Una licitación millonaria volvió a cruzar a Salud con firmas investigadas por la causa ANDIS
Policiales05/06/2026
Sergio BustosLa investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos, pero algunas de las empresas mencionadas en el expediente judicial volvieron a aparecer en procesos de contratación del Estado. Una reciente licitación del Ministerio de Salud reactivó la atención sobre firmas que permanecen bajo la lupa de la Justicia.
La operación involucra una compra de medicamentos oncológicos por casi 15.000 millones de pesos adjudicada por la cartera que conduce Mario Lugones. Entre las compañías participantes figura Droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker, una de las firmas más mencionadas dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a la ANDIS.
La situación resulta especialmente llamativa porque la presencia de Suizo Argentina en las contrataciones del Gobierno nacional se redujo drásticamente desde que se conocieron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia y exabogado del presidente Javier Milei. Desde entonces, la empresa quedó asociada a una trama que investiga posibles direccionamientos, cartelización, sobreprecios y mecanismos especiales de contratación.
La licitación cuestionada no incluyó solamente a la droguería de los Kovalivker. Según la documentación citada en la investigación periodística, también participaron otras firmas que aparecen vinculadas al expediente judicial, entre ellas Ortopedia Alemana del Norte y la droguería DISVAL.
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El proceso tiene una particularidad. La convocatoria se abrió el 19 de junio de 2025, antes de que trascendieran públicamente los audios que derivaron en la investigación judicial. Sin embargo, la resolución de adjudicación se conoció recién este año, cuando el caso ya ocupaba un lugar central en la agenda política y judicial.
Dentro de esa misma licitación, Suizo Argentina solicitó finalmente retirar su propuesta y desistir de la oferta presentada. La decisión alimentó nuevas especulaciones en torno a la estrategia adoptada por la empresa mientras continúa el avance de la investigación sobre el entramado de contrataciones en organismos nacionales.
Pese a su bajo perfil reciente, la firma todavía mantiene participación en algunos procesos estatales. De acuerdo con los registros oficiales citados, la única oferta presentada por Suizo Argentina durante este año corresponde a una adquisición de insumos consumibles para unitizadoras de farmacia destinadas al Hospital Posadas. En ese procedimiento la empresa ofertó poco más de 142 millones de pesos y la adjudicación aún permanece pendiente.
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La escasa actividad registrada contrasta con el volumen de negocios que la compañía acumuló durante los primeros meses de la gestión libertaria. Según publicaciones anteriores, la droguería participó en contrataciones que superaron los 100.000 millones de pesos mediante acuerdos con distintos organismos nacionales, entre ellos los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, además de PAMI e IOSFA.
La investigación judicial también se concentra en la estructura empresarial vinculada a la familia Kovalivker. Uno de los nombres que aparece de manera recurrente es el de Pablo Ariel Viner, integrante de directorios y sociedades relacionadas con actividades farmacéuticas, financieras, inmobiliarias y de servicios. Su participación en distintas compañías forma parte de las líneas de análisis que sigue el fiscal Franco Picardi.
Los movimientos corporativos recientes también despertaron atención. En diciembre del año pasado, Emmanuel Kovalivker renunció a su cargo de vicepresidente y director titular de Suizo Argentina. La conducción quedó encabezada por Jonathan Kovalivker junto a Sebastián Nuner Uner, Pablo Ariel Viner, Diego Gerardo Viner y Carlos Matías Morosi.
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Precisamente, el fiscal Picardi puso el foco sobre Sebastián Nuner Uner, señalado en el expediente como uno de los hombres de mayor influencia dentro de la estructura de la droguería. Según consta en el dictamen judicial citado en la investigación, un empleado de ANDIS lo identificó como una persona que "tenía el poder de incluir empresas como proveedoras". El mismo documento sostiene que mantenía una relación fluida con Pablo Atchabahian, uno de los principales investigados dentro de las maniobras bajo análisis.
Mientras la causa avanza en los tribunales, la reaparición de empresas mencionadas en el expediente dentro de procesos millonarios de contratación pública vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control del Estado y sobre la continuidad de negocios que todavía esperan una definición judicial.
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