El Gobierno venezolano promete nuevas excarcelaciones, pero las ONG advierten que cada anuncio aumenta la presión sobre detenidos y familias.
Más de 500 personas detenidas por motivos políticos podrían salir de las cárceles venezolanas en cuestión de horas, según el anuncio realizado por Delcy Rodríguez durante un acto transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión. La presidenta encargada de Venezuela dijo que el número de liberaciones superará el compromiso inicial informado por el Parlamento. El anuncio llega en un país atravesado por reclamos de familiares, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales que siguen con cautela cada promesa oficial.
Rodríguez afirmó que el proceso de excarcelaciones tendrá un alcance mayor al previsto en un primer momento. Durante su discurso, sostuvo: “El presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”. Luego reforzó esa previsión al señalar: “Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas”.
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La medida se diferencia de las liberaciones impulsadas después de la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Según explicó la mandataria, el nuevo grupo de beneficiarios corresponde a casos que no estaban contemplados por esa legislación. Por eso, el Gobierno venezolano recurrió a otros mecanismos oficiales para revisar expedientes y avanzar con nuevas salidas de prisión.
Los canales mencionados fueron la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Rodríguez sostuvo que bajo esos esquemas se realizaron consultas previas con universidades y organizaciones no gubernamentales, aunque no precisó los nombres de esas instituciones. También indicó que por esas vías ya se concretaron 395 liberaciones previas, dato que el oficialismo presentó como parte de un proceso más amplio.
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El anuncio reunió a figuras centrales del andamiaje institucional venezolano. Participaron Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento; Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia; Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Larry Devoe, fiscal general; Eglée González Lobato, defensora del pueblo; y Jorge Arreaza, diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía. Esa presencia buscó mostrar una decisión coordinada entre áreas políticas, judiciales y de control estatal.
La expectativa de las familias convive con una fuerte desconfianza acumulada. Millares de personas fueron arrestadas en Venezuela durante protestas antigubernamentales o mediante operativos realizados en viviendas y lugares de trabajo. Muchas de esas detenciones quedaron vinculadas a acusaciones de terrorismo o conspiración, una calificación que las organizaciones civiles cuestionan desde hace años.
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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió prudencia frente al impacto emocional de los anuncios públicos. En un mensaje difundido en la red social X, la organización advirtió: “Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana”. La advertencia coloca el foco no solo en la cantidad prometida, sino en la necesidad de que las excarcelaciones se concreten efectivamente.
El relevamiento independiente de presos políticos mantiene una cifra sensible antes de que se materialice la nueva tanda de liberaciones. La organización Foro Penal estima que, antes del anuncio de Rodríguez, había más de 450 personas privadas de su libertad por razones políticas en centros de detención venezolanos. Ese registro vuelve decisivo el alcance real de las excarcelaciones prometidas, porque podría modificar de manera sustancial la situación carcelaria informada por las ONG.
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El proceso también ocurre bajo presión internacional y en un escenario político inestable. Rodríguez gobierna desde enero, después del derrocamiento de Nicolás Maduro mediante una incursión estadounidense, según el texto difundido por la agencia. Desde entonces, su administración intenta mostrar señales de apertura institucional mientras recibe reclamos de Washington y de organizaciones de derechos humanos por la situación de los detenidos.
El punto crítico estará en verificar cuántas personas salen efectivamente, bajo qué condiciones jurídicas y si las medidas implican libertad plena o restricciones posteriores. Las organizaciones internacionales toman el anuncio con cautela porque otros procesos de excarcelación fueron seguidos por nuevas denuncias sobre detenciones arbitrarias. La promesa oficial deja abierta una consecuencia inmediata: las familias esperan nombres, fechas y condiciones concretas, no solo una cifra anunciada por televisión.
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