El armado de una ley propia busca quitarle a la Justicia Federal el control de los kioscos de droga. Analizan el reparto de fondos y la infraestructura local.
Los magistrados ordinarios de la provincia asumirán de forma directa la instrucción penal de los delitos vinculados al comercio minorista de estupefacientes. Esta mutación estructural desvinculará a los juzgados federales de las investigaciones sobre comercialización barrial para volcar toda la carga operativa en los fiscales locales. El rediseño de las competencias delictivas regionales persigue una respuesta estatal mucho más veloz frente a la proliferación de búnkeres en los centros urbanos.
Un decreto firmado por el gobernador Ignacio Torres destrabó el inicio de los debates técnicos al ordenar la creación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional. Los delegados de los tres estamentos del Estado se congregaron en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, ubicada en la ciudad de Rawson. Este cuerpo colegiado asumió la responsabilidad política de redactar el borrador normativo que regulará la transición jurisdiccional sin generar baches legales en los procesos en curso.
OTRAS NOTICIAS:
La ingeniería jurídica local utiliza como plataforma fundamental las facultades delegadas por las normativas nacionales 23.737 y 26.052. Estas cláusulas de desfederalización facultan a los distritos del interior a tomar las riendas de la persecución penal en los eslabones inferiores de la cadena delictiva. La Justicia Federal retendrá de manera exclusiva el control operativo sobre el contrabando internacional y las organizaciones criminales de gran volumen y complejidad.
La discusión en los despachos chubutenses coincide temporalmente con un movimiento de articulación federal que impulsa el gobierno nacional. El Ministerio de Justicia de la Nación inauguró esta misma semana la Mesa Interjurisdiccional del PRONADEM, un ámbito diseñado para coordinar las políticas contra el microtráfico en todo el país. Los enviados de la provincia asistieron a este cónclave nacional donde se planteó de manera abierta la necesidad de una cooperación técnica estrecha entre los fueros provinciales y los tribunales nacionales.
OTRAS NOTICIAS:
El cónclave en la capital provincial reunió en torno a una misma mesa al procurador general Jorge Miquelarena y al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. La cúpula judicial sumó los aportes analíticos del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, junto al defensor público Juan Francisco y al jefe policial Andrés García. La representación legislativa quedó bajo la tutela de la diputada Sandra Willatowski, en tanto que el asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva, coordinó el resguardo constitucional de las propuestas.
La fragmentación de los expedientes complejos asoma como uno de los principales temores operativos que manifiestan los investigadores de las fuerzas de seguridad. La futura reglamentación de la ley debe fijar pautas extremadamente minuciosas para evitar que una redada menor en un barrio rompa el hilo conductor de una pesquisa sobre bandas transnacionales. Los fiscales locales necesitarán sostener un canal de información permanente con sus pares nacionales para coordinar de forma ordenada el cruce de datos sensibles.
OTRAS NOTICIAS:
El diseño del proyecto normativo abarcará una mirada integral que excede el mero castigo punitivo del eslabón comercial menor. Las comisiones técnicas debaten la incorporación de mecanismos que coordinen la persecución penal de los traficantes con políticas públicas de contención de las adicciones. Esta visión dual reconoce que el tratamiento sanitario de la demanda resulta tan indispensable como el desmantelamiento físico de los puntos de venta minorista.
La absorción de semejante caudal de causas contravencionales demandará de manera perentoria un incremento sustancial en la estructura de los juzgados preparados para esta tarea. El Estado provincial tendrá que proveer tecnología de punta, laboratorios de análisis rápido y equipos de investigadores entrenados en inteligencia criminal. La policía provincial asumirá tareas operativas específicas que antes recaían exclusivamente en las fuerzas federales radicadas en la región.
OTRAS NOTICIAS:
Las reuniones técnicas continuarán durante las próximas semanas en Rawson para definir el financiamiento real de este monumental traspaso de competencias. El éxito de la reforma penal dependerá exclusivamente de la asignación presupuestaria genuina y de la capacidad de los organismos para evitar una improvisación operativa. La provincia se encamina hacia un cambio estructural profundo cuyo resultado final permanece atado a la letra chica de los recursos económicos disponibles.
ChubutHéctor IturriozIgnacio TorresJorgue MiquelarenaJusticia FederalLey de DesfederalizaciónmicrotráficonarcomenudeoRawsonseguridad
Te puede interesar
Lo que empezó con una visita en la cárcel terminó con la destitución de una jueza
Sergio Bustos
Chubut07/06/2026
