Marchan en Comodoro para pedir perpetua y acusar a los funcionarios que entregaron a Ángel López
Policiales03/06/2026
REDACCIÓNLa movilización comunitaria denunciará las fallas administrativas en el otorgamiento de la guarda del menor, mientras los dos detenidos enfrentan la máxima pena.
Los nombres de cuatro funcionarios estatales impresos en un panfleto digital transformaron una convocatoria por seguridad en una abierta impugnación al sistema de protección de menores de la provincia. El volante que circula activamente por las redes sociales señala de forma directa la presunta responsabilidad penal y administrativa de los agentes técnicos en la cadena de decisiones institucionales previas. La convocatoria civil identifica explícitamente a Jennifer Leiva, Pablo Pérez, Estela Bellido y Verónica Roldán como las personas que convalidaron el proceso administrativo que derivó en la restitución del nene con su progenitora.
El trámite judicial de la causa penal sumó elementos de extrema gravedad institucional durante las audiencias desarrolladas ante la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia a mediados de mayo. Los representantes del Ministerio Público Fiscal elevaron de forma sustancial el rango de las acusaciones criminales que pesan sobre los dos sospechosos encarcelados. La madre biológica del menor, Mariela Altamirano, comparte el calabozo con su pareja, Michel Kevin González, bajo un régimen de prisión preventiva estricta dictado por los magistrados a la espera del debate oral.
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La modificación formal del encuadre penal se fundamentó en las conclusiones científicas definitivas arrimadas por los peritos de la Junta Médica Forense provincial. Los especialistas médicos analizaron los resultados minuciosos de la autopsia complementados con estudios histopatológicos que confirmaron la ferocidad del ataque físico sufrido por la víctima. El abogado querellante de la familia damnificada, Roberto Castillo, confirmó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que las evidencias forenses obligaron a endurecer los cargos penales de forma definitiva debido a la contundencia de los golpes sufridos.
La nueva calificación delictiva formulada contra Altamirano contempla el delito de “homicidio agravado por el vínculo y alevosía”, una figura que anula cualquier beneficio carcelario futuro. Para el padrastro del menor, el doctor Castillo indicó que la acusación técnica se encuadró de forma oficial bajo la carátula de “homicidio simple agravado por alevosía”. Ambas tipificaciones legales del Código Penal argentino imponen de manera unánime la única pena en expectativa de prisión perpetua en caso de confirmarse la culpabilidad en el juicio.
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La manifestación popular busca que el avance exclusivo del expediente penal contra los autores materiales no opaque las deficiencias del engranaje burocrático que facilitó el desenlace fatal. Los allegados de la víctima exigen una profunda auditoría interna sobre los informes socioambientales que avalaron la convivencia del pequeño en ese entorno violento. El núcleo familiar directo pretende sentar un precedente punitivo contra la negligencia administrativa de los organismos de niñez locales para evitar desamparos similares en el futuro inmediato.
El cartel de la manifestación callejera fijó una postura clara mediante la consigna central de la convocatoria que reza “A dos meses del asesinato de Ángel”. Los organizadores de la marcha emparentaron este drama infantil con precedentes trágicos donde el Estado también desoyó las alertas previas de los familiares paternos. Las agrupaciones barriales recordarán otros casos con niños muertos en situaciones de desamparo legal para visibilizar el fracaso sistémico de los juzgados de familia de la Patagonia.
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La concentración de los vecinos se concretará este viernes exactamente a partir de las 20 en las inmediaciones del tradicional edificio de la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia. Los convocantes eligieron este punto neurálgico del casco urbano chubutense para garantizar una masiva concurrencia de la ciudadanía y de los medios de comunicación regionales. La columna de manifestantes planea recorrer las arterias céntricas portando pancartas y velas en memoria del nene fallecido hace exactamente sesenta días para mantener visible el reclamo social.
El foco de la demanda civil apunta a ventilar públicamente el recorrido institucional y legal que precedió al fatal desenlace en el domicilio de los imputados. Los tíos y abuelos del nene cuestionan con dureza el criterio técnico aplicado por los peritos psicológicos que aconsejaron retirar al menor de su núcleo protector original. La marcha funcionará de este modo como una potente herramienta de presión pública para forzar la apertura de expedientes disciplinarios contra los responsables de la tutela.
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La resolución definitiva de la causa penal transita sus fases preliminares bajo la atenta mirada de una comunidad que exige condenas ejemplares en los tribunales chubutenses. El destino procesal de los dos encarcelados dependerá enteramente de la contundencia de las pruebas científicas que la fiscalía presentará ante los jueces de instrucción. La mayor incógnita institucional radica en si el reclamo callejero logrará romper la habitual impunidad administrativa de las burocracias estatales que intervinieron antes del desenlace irreversible.
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