Agostina: "hay más gente implicada” sentenció el abuelo de la menor asesinada

La línea de investigación criminal orientada a esclarecer el femicidio de la adolescente de 14 años incorporó datos técnicos que apuntan a desarticular la teoría de un ataque en solitario.

Los elementos informativos recolectados por los peritos sugieren la presencia de otros eslabones logísticos involucrados en el planeamiento o en la posterior ocultación del hecho en el territorio cordobés. Los gabinetes del Ministerio Público Fiscal analizan el cruce de comunicaciones y testimonios para determinar el grado de participación de una red de encubridores en los cuadrantes de la periferia.

La hipótesis del entramado delictivo compartido recibió la validación de las propias autoridades judiciales encargadas de coordinar los rastrillajes y el procesamiento de las evidencias biológicas. El fiscal del caso, Raúl Garzón, transmitió a los allegados directos de la menor precisiones operativas que confirman que las tareas de campo no concluyen con el arresto del primer sospechoso aislado. Las directivas de la causa prevén la ejecución de nuevas pericias tecnológicas sobre el entorno del detenido para identificar de forma fehaciente las identidades de los presuntos partícipes del sumario.

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La preparación de un dispositivo de contención asistencial especializado ocupa las tareas de los equipos de salud mental dentro del nosocomio donde permanece alojada la madre de la víctima. Las autoridades sanitarias diseñaron un protocolo farmacológico y psicoterapéutico estricto antes de proceder a la notificación formal del desenlace de los peritajes balísticos y forenses a la paciente. Los profesionales médicos del establecimiento coordinaron la administración de sedantes y calmantes específicos durante el turno nocturno para estabilizar las variables clínicas de la mujer previo al ingreso de los familiares directos.

Las agrupaciones vecinales y las organizaciones civiles de la provincia estructuran una agenda de reclamo colectivo que se traducirá en la realización de nuevas convocatorias en la vía pública para impedir el archivo de las actuaciones secundarias. Los allegados a la adolescente ratificaron que sostendrán el esquema de marchas de silencio hasta que la totalidad de los sospechosos queden formalmente procesados y con prisiones preventivas firmes bajo las órbitas de los tribunales competentes. El pedido sectorial apunta a evitar atenuantes procesales y a aplicar las penas máximas de reclusión efectiva contempladas para los delitos de violencia extrema.

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“Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más gente implicada”, aseveró de forma nítida el abuelo de la menor, Miguel, al ratificar la continuidad del plan de lucha pública desde la vereda de su residencia particular en la capital provincial.

La conducción de la familia debió articular una defensa pública frente a las versiones periodísticas y digitales que pretendían vincular de forma falsa a la madre de la adolescente con supuestas complicidades en el sumario penal. Los voceros de la querella aclararon que la mujer no se encuentra bajo condición de imputada ni figura dentro de las líneas de sospecha que auditan las brigadas de investigaciones policiales. La estructura familiar remarcó la falsedad de los trascendidos, catalogándolos como maniobras de desinformación destinadas a desviar la atención sobre las responsabilidades exclusivas del detenido.

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“Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir. Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada. Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira”, diferenció el adulto mayor respecto al estado de las actuaciones en los tribunales del fuero local.

La acusación penal central de la fiscalía se concentra en la responsabilidad material del principal sospechoso arrestado por la división de homicidios, Claudio Barrelier, quien permanece alojado en dependencias penitenciarias a la espera de los plazos técnicos para la formalización del control de detención. Las agrupaciones protectoras exigen que los magistrados apliquen castigos penales plenos que impidan el otorgamiento de beneficios de morigeración o excarcelaciones anticipadas durante el cumplimiento de la condena. “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más”, remarcó el abuelo.

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La contención comunitaria hacia los damnificados sumó el respaldo de asambleas barriales de la provincia y de redes de asistencia que excedieron los límites geográficos del país. Las planillas de adhesión incorporaron mensajes de organizaciones de derechos humanos radicadas en Chile, articulando cadenas de asistencia psicológica para sostener la integridad del núcleo familiar de cara al juicio oral. Los integrantes del hogar manifestaron que intentarán mantenerse firmes para afrontar las exigencias técnicas del expediente, describiéndose bajo una condición de extrema vulnerabilidad pero determinados a enderezar la estructura de la vivienda.