Exigen imputar por encubrimiento a la mujer que acompañaba al asesino de Agostina
Policiales03/06/2026
REDACCIÓNLa querella de la familia de Agostina Vega denunció la existencia de una red de complicidades. Apuntan contra el fiscal que liberó al sospechoso en 2025 pese a tener un perfil criminal determinante.
La representación legal de la familia de Agostina Vega solicitó formalmente la imputación y detención de Soledad Andreani por encubrimiento agravado, señalándola como una pieza activa en las maniobras de distracción destinadas a sostener la coartada del principal sospechoso. El planteo técnico se realizó públicamente en el Hotel King de Córdoba, donde se denunció de manera directa que el detenido por el crimen de la adolescente de 14 años contó con auxilio logístico antes y después del hecho. "Él no actuó solo, estoy seguro", manifestó Gabriel Vega, padre de la víctima, al sostener que la investigación penal debe expandirse sobre un entorno más amplio para desarticular lo que considera una estructura delictiva organizada.
La acusación principal de la querella excede el comportamiento de los allegados directos y se concentra en el desempeño del fiscal Iván Rodríguez, responsable de haber devuelto la libertad al acusado en 2025 tras una denuncia previa por privación ilegítima de la libertad. Los abogados Florencia Alaniz y Gino Torreani enfatizaron que el imputado ya contaba con un diagnóstico psiquiátrico que lo sindicaba como un violador serial no apto para la vida en comunidad. "A Agostina la empezaron a matar hace un montón de tiempo", recriminó el padre de la menor, vinculando la desprotección de su hija con la negligencia de los magistrados que ignoraron que el agresor ya había mantenido a otra mujer atada y desnuda en el pasado.
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La reconstrucción de los primeros días de búsqueda revela que las declaraciones iniciales ante las autoridades dilataron la identificación del domicilio ubicado en Juan Del Campillo 878. La primera denuncia la radicó la madre de la menor, Melisa Heredia, el sábado a las 8:30 de la mañana, dirigiendo las sospechas hacia un joven identificado como Franco. Una posterior ampliación basada en el relato de un remisero ubicó al sospechoso actual únicamente como el facilitador del encuentro, retrasando hasta el día martes la denuncia concreta que motivó el cambio de rumbo en la fiscalía de Raúl Garzón.
Las demoras en registrar la vivienda del imputado respondieron a una estrategia operativa que priorizó catorce procedimientos simultáneos en los domicilios de sus allegados, debido a que las autoridades judiciales todavía trabajaban con la hipótesis de encontrar a la adolescente con vida. El desenlace ocurrió tras una semana de rastrillajes en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, donde se localizó el cuerpo desmembrado de la víctima. Informes preliminares de la autopsia determinaron que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica entre las 23:30 del sábado 23 y las primeras horas del domingo, existiendo signos de abuso previo.
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La situación familiar de la víctima también ingresó al expediente judicial a raíz de los litigios previos por la custodia y el régimen de cuidado de la menor de edad. Gabriel Vega desmintió de forma categórica las versiones que aludían a un abandono afectivo o supuestos maltratos de su parte, aclarando que las diferencias con la madre se limitaban a discrepancias estrictas sobre los métodos de protección de la adolescente. La defensa confirmó que el juzgado que intervino en la disputa civil será investigado penalmente para deslindar responsabilidades institucionales por no haber resguardado los derechos de la niña ante las alertas presentadas.
El padre de la adolescente realizó un llamado público a los medios de comunicación para frenar las filtraciones vinculadas a la intimidad y las declaraciones pasadas de la menor, argumentando que la difusión de esos datos reservados genera un daño continuado a la memoria de su hija. El hombre enfatizó su total respaldo a la tarea que lleva adelante el fiscal Garzón, con quien afirmó haber colaborado de manera directa aportando datos obtenidos por su propia cuenta para quebrar las coartadas iniciales del entorno del detenido. La querella anticipó que la estrategia procesal contempla el pedido de nuevas imputaciones a medida que los peritajes telefónicos arrojen las identidades de quienes estuvieron en la vivienda Juan Del Campillo durante el fin de semana del crimen.
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"Acá hay algo grave, mucho más grande", insistió Vega al cierre de su exposición, remarcando que su única meta jurídica es obtener una condena a prisión perpetua para la totalidad de las personas involucradas en el traslado y ocultamiento del cuerpo. La investigación se encamina ahora a determinar el grado de participación de las catorce personas del círculo íntimo del imputado que fueron notificadas durante los primeros allanamientos. El control de las actuaciones administrativas sobre los fueros de familia y de instrucción criminal de la provincia de Córdoba determinará si la cadena de omisiones estatales configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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