UOCRA denunció en Diputados la pérdida de 91.000 empleos en la construcción
Política27/05/2026
REDACCIÓNEl gremio expuso un fuerte deterioro del sector desde diciembre de 2023 y reclamó políticas de vivienda, financiamiento y formación laboral.
La Unión Obrera de la Construcción llevó al Congreso un diagnóstico crítico sobre la situación del sector desde la asunción de Javier Milei. Durante una exposición en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, dirigentes gremiales denunciaron que la actividad perdió 91.000 puestos formales de trabajo desde diciembre de 2023. El dato volvió a poner en el centro del debate el impacto de la caída de la obra pública, la falta de financiamiento y el freno en la construcción de viviendas.
La presentación se realizó en una reunión encabezada por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se analizó el panorama de la construcción, la inversión pública, la vivienda social y el programa PRO.CRE.AR. Allí, representantes sindicales, funcionarios provinciales y referentes del sector trazaron un escenario marcado por el retroceso del empleo y la dificultad creciente para acceder a una vivienda.
El director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, fue uno de los principales expositores. Según explicó, una parte importante de los puestos perdidos estaba vinculada directamente con obras habitacionales. “Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales”, afirmó.
El planteo del gremio apuntó a mostrar que la crisis del sector no solo impacta en las empresas constructoras, sino también en miles de trabajadores especializados. La construcción de viviendas sociales suele requerir una alta cantidad de mano de obra directa, por lo que su paralización o demora golpea con rapidez sobre el empleo formal. En ese marco, UOCRA pidió contar con información precisa sobre el estado real de los proyectos habitacionales en el país.
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Gándara reclamó “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina” y advirtió que la falta de información dificulta diseñar respuestas efectivas. También pidió avanzar en criterios comunes para reducir obstáculos administrativos. En ese sentido, señaló la necesidad de “generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda”.
El dirigente también puso el foco en la capacitación laboral. Alertó que existe “una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”. La advertencia apunta a un problema de fondo: en un mercado en transformación, la pérdida de empleo puede profundizarse si no existen programas que permitan actualizar oficios, incorporar nuevas técnicas constructivas y sostener la empleabilidad de quienes quedaron fuera de la actividad.
La mirada empresaria también mostró preocupación. El titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, Iván Szczech, advirtió que el costo en dólares del metro cuadrado, la falta de crédito y la ausencia de financiamiento limitan el desarrollo privado. “Hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos”, sostuvo. Luego agregó que, más allá de los gobiernos, existe un deber común: “trabajar para que deje de ser así”.
Desde las provincias, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, pidió avanzar hacia una ley nacional de vivienda. Consideró fundamental coordinar a provincias, municipios, sistema financiero y sector inmobiliario para reducir el déficit habitacional. Su planteo apuntó a acortar plazos y construir una estrategia sostenida que permita resolver un problema estructural en menos tiempo.
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La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó la idea de que el mercado pueda reemplazar automáticamente el rol estatal en materia habitacional. “Cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”, señaló. La funcionaria remarcó que la vivienda requiere políticas activas y coordinación pública.
El debate dejó expuesta una tensión central: la construcción necesita inversión, crédito, planificación y reglas claras, pero también políticas sociales que permitan sostener el acceso a la vivienda. Para UOCRA, la pérdida de empleo formal refleja una crisis que excede lo laboral y alcanza al modelo de desarrollo urbano. En ese contexto, el gremio pidió reconstruir una agenda que combine obra pública, vivienda social, formación profesional y financiamiento.
La discusión en Diputados abrió un nuevo capítulo sobre el impacto de las decisiones económicas en uno de los sectores más sensibles para el empleo. La construcción suele funcionar como termómetro de la actividad y como motor de trabajo intensivo. Con 91.000 puestos perdidos, el reclamo sindical busca instalar la urgencia de una respuesta antes de que la caída se transforme en una dificultad más profunda para trabajadores, empresas y familias sin acceso a vivienda.
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