La pesquisa por presunta corrupción suma nuevos pasos tras la detención de Facundo Leal, mientras Mirabelli evalúa citar a ex funcionarios.
La causa por presunta corrupción en ARSAT quedó bajo secreto de sumario mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debe resolver si cita a declaración indagatoria a ex funcionarios involucrados. La medida se adoptó después de los allanamientos que derivaron en la detención del ex titular de la empresa estatal Facundo Leal, en cuyos domicilios se secuestraron drogas, dinero en efectivo y documentación. El expediente también tiene bajo análisis la situación de Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.
La investigación entró en una etapa reservada porque el juzgado ordenó nuevas medidas de prueba. Esa decisión limita temporalmente el acceso a información del expediente y busca preservar diligencias vinculadas con la hipótesis de corrupción funcional. El punto central ahora es si Mirabelli dará curso al dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, quien pidió indagatorias para una decena de acusados.
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El caso se aceleró con la detención de Leal, aunque su primera indagatoria no estuvo vinculada directamente con los hechos de corrupción investigados en ARSAT. El ex funcionario declaró por la tenencia de drogas halladas en su departamento de Palermo, dijo que eran para consumo personal y se negó a responder preguntas. En paralelo, sigue sin explicación pública el origen de los miles de dólares encontrados en ese inmueble y en una vivienda de Mendoza.
La causa penal investiga presuntas maniobras en contrataciones, licitaciones y operaciones de la empresa satelital. Los investigadores analizan posibles delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otros hechos vinculados a corrupción funcional. Esas imputaciones se relacionan con la forma en que se habrían realizado contrataciones y llamados a licitación dentro de la compañía estatal.
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Leal presidió ARSAT entre 2022 y febrero de 2024, antes de continuar vinculado al Estado nacional en otro organismo. Tras el cambio de administración, fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, mediante el Decreto 390 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia.
Los allanamientos ordenados en la causa tuvieron un impacto fuerte por el volumen de dinero secuestrado. En el departamento de Palermo de Leal se encontraron 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos. En otro domicilio ubicado en Mendoza se incautaron 1.787.600 dólares estadounidenses, además de documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
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El hallazgo de estupefacientes abrió una causa paralela que también debe resolver el juez. En el inmueble de Palermo se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc. Esa investigación corre por separado del tramo central sobre presunta corrupción en la empresa satelital, aunque se originó en allanamientos simultáneos.
El expediente comenzó con una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT. Esa presentación fue realizada al inicio de la gestión de Javier Milei y dio lugar a medidas de prueba sobre distintos movimientos dentro de la empresa. Con el avance de la investigación, los fiscales ampliaron el análisis hacia contratos, operaciones y licitaciones que ahora forman parte de la pesquisa judicial.
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Uno de los procedimientos estuvo vinculado con la licitación para un depósito en San Fernando por parte de ARSAT. Ese allanamiento se realizó en simultáneo con otros quince procedimientos dispuestos dentro de la causa. La cantidad de medidas refleja la amplitud del expediente y explica por qué el juzgado decidió reinstalar el secreto de sumario antes de definir los próximos pasos procesales.
Gerardo Boschin aparece entre los nombres mencionados por la fiscalía para una eventual citación a indagatoria. Su rol como exgerente de compras durante la administración anterior lo coloca dentro del circuito que los investigadores observan con atención. La decisión final sobre su situación, al igual que la de los demás acusados, dependerá de la evaluación que haga Mirabelli sobre el dictamen fiscal y las pruebas reunidas.
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Leal, al momento de los allanamientos, continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, según la información incorporada al expediente. Esa situación agrega un dato administrativo relevante dentro de una causa que revisa su desempeño anterior como presidente de la empresa. La pesquisa deberá separar responsabilidades funcionales, eventuales maniobras irregulares y el origen del dinero encontrado durante los procedimientos.
La definición inmediata quedó en manos del juez federal de San Isidro. Mirabelli deberá resolver si convoca a los ex funcionarios a declaración indagatoria, si ordena nuevas medidas o si mantiene la reserva del expediente hasta completar diligencias pendientes. La causa ARSAT, por ahora, queda atravesada por una decisión judicial pendiente y por una pregunta central: cómo se conectan las contrataciones investigadas con el dinero secuestrado en los domicilios de Leal.
Fuente: Infobae
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