La entidad respaldó la quita gradual de retenciones, pero puso el foco en la presión fiscal local que encarece producción, empleo e inserción internacional.
La baja de retenciones industriales dejó un segundo reclamo sobre la mesa: la presión tributaria que sostienen provincias y municipios sobre las empresas. La Unión Industrial Argentina respaldó la decisión del Gobierno nacional, pero pidió que el alivio no quede limitado a los Derechos de Exportación. Para la entidad, la competitividad exportadora también depende de los costos que se acumulan en cada jurisdicción.
El planteo apareció después del anuncio oficial que incluyó a sectores como la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias. El presidente Javier Milei confirmó la reducción durante su exposición en la Bolsa de Cereales, dentro de un paquete que también alcanzó a distintos granos. La medida, según el esquema informado luego por el ministro Luis Caputo, se aplicará de manera gradual y prefijada.
OTRAS NOTICIAS:
La UIA presentó la decisión como un alivio para las empresas que venden al exterior. En su comunicado, sostuvo que la baja “va en el sentido correcto”, porque “contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”. La lectura empresaria combinó respaldo político con una advertencia económica sobre los costos que siguen fuera del alcance de la medida nacional.
El esquema previsto para el sector comenzará en julio y se extenderá hasta junio de 2027. La reducción será de 0,375% mensual, hasta eliminar de manera definitiva las retenciones el año próximo. El costo fiscal informado será de US$25 millones en 2026 y US$115 millones en 2027, de acuerdo con los datos incluidos en el texto fuente.
OTRAS NOTICIAS:
El reclamo industrial no nació solo a partir del anuncio público. La entidad recordó que la eliminación de los Derechos de Exportación fue uno de los pedidos que llevó al encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda. Esa reunión, realizada el martes anterior al comunicado, funcionó como antecedente directo de una agenda que la UIA busca extender más allá del plano nacional.
La asociación que conduce Martín Rappallini puso el foco en el peso tributario que soporta la actividad industrial. Según el comunicado, el sector aporta en promedio el 26,6% del total de los principales impuestos del país. Con ese dato, la entidad intentó justificar por qué considera que cualquier reducción de cargas resulta central para sostener empleo, inversión y exportaciones con valor agregado.
OTRAS NOTICIAS:
El documento también definió la baja como “una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado”. La frase ubicó el anuncio dentro de una disputa más amplia por las condiciones de producción local frente a mercados internacionales. En esa lectura, vender al exterior no depende solo del tipo de cambio o de la demanda global, sino también del costo interno que enfrentan las empresas.
El punto más sensible del comunicado apareció cuando la UIA trasladó la discusión a gobernaciones e intendencias. La entidad afirmó que “la competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado”. También sostuvo que, así como Nación reduce impuestos distorsivos sobre producción y exportaciones, provincias y municipios deben revisar las cargas que afectan a las empresas en cada territorio.
OTRAS NOTICIAS:
La aclaración del ministro Caputo buscó despejar una duda que surgió después del anuncio presidencial. Milei había señalado que la reducción estaría anclada al nivel de recaudación del Estado. Luego, el ministro de Economía precisó que el recorte se aplicará con una trayectoria gradual y predeterminada, sin quedar sujeto a un resultado recaudatorio posterior.
La UIA cerró su postura con una señal de continuidad hacia todos los niveles de gobierno. En el comunicado, afirmó: “Desde la UIA continuaremos trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”. El límite pendiente de la medida quedará en la respuesta de provincias y municipios, donde las empresas aseguran que todavía pesa una parte decisiva del costo fiscal.
Fuente: N A
Te puede interesar
