La madre de Cecilia Strzyzowski exige que la Justicia le devuelva los restos de su hija
Policiales02/06/2026
REDACCIÓNGloria Romero no puede enterrar ni cremar las muestras óseas de la joven porque el expediente sigue abierto. Apuntó contra los tiempos de los tribunales.
Gloria Romero carece de un cementerio, una urna funeraria o un destino definitivo donde recordar a su hija a tres años del crimen que conmovió al país. Los restos óseos recuperados por los peritos durante la investigación criminal permanecen incautados en los depósitos oficiales de la provincia de Chaco. Esta retención forzada por los tiempos procesales impide que los familiares directos de la joven puedan realizar la ceremonia íntima del sepelio.
El estancamiento administrativo responde a las apelaciones presentadas por los abogados de los imputados contra el veredicto condenatorio dictado el pasado 10 de febrero. Las muestras biológicas colectadas por los peritos continúan preservadas bajo estricta cadena de custodia como material de prueba hasta que el fallo adquiera fuerza de cosa juzgada. Frente a este laberinto judicial, la mujer detalló el sufrimiento diario que padece al afirmar que “hasta que esté la sentencia firme lo que queda de mi hija sigue en un sobre quién sabe dónde. Es una locura, ya son tres años y yo no tengo lugar para llevar una flor”.
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El trámite para destrabar la devolución corre por los pasillos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, tribunal que debe resolver la validez de las prisiones perpetuas aplicadas al entorno íntimo de la víctima. El femicidio de Cecilia Strzyzowski demandó una reconstrucción científica compleja debido a que los autores materiales ejecutaron el descuartizamiento, la carbonización y la posterior dispersión de los restos en la periferia de una propiedad rural. El expediente penal retiene los fragmentos óseos hallados en esos rastrillajes bajo el argumento técnico de resguardar las evidencias ante eventuales contrapericias de las partes.
La madre de la víctima denunció las dilaciones del sistema procesal argentino como una forma de revictimización institucional que estira el dolor de los familiares de forma indefinida. Sus presentaciones ante las autoridades judiciales exigen un trato humano diferenciado que disocie la preservación de la prueba biológica del derecho elemental al duelo. Romero expresó su desesperanza ante las trabas impuestas por los tribunales de alzada al manifestar que “para la familia de la víctima es terrible el proceso. Hay un Estado garantista. Me voy a morir y no voy a poder despedir a mi hija”.
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El calvario de la familia comenzó el 2 de junio de 2023, fecha en la que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la joven a la vivienda de sus suegros sin que existan registros posteriores de su salida. Por este entramado criminal, la Justicia también dictó penas de cumplimiento efectivo por encubrimiento agravado de cuatro años y diez meses para un colaborador, cinco años para una mujer y otra pena menor para un tercer implicado. La retención de las pruebas afecta de igual manera a todo el legajo judicial, postergando el cierre definitivo de las actuaciones para todas las partes civiles.
Los peritos forenses confirmaron oportunamente el crimen a pesar de que el cuerpo de la joven nunca apareció completo debido a la destrucción deliberada perpetrada por los asesinos. La entrega de los escasos elementos óseos rescatados representa para la querella una medida de reparación humanitaria básica que no interfiere con el control de las penas de prisión vigentes. La burocracia penal, sin embargo, prioriza el mantenimiento del material incautado en los casilleros del tribunal antes que conceder la restitución para una sepultura digna.
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La insistencia pública de Romero por recuperar las muestras biológicas se desarrolla en un contexto de vulnerabilidad añadida tras la retirada de la custodia policial que el Estado le brindaba. La mujer continúa adelante con sus peticiones ante las cámaras de apelación chaqueñas a pesar de no contar con protección oficial frente a posibles represalias de los clanes locales. La resolución de los magistrados de quitar el amparo físico no frenó las movilizaciones de la madre, quien concentra todas sus fuerzas en la restitución de los fragmentos de su hija.
Las sospechas de sufrir agresiones callejeras por haber enfrentado al poder político y territorial de la provincia forman parte de las previsiones habituales que la mujer asume en su rutina diaria. Su exposición pública durante las marchas y en los tribunales chaqueños la expuso de manera directa frente a los allegados de los condenados a perpetua. Al evaluar el peligro real que corre al sostener su reclamo civil, Romero aseveró que “dejarán pasar un tiempo y seguro tendré algún intento de robo o algo. Eso ya lo tengo aceptado desde el día que salí a enfrentarlo, sabía que tenía más posibilidades de que me maten a encontrar a mi hija”.
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La resolución final de los jueces de la Cámara Federal determinará en qué momento exacto las muestras óseas dejarán de servir como objeto de litigio para convertirse en restos humanos listos para el descanso. Los tiempos de la alzada chaqueña amenazan con dilatar el trámite durante varios meses más, extendiendo la agonía de una familia que lleva mil días de espera. El sistema penal enfrenta el desafío de dictar la firmeza del fallo para habilitar la entrega definitiva de lo que queda de Cecilia a su madre.
Fuente: NA.
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