Policías de Santa Cruz evalúan volver al trabajo, pero sostienen las carpas

Los autoconvocados recibieron garantías verbales contra sanciones y descuentos, aunque mantienen la protesta hasta obtener definiciones administrativas.

Las carpas frente a la Jefatura de Policía y la Casa de Gobierno seguirían instaladas aun si parte de los efectivos autoconvocados decide regresar al servicio. Esa convivencia entre protesta y actividad resume el punto en el que quedó el conflicto: existe un entendimiento verbal con el Ejecutivo, pero todavía faltan garantías que los representantes consideran indispensables. La posibilidad de retomar tareas aparece, por ahora, como una señal de buena voluntad y no como el final del reclamo.

La principal definición surgida de la reunión fue el compromiso oficial de evitar descuentos salariales, sanciones y acciones persecutorias contra quienes participaron de las medidas de fuerza. Los voceros valoraron esa postura, aunque reclamaron que la protección alcance a todo el personal involucrado y tenga respaldo administrativo. “Hablamos que no haya descuentos ni sanciones para ningún efectivo de la Policía de Santa Cruz. El Gobierno asegura que no va a pasar nada, que no va a haber descuento de dinero ni ningún tipo de persecución”, expresaron.

El encuentro reunió a representantes de los autoconvocados de la Zona Norte con el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el jefe de Policía, comisario Diego Agüero. La conversación permitió mantener abierto el canal entre las partes y produjo un acercamiento limitado. Los propios efectivos evitaron presentar el resultado como una solución definitiva: “Hay un principio de acuerdo, no está definido nada”, afirmaron durante una conferencia de prensa.

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La discusión sobre una amnistía administrativa ocupa un lugar distinto al compromiso de no aplicar represalias. Los policías sostienen que esa medida debe abarcar formalmente a quienes adhirieron a la protesta y remarcan que su aprobación depende del gobernador Claudio Vidal. La promesa verbal del área de Seguridad reduce el riesgo inmediato, pero no reemplaza la decisión política que reclaman para cerrar ese capítulo.

El aumento salarial dispuesto por el Gobierno ya quedó convertido en decreto y, de acuerdo con lo transmitido en la reunión, no admite nuevas modificaciones dentro de ese instrumento. Los autoconvocados señalaron que dejaron de esperar cambios escritos sobre esa resolución porque el propio ministro explicó que el proceso normativo estaba concluido. “No estamos esperando nada firmado porque el ministro llegó a la reunión y dijo que ya no se podía modificar porque estaba transformada en decreto; por ende, tampoco queremos nada firmado”, indicaron.

Esa posición no elimina el pedido de documentación sobre otros puntos del conflicto. Los representantes distinguen entre el incremento ya decretado y las garantías contra sanciones, descuentos o consecuencias administrativas. La continuidad de las carpas responde precisamente a esa diferencia: la cuestión salarial inmediata quedó cerrada por el Ejecutivo, pero la situación del personal que protestó permanece pendiente.

La reunión tampoco funcionó como una mesa de negociación salarial. Desde el Gobierno comunicaron que la paritaria está cerrada y que recién volvería a abrirse en octubre, lo que posterga cualquier discusión formal sobre nuevos porcentajes. Los efectivos mantienen, además, el reclamo para que los futuros aumentos se incorporen al sueldo básico y no se liquiden mediante sumas no remunerativas.

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La forma de liquidar los incrementos tiene consecuencias que exceden el monto cobrado en un mes determinado. La incorporación al básico modifica la estructura salarial, mientras que las sumas no remunerativas quedan por fuera de esa composición. Por eso, el planteo permanece activo aunque el decreto vigente ya no se revise y aunque el regreso parcial al trabajo pueda concretarse.

La próxima instancia estará encabezada por representantes de Caleta Olivia, donde los autoconvocados aseguran que más del 90% del personal policial continúa adherido a la medida. Ese nivel de participación en la Zona Norte condiciona cualquier intento de normalización plena y otorga peso a las decisiones que surjan del próximo encuentro. La continuidad del reclamo no depende únicamente de lo conversado con los delegados que participaron de la reunión del viernes.

El canal de diálogo permanece abierto, pero cada parte atribuye un alcance diferente a lo acordado. El Ejecutivo ofreció garantías verbales y dio por cerrada la discusión salarial hasta octubre, mientras los efectivos separan esa definición de la amnistía administrativa y de la composición futura de sus haberes. Un regreso al servicio podría reducir el impacto operativo de la protesta, aunque las carpas y la adhesión en Caleta Olivia muestran que el conflicto conservaría capacidad de presión.