Una foto tomada por el propio acusado fue decisiva para condenarlo por un incendio en Esquel

El Tribunal de Esquel declaró responsable a Héctor Quilaqueo por el fuego que arrasó 70 hectáreas en Nahuelpan. Pericias digitales, evidencia científica y una confesión espontánea resultaron determinantes para derribar su versión.

La investigación por el incendio que afectó una extensa superficie de campo en el paraje Nahuelpan encontró uno de sus elementos más contundentes en el teléfono celular del propio acusado. Una fotografía tomada minutos después del inicio del fuego terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales que llevaron a la Justicia a declarar culpable a Héctor Felipe Quilaqueo.

El Tribunal Unipersonal de Esquel, encabezado por el juez Jorge Rolón, emitió un veredicto condenatorio al considerar acreditado que Quilaqueo fue el autor del incendio ocurrido el 26 de enero de 2025 en el establecimiento rural conocido como La Tapera. El siniestro destruyó alrededor de 70 hectáreas de vegetación nativa y más de 1.200 metros de alambrados.

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La resolución judicial respaldó íntegramente la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal. Además, el magistrado concluyó que existió dolo eventual, al entender que el acusado conocía las condiciones extremas existentes ese día y aun así desarrolló una conducta que podía desencadenar un desastre ambiental y material de gran magnitud.

Las condiciones meteorológicas jugaron un papel central en la valoración del caso. La jornada registraba temperaturas cercanas a los 28 grados, humedad muy baja y ráfagas de viento que alcanzaban los 37 kilómetros por hora, un escenario especialmente riesgoso para cualquier foco ígneo en una zona de vegetación seca.

La defensa intentó sostener que Quilaqueo había encendido una fogata con el propósito de realizar señales de humo después de sufrir un inconveniente personal. Sin embargo, la fiscalía logró desmontar esa explicación mediante una serie de pericias técnicas y científicas que reconstruyeron con precisión la secuencia de los hechos.

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Uno de los elementos más importantes surgió del análisis del teléfono celular secuestrado. Los peritos determinaron que a las 12:57 horas el acusado grabó un video donde registraba a vecinos de la zona. Apenas 34 minutos más tarde tomó una fotografía que mostraba el foco de incendio en sus primeros instantes sobre una mata de calafate.

A esa evidencia se sumaron los resultados de la investigación criminalística. Los especialistas concluyeron que el fuego tuvo un origen direccionado y que fue iniciado utilizando un encendedor de butano que posteriormente fue hallado entre las pertenencias del acusado.

La labor de un perro especialmente entrenado aportó otro dato relevante. El animal detectó la presencia de material combustible acumulado de manera intencional en el lugar donde comenzó el incendio. Según la pericia, ramas de neneo y calafate habían sido colocadas estratégicamente para facilitar la propagación de las llamas.

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La situación del acusado también quedó comprometida por las lesiones que sufrió durante el hecho. Quilaqueo resultó con quemaduras graves, incluyendo heridas de tercer grado y secuelas pulmonares, por lo que debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Durante ese contexto de emergencia se produjo otro elemento considerado clave por la acusación. Según quedó acreditado en el juicio, el hombre manifestó ante efectivos policiales y también frente a su hijo que había realizado una fogata y que el fuego se había descontrolado debido al viento.

Tras conocerse el fallo, la fiscal jefa María Bottini destacó la solidez de la investigación y aseguró que la autoría nunca constituyó el principal punto de discusión. "La investigación se allanó porque la autoría no estaba discutida. Quilaqueo quemó su cuerpo y sus prendas de vestir, y eso derivó en que terminara internado en el hospital de Esquel; eso nos llevó a dar con él", afirmó en declaraciones a FM Del Lago.

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La representante del Ministerio Público también remarcó el impacto ambiental provocado por el siniestro. "Se produjo un perjuicio en 70 hectáreas de suelo patagónico que tardarán décadas en recuperarse", señaló al referirse a las consecuencias del incendio.

Ahora resta definir la pena que deberá cumplir el condenado. El delito de incendio con peligro común para los bienes prevé una escala que va de tres a diez años de prisión. La fiscalía ya anticipó que solicitará una sanción acorde a la gravedad de los hechos durante la próxima audiencia de cesura.