El proyecto “Gemelo Digital Social”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, quedó en el centro de una fuerte controversia política y judicial. El diputado nacional Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo ante la Justicia Federal para exigir explicaciones sobre el uso de datos personales y el funcionamiento del sistema basado en Inteligencia Artificial.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la jueza Natalia Analía Martínez. Rossi pidió que el Gobierno informe con precisión cuál es el marco legal del programa, qué tipo de información utilizará y qué organismos o empresas participan de su desarrollo.
El reclamo apunta especialmente al manejo de datos vinculados a millones de argentinos. El diputado pidió conocer si existen mecanismos de cesión o transferencia de información y si participan compañías privadas o extranjeras en el procesamiento del sistema.
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Según la demanda, distintos conceptos utilizados durante el anuncio oficial despertaron preocupación sobre el verdadero alcance de la herramienta. Entre ellos aparecen expresiones como “integramos información de múltiples fuentes en una base unificada” y “convierte la experiencia social en inteligencia pública”.
Para Rossi, esas definiciones podrían reflejar un esquema de procesamiento masivo de datos sin suficientes garantías públicas sobre controles, límites y supervisión estatal. El legislador sostuvo que el tema representa “una enorme gravedad institucional”.
En ese contexto, advirtió que la innovación tecnológica no puede transformarse en una herramienta de vigilancia o control social. También señaló que cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del Estado debe respetar derechos individuales y garantías constitucionales.
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La acción judicial incorpora además referencias a la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, centrada en los desafíos éticos que plantea la Inteligencia Artificial. Allí se menciona la necesidad de mantener supervisión humana efectiva y responsabilidades claras frente al uso de algoritmos en decisiones sensibles.
Rossi sostiene en su presentación que el proyecto podría entrar en conflicto con la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales y distintos tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina.
Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano salió a defender públicamente la iniciativa. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera conducida por Sandra Pettovello aseguró que el desarrollo se encuentra en una etapa preliminar y que será realizado íntegramente por equipos técnicos propios.
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Desde el Gobierno explicaron que el sistema funcionará como “una representación virtual de un sistema real” para analizar escenarios sociales y mejorar políticas públicas. También remarcaron que tecnologías similares ya son utilizadas por gobiernos, universidades y empresas en distintos países.
Uno de los puntos que el Ministerio buscó aclarar es el tratamiento de la información. Según la versión oficial, “Gemelo Digital Social” trabajará únicamente con datos anonimizados, estadísticas e indicadores agregados, sin utilizar información personal sensible.
La cartera sostuvo además que el objetivo es comprender patrones sociales generales, coordinar políticas públicas y optimizar recursos estatales. Sin embargo, el planteo judicial presentado por Rossi ahora abre una discusión más amplia sobre los límites del uso de inteligencia artificial por parte del Estado.
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