa consolidan un escenario de impunidad permanente provocado por la impericia estatal.
Fuente: NA.
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