Juzgarán a cuatro policías tucumanos por un secuestro extorsivo en una comisaría
Policiales21/05/2026
REDACCIÓNEl juez José Manuel Díaz Vélez mandó a debate oral a la cúpula de la Zona III por encerrar a un joven en la Jefatura, golpearlo y exigir 240 mil pesos.
Un mensaje de texto enviado a plena luz de la clandestinidad delató la existencia de una presunta organización delictiva enquistada en las entrañas de las fuerzas de seguridad del norte argentino. El cabo primero Sergio Daniel Díaz envió un reporte explícito a su superior jerárquico afirmando “Tenemos otro en la zona”, dejando al descubierto un modus operandi que superaba el carácter de un hecho aislado o fortuito. La contundencia de este registro recuperado por los peritos informáticos destruyó el hermetismo corporativo y aceleró los tiempos de una investigación federal que ahora ventilará las maniobras extorsivas de la fuerza en un debate oral.
La Cámara Federal de Apelaciones sepultó la estrategia de las defensas técnicas que pretendían encubrir los delitos graves bajo la etiqueta benigna de un simple procedimiento policial irregular. El magistrado José Manuel Díaz Vélez, titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, convalidó en su totalidad el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía a cargo de Agustín Chit. Los acusados llegarán al banquillo con el procesamiento firme y bajo la medida cautelar de prisión preventiva debido a la gravedad institucional de los cargos acumulados en su contra.
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La Jefatura de Zona III se transformó durante varias horas en un centro clandestino de detención provisorio donde la víctima padeció tormentos físicos y vejaciones severas. Los agresores obligaron al joven de 28 años a desnudarse por completo en el piso, lo fotografiaron con fines extorsivos y le aplicaron una golpiza sistemática para quebrar su resistencia psicológica. Ninguno de estos movimientos violentos o ingresos de civiles figuró en los libros oficiales de guardia de la dependencia estatal, una omisión deliberada que buscaba garantizar la impunidad de los uniformados intervinientes.
La emboscada criminal requirió una planificación digital previa que los sospechosos coordinaron mediante identidades falsas en plataformas de mensajería instantánea. Los captores contactaron al damnificado a través de un grupo de la aplicación Telegram denominado “Flores Tucumán”, simulando un interés comercial genuino por adquirir una partida de 20 gramos de cannabis sativa. La negociación se trasladó rápidamente a la red WhatsApp, pactando la entrega de la mercadería en la puerta del domicilio del vendedor para concretar la posterior captura física.
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Cuatro hombres a bordo de un automóvil gris marca Renault Megane, de propiedad privada de uno de los agentes, arribaron al barrio privado Portal del Parque alrededor de las 22:30. Uno de los ocupantes descendió con astucia e invitó al joven a salir a la vereda con la excusa de entregarle el dinero en efectivo del pago acordado. En ese instante preciso, el resto de la banda intentó reducirlo por la fuerza invocando falsamente su condición de agentes policiales en medio de un violento forcejeo donde la víctima perdió su propio teléfono celular.
El despliegue extorsivo continuó en las inmediaciones del country mientras el damnificado permanecía incomunicado y recluido de forma ilegal en la delegación estatal de la fuerza. Una fracción de la comitiva delictiva regresó al sector residencial para interceptar al hermano de la víctima y obtener el número telefónico directo de su progenitora. Los uniformados llamaron de inmediato a la mujer exigiéndole el pago inmediato de un rescate financiero a cambio de no iniciarle una causa penal falsa vinculada al narcotráfico de gran escala.
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La entrega del dinero en efectivo se concretó paradójicamente dentro de las propias oficinas de la jefatura durante la madrugada del 24 de febrero de 2024. La madre de la víctima presenció el deterioro físico de su hijo cautivo, dialogó directamente con los policías extorsionadores y les entregó la suma total exigida de 240 mil pesos. Tras efectivizar el pago ilegal, ambos familiares recibieron la autorización para retirarse de la dependencia sin que mediara ninguna orden judicial de liberación formal.
La lista de los funcionarios estatales que afrontarán el tribunal oral incluye diferentes rangos de la jerarquía policial tucumana en actividad. El requerimiento fiscal identificó al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, de 38 años, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, de 49 años, y al agente Franco Javier Jiménez, de 39 años, como los ejecutores materiales directos. La acusación los señala como los responsables de ejecutar la privación ilegal de la libertad agravada por el cobro del rescate y el abuso de sus funciones públicas.
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El jefe supremo de la Zona III, comisario Gustavo Ezequiel Morales, de 51 años, enfrentará el proceso bajo la figura de partícipe secundario tras comprobarse sus constantes diálogos telefónicos con los captores. El magistrado interviniente detectó mensajes explícitos de Morales donde respondía con las expresiones “meta” y “dale pa adelante” al avance del secuestro clandestino en su jurisdicción. La resolución final del litigio oral determinará si el sistema judicial tucumano cuenta con las herramientas operativas para desarticular estas células delictivas que operan con total impunidad utilizando los recursos logísticos de la propia estructura del Estado.
Fuente: NA.
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