Mendoza vuelve a la minería metalífera con un proyecto de cobre de 613 millones de dólares
Actualidad28/05/2026
REDACCIÓNEl Ministerio de Economía aprobó los beneficios cambiarios y aduaneros para la mina de Uspallata, que deberá iniciar sus obras civiles a mediados de 2027.
El cronograma de plazos para reactivar la minería metalífera a gran escala en territorio cuyano ya cuenta con fechas perentorias e incentivos financieros en marcha. El Poder Ejecutivo Nacional convalidó las ventajas arancelarias para el emprendimiento PSJ Cobre Mendocino en la localidad de Uspallata. La firma de la resolución oficial pone en funcionamiento un reloj administrativo riguroso que obliga a la empresa controlante a iniciar las obras de infraestructura pesada antes del cierre del primer semestre del próximo año.
La planificación técnica presentada por Minera San Jorge SA contempla el inicio de las tareas de construcción civil para junio de 2027. Las proyecciones de la firma privada estiman que la extracción comercial y el procesamiento de los minerales sulfurados comenzarán formalmente en enero de 2029. La explotación se concentrará en obtener concentrado de cobre mediante un sistema de mina a cielo abierto que tendrá capacidad para procesar unas 10 millones de toneladas anuales de roca mineralizada, recuperando además oro como subproducto secundario.
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La luz verde para el desembolso de US$ 613,4 millones quedó plasmada con la rúbrica del ministro Luis Caputo en la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía de la Nación. El dictamen oficial encuadró la actividad dentro de los minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación. La normativa de la cartera económica excluyó expresamente de estos beneficios fiscales a los yacimientos de potasio y de litio, concentrando las ventajas arancelarias en el potencial exportador del metal rojo.
El ingreso formal al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fija condicionamientos severos que funcionan como una aduana técnica para la permanencia en el sistema. La autoridad de aplicación tomó como fecha de inicio de la adhesión el 13 de mayo de 2026. A partir de ese hito contractual, la operadora privada tendrá la obligación ineludible de acreditar, durante sus primeros veinticuatro meses, inversiones reales que representen el 40% del monto mínimo total que exige la ley del RIGI.
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Las facilidades económicas otorgadas por el Gobierno Nacional impactarán de inmediato en los costos logísticos de la etapa de equipamiento minero. El palacio de Hacienda aprobó un listado específico de bienes de capital que podrán ingresar al territorio nacional bajo el amparo de una franquicia aduanera especial. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina recibió la instrucción de aplicar los mecanismos cambiarios diferenciales diseñados para resguardar la previsibilidad financiera de los inversores extranjeros.
La viabilidad institucional del proyecto en el departamento de Las Heras necesitó el aval previo de dependencias estatales muy específicas. El expediente final sumó los dictámenes favorables de la Secretaría de Minería y la aprobación definitiva del Comité Evaluador de Proyectos RIGI. Estas firmas técnicas aceleraron la decisión política de posicionar a la Argentina como un actor competitivo en el mercado del cobre, un insumo demandado para la infraestructura energética y la electrificación industrial.
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La radicación de una mina de esta envergadura reaviva de inmediato las históricas discusiones territoriales que caracterizan a la sociedad de Mendoza. Las tensiones comunitarias por el cuidado del agua, el impacto ambiental y el uso del suelo cordillerano mantienen divididos a los sectores políticos locales desde hace décadas. El marco de beneficios nacionales otorga un paraguas de estabilidad tributaria para la empresa, pero no disuelve las complejidades vecinales y regulatorias que la minería metalífera debe sortear en la cordillera.
El proceso de transformación del desierto andino demandará una fiscalización rigurosa sobre cada etapa de compras y contratos de servicios locales. Los analistas del sector advierten que la viabilidad real del yacimiento San Jorge se juzgará por los hechos concretos e infraestructuras visibles más que por las declaraciones plasmadas en el Boletín Oficial. La consecuencia directa de la resolución es que "el RIGI le dio al cobre de Uspallata una puerta de entrada al régimen nacional, pero la viabilidad concreta se medirá cuando la empresa empiece a convertir los compromisos declarados en ejecución real sobre el terreno".
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La fiscalización minera que debe instrumentar la provincia cuyana abrirá un período de fuerte escrutinio técnico sobre el suelo lasherino. Las mesas de control ambiental y los despachos oficiales de la capital mendocina tendrán la tarea de auditar la planta concentradora y sus piletas de flotación convencional. El verdadero límite de esta mega inversión no se definirá en las oficinas porteñas, sino en la capacidad fáctica de la compañía para edificar la mina sin vulnerar las estrictas leyes ambientales de la provincia.
Fuente: NA.
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