Polémica por la carne: "Los permisos son de incumbencia provincial y el burro es igual a una vaca o una oveja"

El debate en torno a las facultades de fiscalización alimentaria abrió un conflicto de competencias que mantiene frenado el desarrollo de alternativas ganaderas en el territorio chubutense.

Los dictámenes técnicos aplicados a los establecimientos de tránsito local corresponden de manera exclusiva a las órbitas ministeriales de la provincia, encargadas de validar las pautas higiénicas y los controles de faena sin requerir la convalidación de los organismos federales. En diálogo exclusivo con el programa "La Voz de la Meseta" por #LA17, el impulsor del proyecto Burros Patagones, Julio Cittadini, defendió la legalidad de los procedimientos ejecutados en el Valle del Chubut.

La defensa del emprendimiento agropecuario se apoya en que la totalidad de las estaciones de matanza operativas en la región se encuentran bajo la tutela directa del Estado provincial. Según el productor, el circuito comercial se estructuró con base en las exigencias impuestas por el Ministerio de la la Producción, entidad que diseñó un protocolo riguroso de prueba piloto antes de emitir las autorizaciones definitivas. “Nosotros hicimos la solicitud habilitación de un matadero para el faenamiento de los burros a nivel provincial como corresponde y para tránsito provincial, entonces eso se define exclusivamente en la provincia”, puntualizó Cittadini en los micrófonos de nuestra emisora.

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La salida al mercado del producto incluyó la fiscalización de las dependencias municipales correspondientes antes de habilitar las instancias de comercialización al público. Las cuadrillas del área de bromatología local supervisaron las tareas desarrolladas en las instalaciones del Frigorífico General San Martín el pasado 28 de julio, liberando posteriormente las partidas de carne para su venta al mostrador y la realización de una degustación gastronómica en la ciudad de Trelew. Para el productor, el cumplimiento estricto de las directivas ministeriales diluye las acusaciones de supuestas infracciones normativas en el manejo de la materia prima.

El marco legal que regula la distribución de cortes cárnicos alternativos cuenta con antecedentes vigentes en distintas jurisdicciones del territorio nacional. Culturas productivas del litoral y del norte argentino sostienen la faena y comercialización de especies como el búfalo, la llama y el guanaco mediante habilitaciones provinciales, a pesar de que ninguno de estos tres productos se encuentra incorporado formalmente en las planillas del Código Alimentario Argentino. “Esas son todas autorizaciones y habilitaciones provinciales. Y además, ninguna de estas tres carnes que te mencioné, ni el búfalo, ni la llama, ni el guanaco, están contempladas en el Código Alimentario Argentino. Y sin embargo, es legal su distribución dentro de cada jurisdicción provincial”, argumentó el entrevistado a #LA17.

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La paralización de los trámites para la obtención de las licencias definitivas obedece, según la firma, a una actitud de cautela excesiva por parte de los funcionarios de la cartera productiva frente a la repercusión en plataformas digitales. La firma promotora del proyecto lamentó que el silencio de las segundas líneas estatales convalide las interpretaciones del fuero ambiental sin aportar las aclaraciones técnicas del caso. “Yo estoy convencido de que hay un temor a lo mediático. Me parece que fundamentalmente pasa por ahí. Pero acá lo que hay que ver es la ley y las reglamentaciones vigentes no lo mediático”, enfatizó el productor.

La paradoja jurídica del expediente radica en el hecho de que el principal impulsor de la actividad económica no ha sido formalmente citado a comparecer ni recibió cédulas informativas sobre las presuntas irregularidades. Las actuaciones de la fiscalía ambiental avanzaron sin otorgar acceso directo a las partes interesadas, congelando los expedientes administrativos que ya contaban con dictámenes favorables tras el éxito de las evaluaciones de campo. “Yo soy el mayor implicado en todo esto, porque soy el impulsor y soy el que llevó adelante todo este tema, y a mí no se me ha notificado de absolutamente nada. Yo no tengo conocimiento oficial del expediente ni de ninguna de las actuaciones que se llevaron a cabo”, denunció Cittadini a #LA17.

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La validez del procesamiento de estos equinos en plantas nacionales se encuentra ratificada por los protocolos de comercio exterior que rigen para las ventas internacionales, una dinámica que expone contradicciones en el criterio de los investigadores judiciales. Los establecimientos integrados al circuito exportador operan con la supervisión del Senasa debido a las exigencias del tráfico federal hacia los puertos de destino. “Ahí está la hipocresía, porque acepta que el burro se faena para exportación y no acepta que se faenen para consumo interno. Es una incoherencia lo que está planteando. El faenamiento es legal”, remarcó el referente agropecuario.

El ingreso de un bloque de 20 organizaciones no gubernamentales foráneas dentro del expediente penal fue catalogado como una anomalía de procedimiento que excede las potestades del fuero de protección natural. La empresa recusó formalmente a la fiscal Florencia Gómez bajo el argumento de que sus intervenciones responden a motivaciones particulares destinadas a desarticular una actividad económica lícita antes que a evaluar impactos reales sobre el entorno de la estepa. El ganadero alegó que las acusaciones de maltrato o afectación ecológica carecen de sustento material, encuadrándose la actividad dentro de los parámetros aplicados a cualquier ganado doméstico tradicional.

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La resolución del conflicto sectorial requerirá la intervención de los estamentos jerárquicos del Poder Ejecutivo para destrabar la parálisis que afecta las inversiones en el sector rural del interior chubutense. El emprendimiento familiar aguarda una definición que zanje el descalce entre las políticas de fomento a la producción agraria y las trabas procedimentales derivadas de las presentaciones judiciales. El mantenimiento de los puestos de trabajo proyectados y la continuidad de las cadenas de valor locales permanecerán atados a la resolución del pantano legal que mantiene las habilitaciones comerciales bajo llave.