Vendían datos robados de Mi Argentina y el PAMI por Telegram: hubo allanamientos en once provincias
Policiales29/05/2026
REDACCIÓNLa Policía Federal incautó el soporte informático con el que comercializaban padrones del RENAPER y antecedentes penales. Usaban criptomonedas.
Los peritos tecnológicos de la Policía Federal Argentina iniciaron la extracción forense de gigabytes de información sensible contenidos en discos de estado sólido y computadoras secuestradas en todo el país. El procesamiento de estos soportes magnéticos busca determinar el alcance real de la filtración que dejó expuesta la intimidad de millones de ciudadanos. Los equipos de tecnologías forenses aplican protocolos estrictos para que la evidencia digital no pierda validez de cara a las próximas instancias de la causa penal.
El origen de este despliegue se remonta a los rastreos informáticos que cruzaron fronteras criminales en octubre de 2025. El Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado detectó patrones de conexión que vinculaban a los sospechosos locales con una organización transnacional de ciberdelincuentes conocida como “Dictadores”. Aquella primera intervención aportó las direcciones IP primarias que sirvieron de guía para desenterrar una red que operaba con total impunidad en entornos virtuales.
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La monetización del negocio ilegal combinaba el uso de tecnologías de vanguardia con métodos tradicionales de ocultamiento financiero. Los líderes de la banda descentralizaban las ganancias obtenidas mediante plataformas de criptoactivos y transferencias inmediatas hacia billeteras virtuales de terceros. La estructura criminal reclutaba personas que cumplían funciones de “mulas digitales” con el único propósito de fragmentar los montos de dinero y borrar la trazabilidad del circuito económico delictivo.
La comercialización de la mercadería robada adoptó un formato de servicios automatizados contratados directamente dentro de canales cerrados de Telegram. Los delincuentes programaron herramientas informáticas específicas para facilitar la búsqueda de historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y padrones vehiculares de la DNRPA. Mediante la venta de estos bots personalizados, la banda transformó un lote estático de datos vulnerados en una plataforma dinámica para alimentar extorsiones y fraudes financieros a gran escala.
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Un ejército de 128 efectivos federales y 20 móviles rompió la calma simultáneamente en de once domicilios distribuidos en seis provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los allanamientos alcanzaron puntos geográficos lejanos como Jovita en Córdoba, Villa Berthet en Chaco, Paraná, San Juan, La Rioja y diversas localidades bonaerenses como Moreno, Alejandro Korn y José C. Paz. Durante la irrupción táctica, los uniformados desplegaron un equipo V.A.N.T. de Automotores para vigilar desde el aire los perímetros y evitar la destrucción física de discos rígidos y anotaciones de contraseñas.
Los accesos ilegales comprometieron de manera directa la seguridad informática de plataformas críticas como Mi Argentina, los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los perfiles prestacionales del PAMI. El ingreso de antecedentes penales y datos de salud en este circuito clandestino eleva el riesgo de suplantación de identidad para los usuarios damnificados. La oferta constante de esta información demuestra que la “venta” de credenciales digitales se convirtió en el principal insumo para la ejecución de estafas bancarias complejas.
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La recolección de indicios técnicos comenzó formalmente bajo la dirección de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, conducida por Ramiro González. Los sabuesos informáticos dedicaron meses de tareas de inteligencia encubierta para consolidar las sospechas y cruzar las identidades reales con los alias utilizados en el anonimato de la web. Este seguimiento paciente de los flujos de dinero permitió individualizar las responsabilidades penales de cada nodo operativo antes de solicitar las órdenes de captura correspondientes.
El inventario final de los elementos incautados por el personal policial incluye 14 teléfonos celulares, tres notebooks, seis computadoras, una tablet y diversos dispositivos de conectividad domiciliaria como módems y routers. Los agentes también incautaron cuadernos con anotaciones manuscritas, tarjetas de débito y un lector point de Mercado Pago que servía para el cobro presencial de ciertos servicios informáticos. Cada uno de estos objetos quedó preservado bajo las normas del “protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital” dispuesto por el Ministerio de Seguridad.
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El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del magistrado Sebastián Roberto Ramos, dictó la detención de siete personas que conformaban el núcleo duro de la organización. Entre los implicados que quedaron a disposición de las autoridades judiciales se encuentra un menor de 15 años, un dato que expone la participación de adolescentes en delitos tecnológicos de alta complejidad. El magistrado ordenó el inicio del peritaje informático definitivo sobre las memorias extraídas, abriendo una etapa procesal clave que determinará si existen más ramificaciones o terminales estatales involucradas en el robo de datos.
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