Tenía una panadería con 20 empleados en una casa del IPV y no pagaba las cuotas

El organismo provincial constató que el adjudicatario del inmueble social no pagaba las cuotas, poseía sucursales comerciales y había comprado otra propiedad por fuera del circuito público.

El despliegue de un establecimiento industrial a gran escala dentro de un barrio residencial destinado a la asistencia social expone los abusos contra el patrimonio público de Chubut. Las estructuras diseñadas para mitigar el déficit habitacional terminan transformadas en centros de producción comercial que evaden las normativas básicas de radicación urbana. Este uso ilícito desvirtúa por completo el sentido de los programas habitacionales, convirtiendo un recurso del Estado en una ventaja corporativa desleal.

Las dimensiones de la operatoria comercial detectada por los inspectores habitacionales superan cualquier previsión sobre irregularidades domésticas menores en la costa norte. En una entrevista exclusiva con #LA17, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada, detalló el asombro de los equipos de control al constatar la magnitud de la actividad fabril montada en la propiedad. El funcionario describió en nuestra radio que se trata de "un caso bastante conocido, que realmente es terrible porque la vivienda, bueno, primero no está cancelada, no se han abonado las cuotas, después hacer un emprendimiento comercial de tal magnitud con 20 personas trabajando".

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La impunidad del adjudicatario se agravaba al comprobarse que el volumen de su negocio le permitía expandirse comercialmente en diferentes puntos de la región costera. Las investigaciones complementarias arrojaron que el comerciante utilizaba la propiedad social como planta centralizada de elaboración, mientras acumulaba un patrimonio particular incompatible con los subsidios del IPV. Espada reveló en los micrófonos de #LA17 que el titular del beneficio "tendría otras sucursales al haber comprado otra vivienda, por otro lado, todo mal realmente".

El sostenimiento de un comercio privado bajo el techo de un inmueble que pertenece a la comunidad representa una exacción económica que perjudica directamente a la masa de contribuyentes de la provincia. Las autoridades ministeriales enfatizan que los recursos de todos los ciudadanos no pueden terminar desviados para subsidiar los costos operativos de un empresario particular. El director de la cartera habitacional fue tajante al analizar esta distorsión en nuestra emisora al remarcar que "el Estado provincial o todos los ciudadanos de Chubut no le pueden estar pagando al señor que está usufructuando esa panadería. Esa es la realidad, digamos. Nos está sacando un poquito a todos para hacer su negocio".

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El perjuicio social de esta maniobra golpea de manera directa a los sectores más vulnerables de la población que dependen exclusivamente de la asistencia estatal para acceder a un techo propio. La ocupación comercial de una estructura edilicia congela el circuito de adjudicaciones, estirando los plazos de espera de centenares de personas inscritas formalmente en los registros. "Esa vivienda realmente hace falta para otra familia madrynense, ¿no? Que tenga niños, que necesite su hogar, y no para un emprendimiento comercial", evaluó el titular del IPV a través de #LA17 para marcar el destino prioritario que deben tener los inmuebles.

La falta de compromiso cívico por parte de quienes se benefician con las políticas de urbanización erosiona la confianza comunitaria necesaria para sostener los planes de financiamiento a largo plazo. El organismo provincial busca reinstaurar una conducta de responsabilidad y respeto hacia los contratos de adjudicación que firman las familias al recibir sus viviendas. El funcionario insistió en la necesidad de "generar esa conciencia de que la vivienda es para uso del IPV, son viviendas sociales para uso familiar", descartando cualquier tipo de explotación lucrativa por fuera de la ley.

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La resolución definitiva del caso administrativo avanza de forma acelerada hacia la caducidad del beneficio y el desalojo total de la maquinaria de panificación instalada en las habitaciones. Las directivas de la gobernación exigen la recuperación inmediata de las llaves para proceder a la reparación de las estructuras edilicias alteradas por el uso industrial de los hornos y las amasadoras. La firmeza en la aplicación de las sanciones busca desalentar conductas similares en otros complejos habitacionales financiados con fondos del erario público.