No hay Paz: La capital boliviana quedó entre gases, bloqueos y presión por el estado de sitio
Actualidad25/05/2026
REDACCIÓNCampesinos, mineros y obreros chocaron con la Policía en el centro paceño, mientras el Gobierno busca herramientas para despejar rutas y frenar la crisis.
La crisis política y social en Bolivia volvió a escalar con violentos enfrentamientos en el centro de La Paz. Manifestantes de sectores campesinos, mineros y obreros marcharon contra el Gobierno y reclamaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La protesta derivó en choques con la Policía en inmediaciones de la calle Ayacucho, la avenida Camacho y el Prado.
Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, bombas de estruendo, vehículos blindados e hidrantes. Del otro lado, distintos grupos respondieron con piedras, proyectiles lanzados con gomeras y barricadas para frenar el avance policial. La tensión se mantuvo durante varias horas y dejó un clima de fuerte inestabilidad en la capital boliviana.
Uno de los puntos de mayor tensión se registró cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo y el Palacio Quemado, dos espacios centrales del poder político en Bolivia. El operativo policial buscó impedir que la protesta llegara a esos sectores. En medio de los incidentes, también se reportaron trabajadores de prensa heridos por impactos de piedras mientras realizaban la cobertura.
El conflicto no se limita a una jornada de protestas aisladas. Bolivia atraviesa desde hace semanas una crisis marcada por cortes, bloqueos y dificultades para garantizar la circulación de alimentos y combustible. En La Paz, el desabastecimiento ya se convirtió en una de las consecuencias más visibles del conflicto. Las demoras para cargar nafta y el ingreso irregular de productos básicos profundizaron el malestar social.
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Los bloqueos instalados por los manifestantes también hicieron fracasar los corredores humanitarios previstos para asegurar el ingreso de alimentos y otros insumos. La resistencia a liberar rutas mantuvo bajo presión a la capital y a otras zonas del país. En los últimos días, la presencia de efectivos fuertemente armados permitió habilitar algunos corredores, aunque la normalización todavía está lejos.
En paralelo, el Senado boliviano analiza una modificación de la ley de estado de excepción. El objetivo es habilitar al Gobierno a declarar el estado de sitio sin necesidad de autorización parlamentaria. La medida ya generó nuevas tensiones políticas, porque ampliaría el margen de acción del Ejecutivo para intervenir en calles y rutas bloqueadas desde hace semanas.
Paz Pereira defendió la posibilidad de utilizar herramientas extraordinarias para desactivar el conflicto. El mandatario afirmó que avanzará con “todas las opciones disponibles dentro de los límites de la Constitución”. También sostuvo que “El Estado de excepción podrá ayudar a restaurar la concordia en Bolivia”, en medio de una discusión legislativa que puede modificar la capacidad de respuesta del Gobierno.
La iniciativa busca restablecer una herramienta que había sido prohibida durante los gobiernos del MAS, encabezados por Evo Morales y Luis Arce. El Senado ya aprobó la derogación de esa restricción y envió el proyecto a la Cámara de Diputados. Si prospera, el Ejecutivo podrá ampliar los operativos de seguridad para despejar rutas, calles y accesos estratégicos.
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La tensión ya venía en aumento desde los días previos, con incidentes registrados en El Alto. Allí, grupos de manifestantes afectaron instalaciones vinculadas al Ministerio de Obras Públicas. Ese antecedente anticipó la intensidad de los choques que luego se trasladaron al centro político de La Paz.
El impacto económico del conflicto también empezó a sentirse en Santa Cruz de la Sierra, uno de los principales centros productivos del país. Después de un mes de protestas y cortes, la ciudad comenzó a registrar dificultades en sus accesos y problemas en el abastecimiento de mercaderías. La crisis, que primero golpeó con fuerza a la capital, ahora muestra señales de expansión hacia otras zonas relevantes de Bolivia.
El Gobierno intenta recuperar el control de la circulación sin agravar la confrontación social. Los manifestantes, en cambio, sostienen los bloqueos y mantienen el reclamo político contra Paz Pereira. En ese cruce, Bolivia atraviesa una de sus semanas más tensas, con una capital marcada por gases, barricadas, heridos, rutas cortadas y una discusión institucional sobre el estado de sitio.
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