El defensor oficial dejó el cargo ante el Defensor General. El proceso quedó abstracto antes de completar la prueba de la defensa en Rawson.
El jury contra Lisandro Benítez terminó antes de llegar a una resolución de destitución. El defensor oficial presentó su renuncia al cargo durante el desarrollo del proceso y esa decisión modificó por completo el curso del expediente. El Tribunal de Enjuiciamiento declaró abstracta la causa y ordenó el archivo de las actuaciones.
La definición ocurrió en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, donde el trámite había comenzado el martes 19 de mayo. El proceso avanzaba sobre una acusación por “mal desempeño”, pero perdió objeto cuando Benítez dejó formalmente su función. La dimisión fue aceptada por el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca, paso necesario para que el tribunal cerrara el caso.
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El segundo día del jury quedó marcado por un giro procesal inesperado. La comisión acusadora del Consejo de la Magistratura ya había terminado con la producción de la prueba. La defensa de Benítez empezaba esa misma etapa cuando, después de un cuarto intermedio, el acusado informó su decisión de renunciar.
La renuncia obligó a detener el recorrido previsto para el debate. Antes de resolver, el tribunal dio intervención a Daroca para que el trámite de dimisión quedara formalizado entre el defensor general y el funcionario cuestionado. Una vez cumplido ese paso, los integrantes del cuerpo entendieron que el objeto del proceso estaba agotado.
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La acusación contra Benítez se apoyaba en la causal de destitución por “mal desempeño”, conforme la Constitución Provincial, en sus artículos 165 y 168, y la Ley V N° 80, en su artículo 15. Ese encuadre habilitaba al Tribunal de Enjuiciamiento a analizar la conducta funcional del defensor oficial. Sin embargo, la salida del cargo dejó sin finalidad práctica una eventual sanción destitutoria.
El origen del expediente estuvo en una denuncia impulsada por el propio Sebastián Daroca, jefe institucional de Benítez. La presentación se vinculó con un hecho público ocurrido el 21 de octubre de 2023, durante la madrugada, en el centro de Trelew. Según la denuncia, el defensor público conducía su vehículo cuando colisionó con una camioneta.
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Ese episodio fue el punto de partida de la intervención institucional. De acuerdo con testigos y con la denuncia del Ministerio Público Fiscal, a Benítez se le atribuyó haber intentado darse a la fuga después del choque. También se lo acusó de negarse a realizar el test de alcoholemia y de insultar al personal policial que intervino en el procedimiento.
La acusación no se limitaba a ese único hecho. En el expediente también se le achacaban conductas similares en instancias anteriores, consideradas relevantes para sostener el planteo de mal desempeño. Ese conjunto de antecedentes formaba parte del material que debía evaluarse en el jury antes de la renuncia.
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El tribunal estuvo integrado por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra, junto con los diputados Andrea Aguilera y Gustavo Fita. También participaron los abogados César Maia y Claudia Maranzana, como miembros del cuerpo de enjuiciamiento. Todos intervinieron en la decisión final de declarar abstracto el proceso.
La resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la acusación. El archivo respondió a que Benítez ya no ocupa el cargo sobre el cual podía recaer una eventual destitución. Por eso, el cierre llegó por la pérdida de objeto del trámite y no por una evaluación completa de responsabilidad funcional.
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