Un detenido en Corrientes mantuvo activa una red criminal incluso desde la cárcel

La Justicia federal ratificó los procesamientos de trece acusados por integrar una estructura vinculada al Tren de Aragua. Operaba mediante células organizadas

Una causa iniciada a partir de una captura internacional terminó derivando en una investigación mucho más amplia sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y financiamiento de actividades criminales fuera del país. Ese expediente sumó ahora un nuevo respaldo judicial luego de que la Cámara Federal de Corrientes confirmara los procesamientos con prisión preventiva de trece personas señaladas como integrantes de una organización asociada al Tren de Aragua, la banda criminal nacida en Venezuela y con presencia en distintos países de la región.

La resolución rechazó los planteos presentados por las defensas y dejó firme una decisión previa del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que había ampliado las acusaciones. Además de los delitos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, los magistrados sostuvieron la imputación por organización criminal, un aspecto central dentro de la investigación.

El expediente tiene como figura principal al venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, identificado por los investigadores como líder de la denominada “Banda del Yiyi”, grupo que aparece relacionado con el Tren de Aragua. Su detención ocurrió el 2 de octubre de 2023 durante un operativo de Interpol de la Policía Federal Argentina en territorio correntino, luego de que pesara sobre él un pedido de captura internacional.

La causa judicial adquirió una dimensión particular por un dato señalado por los investigadores. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura investigada habría continuado funcionando aun después de la captura de Boscán Bracho. Los acusadores sostienen que el presunto líder conservó capacidad de conducción sobre parte de la organización incluso durante su permanencia bajo custodia estatal.

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Actualmente, el imputado permanece alojado bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Al mismo tiempo enfrenta un proceso de extradición solicitado por Venezuela, donde es requerido para responder por una extensa lista de delitos, entre ellos homicidio calificado, extorsión agravada, terrorismo, tráfico de armas, asociación para delinquir y obstrucción de la libertad de comercio.

Sin embargo, ese traslado no ocurrirá de manera inmediata. Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó en marzo pasado la extradición, el procedimiento permanece suspendido debido a que primero deberá afrontar el proceso judicial abierto en Argentina. Esa situación coloca a la causa correntina como una instancia determinante antes de cualquier definición internacional.

Los investigadores consideran que la organización funcionó mediante dos células operativas y que su actividad se extendió al menos desde 2019. La acusación sostiene que ambas estructuras tenían como objetivo desarrollar mecanismos de lavado de activos y canalizar recursos económicos hacia actividades vinculadas con la organización en el exterior.

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Dentro del grupo procesado aparecen diferentes niveles de responsabilidad. Boscán Bracho comparte las acusaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo con otras ocho personas. Paralelamente, cuatro imputados —dos hombres y dos mujeres— enfrentan cargos por lavado de activos, en un esquema que los investigadores describen como parte de una misma red económica.

La confirmación de los procesamientos también consolidó el criterio judicial sobre el alcance de la investigación. Para los magistrados, existen elementos suficientes para sostener la existencia de una estructura organizada que excede hechos aislados y que presenta conexiones más allá de las fronteras argentinas, una característica que atravesó toda la pesquisa desde sus primeras etapas.

La causa nació a partir de un pedido internacional de extradición, pero con el avance de las medidas judiciales terminó enfocándose en el funcionamiento financiero de la organización. Con los procesamientos ratificados y los acusados bajo investigación, el expediente ingresa ahora en una etapa en la que la Justicia deberá definir cómo continúa el recorrido hacia un eventual juicio oral, mientras la situación de Boscán Bracho sigue condicionada por procesos abiertos en dos países distintos.