Exigen que la Legislatura debata la emergencia pesquera ante la falta de respuestas políticas desde Nación

Las cámaras del sector critican el desinterés del Gobierno nacional y las trabas que imponen los bancos oficiales. Piden que la provincia formalice una mesa multisectorial.

Las inversiones del sector pesquero terrestre y marítimo avanzan bajo condiciones de financiamiento sumamente restrictivas que limitan la planificación de los negocios a mediano plazo. Las empresas locales concretan la renovación de sus flotas y la modernización de sus instalaciones fabriles recurriendo de forma casi exclusiva al reintegro de sus propios capitales operativos de exportación. Esta continuidad del desarrollo privado se ejecuta de manera independiente al acompañamiento del sistema crediticio oficial, el cual mantiene barreras de acceso infranqueables para las actividades productivas de la Patagonia.

La encrucijada financiera quedó en evidencia durante las últimas gestiones institucionales desarrolladas por las empresas ante las principales entidades bancarias controladas por el Estado nacional. "Fuimos al Banco BICE, fuimos al directorio del Banco Nación, y solo la proyección que tiene a largo plazo de préstamos para mejorar plantas, para actualizar y modernizar los barcos, a largo plazo es a 5 años", reveló Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, en una entrevista propia concedida al programa informativo de #LA17. Para la industria, fijar un tope de cinco años en las líneas de fomento productivo equivale a desconocer los ciclos de amortización que requiere la construcción naval.

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Las críticas de las cámaras pesqueras costeras apuntan con dureza hacia la conducción de las carteras económicas de la Casa Rosada, a las que acusan de ignorar el potencial exportador de la actividad pesquera de la región. El sector privado percibe un desinterés político generalizado por parte de las autoridades nacionales a la hora de abordar las asimetrías de costos que restan competitividad a los puertos del sur del país. "Y lamentablemente con un gobierno nacional que mira por sobre el hombro la pesca. No solo mira por sobre el hombro, yo creo que ya ni nos miran", sentenció el directivo de la cámara en los micrófonos de la radio.

Ante la falta de respuestas en el escenario federal, CAPIP y CAFACH concentran sus reclamos ante las autoridades gubernamentales de Chubut para que se adopten herramientas de protección legislativa de manera urgente. Las entidades empresarias exigen que el Poder Ejecutivo remita a los bloques parlamentarios de la Legislatura provincial un proyecto sólido orientado a declarar la Emergencia Pesquera en todo el territorio. La iniciativa apunta a reabrir una discusión integral sobre el esquema de tasas, atributos impositivos y regulaciones laborales que rigen la actividad desde hace décadas.

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Las cámaras sectoriales formalizaron la presentación por escrito para activar una mesa multisectorial de diálogo el pasado 26 de mayo, reiterando la urgencia del llamado durante el último fin de semana a través de un documento conjunto. "Solicitamos no sólo a la provincia que eleve a la legislatura un proyecto de emergencia pesquera, un debate de desarrollo pesquero que necesita la provincia sino también que re convoque a una mesa multisectorial", detalló De la Fuente a #LA17. La intención de la industria es sentar en una misma mesa técnica a los funcionarios de pesca, los legisladores y las representaciones sindicales involucradas.

Los antecedentes regulatorios de la provincia registran experiencias previas donde la intervención del Poder Legislativo sirvió para amortiguar crisis sectoriales severas que amenazaban la continuidad de los empleos terrestres. Durante el año 2013 se sancionó un programa de desarrollo pesquero enfocado en el recupero de la competitividad de las plantas procesadoras, sentando una jurisprudencia útil para la coyuntura actual. Las empresas recuerdan que en agosto de 2024 las autoridades provinciales asumieron un compromiso explícito en el edificio de Vialidad para enviar una norma similar, una promesa que hasta el momento permanece incumplida.

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A pesar de este escenario de parálisis administrativa y de diálogo intermitente con el aparato político, las firmas locales sostienen sus planes de inversión para calificar ante las exigencias de sanidad de los mercados internacionales. Las plantas radicadas en los parques industriales de la zona obtienen de manera regular certificaciones globales de calidad que les permiten colocar la producción chubutense en los destinos más exigentes del mundo. Las botaduras de nuevos buques construidos en astilleros nacionales representan el máximo esfuerzo de capitalización privada en un contexto económico adverso.

La dirigencia empresarial sostiene que la responsabilidad institucional obliga a los gobernantes a anticiparse a los problemas operativos antes de que las consecuencias impacten en los índices de pobreza locales. Para las cámaras, no es necesario esperar a que la tensión social se traslade a las calles para sentar a las partes a discutir la viabilidad de las tarifas.Los representantes corporativos confirmaron que se mantienen atentos a las comunicaciones, habiendo recibido únicamente adelantos de carácter informal por parte de los funcionarios del área.