Las pymes salen al cruce del FMI y denuncian un sistema que les inmoviliza millones

La entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas cuestionó las reformas tributarias sugeridas al Gobierno nacional y apuntó contra un mecanismo fiscal que, según advierte, les quita capital de trabajo durante años.

La discusión sobre la reforma tributaria volvió a ocupar el centro de la escena económica, pero esta vez la reacción llegó desde uno de los sectores más sensibles de la producción argentina. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y aseguró que las medidas propuestas terminarían golpeando al consumo, a los trabajadores y a las empresas que dependen del mercado interno.

La posición de la entidad no se limitó a cuestionar los cambios sugeridos para el Impuesto a las Ganancias, el IVA o el Monotributo. El planteo fue más profundo y puso el foco en una problemática que, según sostienen los empresarios, permanece fuera de las discusiones nacionales pese a su impacto cotidiano sobre miles de firmas.

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Desde la organización remarcan que el principal problema fiscal para gran parte de las pymes no está en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal. Allí ubican especialmente al impuesto sobre los Ingresos Brutos y a distintas tasas locales que, afirman, continúan aumentando los costos de producción independientemente de la rentabilidad de cada actividad.

Según los datos difundidos por la entidad, la carga impositiva provincial y municipal puede representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa. El problema, advierten, es que esos montos deben afrontarse aun cuando el negocio atraviesa períodos de baja actividad o directamente registra pérdidas.

Uno de los aspectos más cuestionados por la CAME tiene relación con los llamados "saldos a favor" que generan los sistemas de retenciones y percepciones. La entidad sostiene que muchas empresas terminan pagando montos superiores a los que realmente les corresponde tributar y acumulan créditos fiscales que luego encuentran enormes dificultades para recuperar.

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El mecanismo genera un efecto financiero que preocupa especialmente al sector productivo. Aunque la legislación contempla devoluciones o compensaciones futuras, los empresarios denuncian que los reintegros suelen demorarse entre uno y tres años, mientras la inflación reduce significativamente el valor real de esos recursos inmovilizados.

Para las pymes, esa situación termina funcionando como una transferencia involuntaria de fondos hacia el Estado. El dinero permanece durante largos períodos fuera del circuito productivo y deja de estar disponible para afrontar inversiones, comprar insumos, sostener empleo o financiar capital de trabajo.

En ese contexto, la entidad rechazó la idea de avanzar sobre nuevos impuestos al consumo o ampliar la base tributaria sin antes corregir los problemas estructurales que afectan a quienes producen y generan empleo. Desde la organización consideran que las propuestas impulsadas por el organismo internacional terminan concentrando la carga fiscal sobre asalariados y pequeñas empresas, sin atacar los tributos que consideran más distorsivos.

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Frente a este escenario, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa propuso avanzar en un nuevo consenso fiscal que involucre al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. La intención es establecer reglas permanentes que permitan reducir distorsiones y otorgar mayor previsibilidad al sector privado.

Entre las iniciativas planteadas aparece la modificación del esquema de Ingresos Brutos para que el tributo se aplique únicamente en la venta final y no en cada etapa de la cadena productiva. También proponen limitar las retenciones, acelerar los reintegros de saldos a favor y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que la inflación erosione los recursos de las empresas.

Otro de los reclamos apunta a las tasas municipales. La entidad sostiene que muchas de ellas se cobran sin una contraprestación claramente identificable y reclama una revisión integral de esos mecanismos para evitar que continúen incrementando la presión fiscal sobre la actividad económica.

Mientras continúa la discusión sobre las reformas tributarias que necesita el país, las pymes buscan instalar una advertencia: cualquier cambio que ignore el impacto de la carga impositiva provincial y municipal corre el riesgo de profundizar los problemas financieros que hoy enfrentan miles de empresas en todo el territorio argentino.