Las pymes denuncian asfixia fiscal y piden frenar embargos mientras cae el consumo
Política05/06/2026
Sergio BustosLa presión tributaria volvió a convertirse en una de las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. En medio de un escenario marcado por la caída de las ventas y la dificultad para sostener la actividad, el sector empresario reclamó que el Estado suspenda los embargos y las ejecuciones fiscales que afectan a miles de contribuyentes en todo el país.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal al Ministerio de Economía para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deje de aplicar sanciones mientras se debate una modificación de la actual Ley de Inocencia Fiscal.
El planteo surge en un contexto donde numerosas empresas aseguran enfrentar crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias. Desde la entidad consideran que continuar con embargos, multas y ejecuciones fiscales durante este período sólo profundiza los problemas financieros de un sector que ya opera con márgenes reducidos.
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La preocupación central pasa por evitar que las compañías acumulen nuevas penalidades mientras esperan definiciones sobre el futuro esquema impositivo. Para CAME, las medidas de cobro compulsivo terminan afectando la capacidad de las empresas para sostener empleo, inversión y actividad económica.
Por esa razón, la organización empresaria solicitó la suspensión de los embargos y de las ejecuciones fiscales aplicadas a las pymes. El objetivo es generar una instancia de alivio que permita regularizar situaciones pendientes sin quedar sometidas a mayores costos financieros.
El pedido también incluye cambios en el régimen de multas. La propuesta establece que, si un contribuyente cancela su deuda dentro de los 15 días posteriores al período de espera, la sanción económica se reduzca en un 50 por ciento.
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Según el esquema planteado por la entidad, la multa completa recién debería aplicarse cuando también se incumpla ese plazo adicional. La intención es ofrecer herramientas para que las empresas puedan ponerse al día sin enfrentar castigos que agraven aún más su situación.
La discusión no se limita a las sanciones. CAME también reclamó un plan especial de facilidades de pago destinado a las obligaciones vencidas al 31 de mayo de este año. La propuesta contempla hasta 48 cuotas para cancelar deudas acumuladas.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo, explicó que se necesita “la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados”.
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Además, sostuvo que la financiación debería resultar más accesible para las empresas. En ese sentido, indicó que la tasa tendría que ser “equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”.
Desde la entidad sostienen que las medidas buscan evitar que más pymes queden atrapadas entre la caída del consumo y las exigencias fiscales. El reclamo apunta a generar condiciones que permitan sostener el entramado productivo mientras avanzan los cambios que el Gobierno nacional proyecta para el sistema tributario.
La solicitud cobró relevancia luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el envío de un proyecto para modificar la legislación vigente. Mientras se esperan definiciones, las pymes reclaman que se detenga lo que consideran una creciente presión recaudatoria sobre un sector que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
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