Bolivia queda sitiada por 51 bloqueos mientras crece la presión sobre el presidente Rodrigo Paz
Actualidad22/05/2026
REDACCIÓNLa protesta corta rutas en siete departamentos, complica el abastecimiento en La Paz y suma una marcha campesina hacia el Palacio de Gobierno.
Los accesos y corredores internos de Bolivia quedaron atravesados por 51 piquetes activos en siete de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en La Paz, Oruro y Cochabamba. La medida ya lleva 16 días sobre las carreteras y profundiza el aislamiento de zonas clave del altiplano. El conflicto combina reclamos sociales, presión política contra el presidente Rodrigo Paz y un deterioro cotidiano que afecta el traslado de alimentos, gas, transporte y atención médica. Reportes recientes también describen escasez de alimentos e insumos en La Paz por el bloqueo de rutas.
La presión subirá este viernes con una marcha convocada por la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las organizaciones que encabeza las movilizaciones. La columna partirá desde El Alto hacia La Paz, en un recorrido de 13 kilómetros con destino político directo: el centro del poder nacional. La convocatoria apunta a pobladores de las 20 provincias paceñas y a seis organizaciones que integran la llamada Alianza Unidad.
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El mensaje de los sectores movilizados busca mostrar volumen territorial y cohesión frente al Gobierno. “La unidad y la presencia de las bases serán fundamentales en esta jornada de firmeza”, señala la convocatoria difundida para la marcha. Entre los espacios convocados figuran la Central Obrera Boliviana, transportistas y maestros, lo que amplía el carácter social de una protesta que ya superó el plano sectorial inicial.
La demanda de renuncia contra Rodrigo Paz no apareció como primer punto del conflicto, pero terminó ganando centralidad con el paso de los días. La protesta había comenzado hace más de un mes con pedidos de aumentos salariales, mejoras en la calidad de la gasolina y rechazo a una ley vinculada con la recategorización de la tierra. El Gobierno logró neutralizar algunos frentes mediante negociaciones parciales, aunque los sectores indígenas del altiplano endurecieron luego su posición contra el Presidente.
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El reclamo político se sostiene en una crítica directa a la orientación del Ejecutivo. David Mamani, representante de la federación campesina, afirmó que “El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”. También sostuvo que “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, y acusó al mandatario de “pisotear” la Constitución con decretos que considera inconstitucionales.
El Ejecutivo descartó la renuncia presidencial y buscó abrir canales de negociación con algunos sectores para desactivar los bloqueos. Al mismo tiempo, anunció intervenciones policiales destinadas a formar corredores humanitarios que permitan el paso de insumos básicos hacia La Paz. Esa decisión aparece atravesada por una urgencia concreta: la población ya enfrenta escasez de comida y gas, aumento de precios, interrupciones en el transporte público y suspensión parcial de clases presenciales y recolección de basura.
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La crisis también alcanzó el plano sanitario, con denuncias oficiales por muertes vinculadas a la imposibilidad de trasladar pacientes. El Gobierno informó el fallecimiento de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que no pudieron llegar a centros hospitalarios por los bloqueos. El Ministerio de Salud pidió a los manifestantes permitir el paso de ambulancias y remarcó que “la vida está por encima de todo conflicto”.
Paz prometió ajustes en el gabinete, pero hasta el momento solo reemplazó al ministro de Trabajo, uno de los funcionarios de perfil más bajo. Además, anunció la creación de un Consejo Económico y Social, concebido como una instancia consultiva de diálogo con organizaciones sociales. La medida intenta ofrecer una salida institucional, aunque no se conocen avances concretos en una negociación amplia con los sectores movilizados.
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El aumento de piquetes no estuvo acompañado en los últimos días por nuevos episodios graves de violencia como los registrados el lunes en La Paz. Ese día, al menos tres marchas coincidieron en el centro de la ciudad, hubo enfrentamientos con la Policía, ataques a oficinas públicas y agresiones a civiles. Desde entonces, la tensión se mantiene principalmente sobre las rutas, los accesos y la capacidad del Gobierno para garantizar abastecimiento.
La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron una reunión con dos organizaciones campesinas para recoger planteos orientados a restablecer el diálogo. Según se comunicó, allí recibieron la “profunda molestia” de esos sectores por la forma en que fueron aludidos por el Presidente durante un discurso. También recogieron un pliego de condiciones para retomar conversaciones con el Gobierno, aunque no se difundieron detalles sobre su contenido.
Fuente: Infobae
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