Por qué SENASA y la Justicia frenan el proyecto de carne de burro para producción y consumo en Chubut
Chubut31/05/2026
REDACCIÓNLas autorizaciones sanitarias para avanzar con la faena comercial en el territorio provincial carecen de validación técnica por parte de los organismos reguladores federales.
Los inspectores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se presentaron de forma presencial en los tribunales de Rawson para fijar la postura oficial del ente estatal dentro del legajo penal en curso. Las máximas autoridades de control desconocieron la existencia de avales institucionales que permitieran la matanza o la comercialización de este tipo de animales en el mercado local.
La prohibición regulatoria sobre el procesamiento de la carne de estos ejemplares restringe de forma absoluta cualquier intento de inserción dentro de la cadena alimentaria nacional. Las normativas vigentes en la materia no contemplan la habilitación de establecimientos frigoríficos ni mataderos para procesar estos equinos con fines de abastecimiento de las góndolas domésticas. Los alcances de la legislación impiden de forma tajante que los subproductos derivados de la especie ingresen al circuito de las carnicerías o los centros de distribución urbana del país.
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La acumulación de presentaciones legales sumó volumen a las actuaciones judiciales iniciadas originalmente de oficio a partir de las sospechas por las condiciones del predio productivo. Un total de 20 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de los equinos formalizaron denuncias específicas contra las actividades desarrolladas en el campo del empresario ganadero. En diálogo exclusivo con el programa "La Voz de la Meseta" por #LA17, la fiscal ambiental de Chubut, Florencia Gómez, detalló la situación de la causa que adquirió repercusión nacional.
“Hace más de 15 días que hay más de 20 denuncias que lo denuncian a él por el establecimiento no se decidió por llevar a consumir carne que se incumplió en la normativa nacional”, confirmó la investigadora a nuestra emisora al analizar el volumen de las demandas penales. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal remarcó que las agrupaciones civiles centran sus recursos en impedir de forma permanente cualquier intento de modificación de los estatus de consumo para resguardar las poblaciones ganaderas.
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La estrategia de la defensa privada incluyó la presentación de recursos administrativos para tratar de desplazar a las autoridades a cargo de la recolección de pruebas materiales. El impulsor del emprendimiento, Julio Cittadini, solicitó de manera formal el apartamiento de la funcionaria judicial, acusándola de perder la neutralidad requerida para el ejercicio de la acción penal. La magistrada rechazó las causales invocadas por el productor al sostener que se encuentra actuando bajo los principios básicos de competencia territorial que le asigna la ley orgánica.
“Cittadini salió a decir, a cuestionarme, mejor dicho, nos presentó una supuesta, un pedido de que se me aparte de la investigación cuando no hay ningún elemento objetivo por el cual deba apartarme de la investigación, al contrario, cumpliendo con mi objetividad y cumpliendo con la función que le compete, porque soy la única fiscal ambiental que tuvo su establecimiento, que está dentro de mi jurisdicción es lo que me motiva a seguir investigando”, argumentó Gómez ante los micrófonos de #LA17.
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La persecución del delito ambiental busca medir el daño sobre la sustentabilidad de las majadas y no interferir en las expectativas de rentabilidad comercial lícita que poseen las firmas privadas. Las leyes de exportación autorizan la venta de estos animales hacia el exterior del continente, una operatoria aduanera regular que ya ejecutan otras compañías del sector agropecuario sin objeciones legales. Las restricciones surgen de manera taxativa cuando los proyectos intentan vulnerar los eslabones sanitarios internos para forzar canales de venta locales no autorizados.
“El burro está permitido para la exportación no el consumo interno. Puede tranquilamente con un establecimiento dedicado al burro y venderlo afuera, como lo hacn un montón. Lo que no está permitido es el consumo interno. Supuestamente era una exploración, era algo de prueba, una prueba piloto, y ahí terminaba. Se viola una ley nacional que no habilita ni la faena de este tipo de equinos, ni a ningún matadero lo habilita, y menos el consumo humano”, aclaró la fiscal ambiental en #LA17.
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Las actuaciones preliminares continuarán sumando declaraciones informativas para evaluar si las maniobras en el establecimiento configuraron una infracción penal efectiva contra la fauna regional. La fiscalía ambiental ratificó que el inicio de las actuaciones estuvo motivado de manera exclusiva por el resguardo de las poblaciones de equinos y no por motivaciones de índole comercial. “Fui e inicié la investigación por el impacto a la especie. Ni siquiera lo inicié con una cuestión más atentando contra la comercialización y con su futuro negocio. Hay un montón de testimonios que faltan”, concluyó la funcionaria.
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