Una firma de logística queda en el centro de las sospechas por corrupción dentro de ARSAT
Actualidad02/06/2026
REDACCIÓNEl avance de la causa por desvíos de fondos expone el circuito de contratación que permitió acumular más de dos millones de dólares en efectivo en propiedades del ex directivo Facundo Leal.
Los contratos de servicios celebrados entre la empresa estatal de telecomunicaciones y la firma privada Argentina Logistic Services (ALS) concentran los requerimientos de información de los tribunales federales. Las auditorías buscan determinar si existió un esquema sostenido de direccionamiento, sobreprecios y pago de retornos comerciales que permitió el enriquecimiento ilícito de ex conductores del organismo. La sospecha de los investigadores apunta a que estas maniobras contables se camuflaban dentro de los costos operativos ordinarios de la operadora satelital, una firma que defiende su autarquía bajo el argumento de que genera ganancias genuinas para el Estado.
Las ramificaciones de este circuito económico impactaron directamente en la estructura de la Secretaría de Transporte a principios de este año, provocando una parálisis operativa en segundas líneas de conducción. Los reordenamientos presupuestarios dispuestos por el Ministerio de Economía en enero pasado forzaron la salida en cadena del secretario Luis Pierrini y del entonces presidente de Trenes Argentinos, Gerardo Boschin. La salida de estos cuadros técnicos interrumpió la influencia de una línea interna de administradores que habían migrado desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) apuntalados por referencias políticas del peronismo de Mendoza.
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El origen de este expediente judicial no se vinculaba inicialmente con maniobras financieras de alta complejidad, sino con una denuncia ordinaria radicada por los equipos legales de la Secretaría de Innovación en 2024. Aquella presentación alertaba sobre el vaciamiento sistemático de materiales tecnológicos guardados en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando. El análisis de las comunicaciones telefónicas de los operarios de esos galpones terminó abriendo una línea de investigación secundaria sobre los despachos de los niveles jerárquicos del holding de telecomunicaciones.
La acumulación de activos líquidos en los domicilios del imputado Facundo Leal desnudó un volumen financiero que excede los ingresos de la función pública tradicional. El juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez coordinaron de manera conjunta una docena de procedimientos en diferentes capitales provinciales. Los allanamientos paralelos permitieron el secuestro de 1.800.000 dólares en una propiedad ubicada en territorio mendocino, sumado a otros 650.000 dólares billete que permanecían guardados en un piso residencial del barrio de Palermo.
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La requisa en la unidad habitacional de Capital Federal sumó además una serie de elementos que orientaron una parte de la causa hacia infracciones a la ley de estupefacientes. En los armarios de Leal se detectaron bultos que contenían 300 gramos de ketamina, fragmentos de cristal MDMA, más de 70 comprimidos de éxtasis y envoltorios fraccionados de cocaína de máxima pureza. Los peritos de las fuerzas de seguridad incautaron balanzas de precisión y bolsas de cierre hermético, indicadores técnicos que las autoridades asocian con la logística de comercialización en eventos de música electrónica.
El entramado de relaciones institucionales bajo análisis abarca también traslados internacionales en unidades de aviación privada sospechadas de financiamiento irregular por parte de segundas organizaciones civiles. Las actas de migraciones registradas en el expediente detallan un viaje de negocios hacia España realizado por los ex funcionarios a bordo de una aeronave vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Este desplazamiento coincide cronológicamente con las fechas en que se procesaban las adjudicaciones de conectividad que hoy permanecen objetadas por las sindicaturas públicas.
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Desde los despachos de la Casa Rosada buscaron aislar el impacto del escándalo corporativo ligando la trayectoria del abogado detenido con los remanentes de las gestiones presidenciales previas. Los voceros oficiales asimilaron la situación de Leal a otros expedientes recientes de corrupción, como el hallazgo de fondos reservados en el departamento de la hija de Miguel Ángel Calvette en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Bajo esa premisa discursiva, el oficialismo encuadró el caso como parte de los sectores corporativos que lograron mantener su estabilidad laboral a pesar del plan de reducción estatal.
La situación administrativa del imputado presenta aristas complejas debido a que goza de la estabilidad que otorga pertenecer a la planta permanente de la operadora del satélite de comunicaciones. Esta condición de revista le había permitido tramitar durante la temporada pasada un esquema de pase en comisión para ejercer funciones jerárquicas dentro del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Tras la reestructuración del área de transporte en el arranque del año, el abogado mendocino retornó a su puesto técnico de base en la prestadora satelital, manteniendo su sueldo del convenio colectivo.
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