Un comerciante pagó cinco millones de pesos para evitar ir a juicio por el ataque de su pitbull

El propietario del perro efectivizó el desembolso inmediato a la víctima durante una mediación en Lago Puelo. El animal escapó a la vereda por la ausencia total de rejas o contención en el local.

El dueño de un comercio debió desembolsar la suma de 5 millones de pesos en efectivo para frenar de manera definitiva el avance de una imputación penal en su contra. La resolución económica se consolidó durante un encuentro de mediación desarrollado en las dependencias del Juzgado de Paz de Lago Puelo. El pago inmediato al damnificado funcionó como el mecanismo obligatorio para extinguir la acción judicial que enfrentaba el comerciante por la responsabilidad directa sobre su mascota. Los voceros de los tribunales cordilleranos confirmaron que el acuerdo civil clausuró el legajo contravencional que amenazaba con derivar en penas de mayor gravedad para el infractor.

El hecho se desencadenó cuando un transeúnte circulaba por el espacio público y resultó sorprendido por el ejemplar de raza potencialmente peligrosa que salió sin control desde un establecimiento comercial. Las pericias operativas determinaron que la propiedad carecía por completo de estructuras de seguridad elementales como portones, mallas metálicas o dispositivos internos de sujeción para el can. El perro accedió a la vereda de manera directa debido a la vulnerabilidad del perímetro del negocio, que tampoco contaba con cartelería que notificara a los peatones sobre la presencia de un animal de gran porte. La agresión se produjo a plena luz del día, provocando heridas cortantes severas en distintas áreas corporales del peatón afectado.

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La intervención del Ministerio Público Fiscal de la provincia buscó aplicar una salida alternativa rápida que garantizara la reparación del daño sin necesidad de dilatar los plazos procesales. El personal judicial evaluó la gravedad de las heridas sufridas y la conducta negligente del dueño del pitbull para fijar el monto del resarcimiento. “Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas”, explicó el funcionario de fiscalía Natanael Abad al analizar los criterios de persecución vigentes en la región andina. El representante del órgano acusador defendió la aplicación de estas herramientas para obtener soluciones materiales concretas en plazos reducidos.

El proceso de negociación forzó al comerciante a asumir tanto la culpabilidad civil de los daños ocasionados como la responsabilidad penal por la falta de cuidado del perro. El pago de la cifra millonaria fue aceptado por la víctima, quien debió afrontar tratamientos médicos ambulatorios tras las mordeduras sufridas en la vía pública. La resolución sentó un precedente contundente respecto a las consecuencias patrimoniales directas que sufren los ciudadanos que omiten los deberes de custodia de animales peligrosos. Las actas de la audiencia de conciliación establecieron que el cumplimiento del pago exime al imputado de registrar antecedentes condenatorios en los registros judiciales del territorio chubutense.

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Las pautas de confidencialidad estricta que regulan los métodos alternativos de resolución de conflictos impidieron la divulgación oficial de los nombres de los protagonistas del caso. La jefatura del Juzgado de Paz mantuvo bajo estricta reserva la identidad de la víctima y el nombre del local comercial donde ocurrió la filtración del pitbull a la calle. Este esquema de privacidad busca facilitar el entendimiento voluntario entre vecinos y asegurar que las transacciones monetarias pactadas se ejecuten sin interferencias externas. La reserva alcanza tanto a la carátula inicial del expediente como a las condiciones de entrega del dinero pautado entre los representantes legales de las partes.

La estrategia de los fiscales apunta a que este tipo de salidas económicas sirva como un elemento disuasorio para el resto de la comunidad urbana de la comarca. Los reportes por ataques domésticos en perímetros comerciales incrementaron las exigencias institucionales sobre los regímenes de habilitación y control de estructuras edilicias. Los inspectores de los municipios andinos evalúan coordinar medidas preventivas complementarias para verificar que los comercios que albergan mascotas refuercen sus ingresos públicos. La falta de barreras de contención físicas constituye una de las infracciones más recurrentes detectadas en las zonas peatonales de alto tránsito de la provincia.

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Los equipos médicos que asistieron al damnificado informaron que las lesiones requirieron curaciones específicas debido a la profundidad de las perforaciones generadas por la dentadura del animal. El resarcimiento de 5 millones de pesos contempla tanto los gastos farmacológicos inmediatos como el impacto psicológico derivado del incidente callejero. Los peritos judiciales recordaron que el dueño del pitbull aceptó las condiciones de forma voluntaria al constatar que las pruebas colectadas por la fiscalía acreditaban una desatención total de las normas de convivencia urbana. El desenlace del conflicto evitó la apertura de la etapa de debate oral, donde las sanciones de inhabilitación comercial suelen complementar los castigos económicos tradicionales.