Abogados usaron el fantasma del corralito para sacarle una fortuna a una víctima de abuso
Policiales30/05/2026
REDACCIÓNInvestigan a dos letrados tucumanos por colocar la millonaria reparación de una joven en un circuito informal de préstamos. Allanaron sus oficinas.
Un entramado de préstamos clandestinos en Santiago del Estero y el fantasma de una crisis bancaria sepultaron el dinero destinado a la reparación de una joven ultrajada. Dos profesionales del derecho utilizaron supuestos argumentos de inseguridad residencial para convencer a su clienta de retirar el efectivo del sistema financiero formal. Los investigadores judiciales detectaron que los sospechosos colocaron esos recursos en operaciones informales que prometían un rendimiento mensual del 2,5% sin ningún tipo de respaldo legal escrito.
Efectivos de las brigadas de investigaciones irrumpieron de forma simultánea en las oficinas del bufete y en las residencias particulares de los sospechosos tucumanos. Las dotaciones policiales retiraron del lugar computadoras de última generación, soportes de almacenamiento digital y carpetas con documentación contable sensible para reconstruir el flujo de las transacciones espurias. El juzgado de garantías interviniente dispuso además el secuestro inmediato de los teléfonos teléfonos de los imputados para someterlos a urgentes peritajes de extracción de datos.
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El capital bajo litigio provenía de una indemnización integral pactada en una causa previa, donde se entregó una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2023 tasada en unos cincuenta millones de pesos. Los abogados denunciados coordinaron la venta veloz de ese vehículo a finales de 2025 por un monto de 33,5 millones de pesos a una persona allegada a su propio entorno de negocios. Esta drástica reducción del valor real de mercado constituyó la primera señal de alerta para la auditoría contable que hoy comanda los rastreos financieros.
La víctima, que actualmente cuenta con 21 años de edad, relató ante la fiscalía que el desapoderamiento material se ejecutó en un escenario de extrema vulnerabilidad emocional. Los letrados le exigieron la entrega física de los fajos de billetes bajo la excusa de protegerla frente a contingencias económicas institucionales ficticias. La maniobra orquestada le quitó por completo el control sobre su propio patrimonio, dejándola en una situación de absoluta dependencia psicológica respecto de sus asesores legales.
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Los profesionales cuestionados pretendieron justificar la retención del dinero mediante la supuesta redacción y presentación de más de 100 escritos judiciales en los tribunales locales. Sin embargo, la presentación judicial revela la inexistencia de contratos de cuotalitis homologados, convenios de honorarios firmados o rendiciones de cuentas formales obligatorias. La joven damnificada impugnó penalmente estos cobros desproporcionados, acusando un esquema encubierto de administración fraudulenta agravada sobre bienes ajenos.
La trascendencia pública del caso escaló de manera inmediata debido al alto perfil de uno de los letrados acusados en los tribunales de la región. El principal imputado ejerce actualmente como querellante en una resonante megacausa por estafa piramidal con criptomonedas que conmueve a las provincias del noroeste. Las planillas judiciales de Catamarca registran asimismo antecedentes delictivos previos asociados al mismo profesional dentro del fuero federal, lo que complica su estrategia de defensa corporativa.
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El fiscal provincial analiza girar una parte sustancial del voluminoso expediente hacia las dependencias de la justicia federal por delitos económicos mayores. La colocación habitual de fondos ajenos en fideicomisos informales sin supervisión estatal encuadra perfectamente en la figura de intermediación financiera no autorizada. Las leyes nacionales vigentes castigan con severidad las operaciones de captación y préstamo ejecutadas al margen de las regulaciones estrictas del Banco Central de la República Argentina.
La instrucción del expediente se concentra actualmente bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4, conducida por el doctor Carlos Saltor. La oficina judicial dispuso medidas de restricción ambulatoria y resguardo físico permanente para la denunciante y su entorno familiar directo ante el riesgo latente de sufrir represalias. La identidad de la joven permanece bajo estricto secreto de sumario para evitar que el debate público profundice el trauma derivado del abuso original.
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Los abogados sospechosos rompieron el silencio ante los cronistas locales de Tucumán para rechazar los cargos y atribuir el conflicto a motivaciones ajenas al pleito. La resolución del caso dependerá enteramente de la decodificación de las conversaciones telefónicas secuestradas y del rastreo de las cuentas bancarias de los testaferros santiagueños. La consecuencia pendiente radica en delimitar si la corporación judicial tucumana convalidará una simple disputa por honorarios profesionales o si castigará un mecanismo criminal de despojo patrimonial y vulneración de derechos.
Fuente: NA.
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