Familiares de víctimas exigen retirar de forma definitiva los celulares de las cárceles
Policiales07/06/2026
REDACCIÓNPadres y hermanos de jóvenes asesinados denuncian que los detenidos usan internet para hostigar a los sobrevivientes y exigen bloquear las señales en los penales.
El reclamo unificado de madres, padres y hermanos de personas asesinadas busca eliminar de raíz el acceso a la telefonía móvil en el interior de los penales argentinos. Los damnificados denuncian una profunda desigualdad institucional debido a las libertades comunicacionales que conservan los internos en los complejos penitenciarios bonaerenses. La erradicación de los dispositivos tecnológicos asoma como el eje prioritario de una cruzada que une historias atravesadas por homicidios, robos violentos y causas judiciales donde las condenas resultan insuficientes.
La paradoja material del delito se ensaña con las familias de Lara Fernández y Ezequiel Altamira, dos adolescentes que perdieron la vida en violentos asaltos callejeros donde el botín fue precisamente un teléfono móvil. Laura Fernández, cuya hija de 17 años murió en Lomas de Zamora durante un asalto provocado por cuatro delincuentes, expuso el sinsentido de las prebendas estatales que facilitan la continuidad de la actividad delictiva tras los muros de reclusión. La mujer reclamó medidas de fondo e impugnó las facilidades informáticas que otorga el sistema penitenciario: “A mí hija la mataron por un celular, es injusto. Le sacaron todas las posibilidades y a ellos dejan tener celular para que sigan delinquiendo”.
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El bienestar material del que disponen los acusados dentro de las celdas agrava cotidianamente el dolor íntimo de los allegados que conviven con un luto irreversible. Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, ultimado a la salida de un boliche en Parque Leloir, tildó de insulto intolerable el hecho de que los responsables conserven techo, comida y conectividad libre a internet. Los privilegios de la población carcelaria contrastan fuertemente con el desamparo psicológico y el temor crónico que se instaló en el núcleo de las familias afectadas: “Nosotros vivimos una tristeza perpetua y con miedo para siempre, Ezequiel no pudo disfrutar nada de su vida por un celular”.
Las plataformas virtuales actúan como una extensión directa del daño psicológico a través de publicaciones donde los convictos festejan cumpleaños y se muestran con prendas de primera marca. Madres de distintas víctimas de la inseguridad urbana coinciden en que los smartphones se convirtieron en un canal de humillación pública contra quienes sufren la pérdida de sus seres queridos. Sandra, la madre de Zaira Rodríguez, describió el escalofrío que padecen los sobrevivientes al cruzarse con las imágenes que difunden los reclusos en fechas sensibles: “Hiela la sangre leer y ver publicaciones cuando las familias los van a ver, como ese día de la madre que me tocó ver publicada esa imagen y dije ‘esta todavía muestra un certificado de nacimiento de su hijo’, yo muestro un certificado de defunción”.
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Los reclusos emplean los teléfonos móviles para cometer estafas de carácter virtual y burlarse de manera explícita de los padres que perdieron a sus hijos en hechos delictivos violentos. Ángeles, madre de Valentín Bosa, junto a Elizabeth, la mamá de Sebastián Ochoa, manifestaron su indignación ante la impunidad con la que se manejan los internos en las plataformas digitales. El hostigamiento hacia los sobrevivientes configura una agresión posterior al crimen que profundiza la bronca y la impotencia de los familiares en medio de procesos judiciales donde las sentencias aún no se encuentran firmes.
La vigencia de esta modalidad comunicacional se remonta a una excepción de carácter sanitario concedida durante la crisis de la pandemia que perdió vigencia fáctica con el retorno de la presencialidad. Los allegados de las víctimas insisten en que el beneficio original se desvirtuó por completo para mutar en una herramienta de coordinación delictiva externa. La desnaturalización del permiso excepcional facilitó que los delincuentes continúen con el amedrentamiento permanente sobre los testigos y las querellas que impulsan el avance de las causas en los tribunales locales.
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El caso de Uma Aguilera, la niña asesinada en Villa Centenario en un asalto perpetrado en el año 2024, expone la dura contradicción entre la comunicación diaria de los presos y el silencio definitivo del homicidio. María Eugenia Rodríguez, madre de la menor y miembro de la Policía Federal, remarcó la injusticia de que los asesinos mantengan el lazo cotidiano con su entorno mientras las víctimas sufren una ausencia irreversible. La funcionaria de seguridad ratificó el compromiso de las familias para erradicar las terminales móviles como un paso indispensable hacia la equidad de las resoluciones: “La quita de celulares es una lucha que tenemos los familiares de las víctimas y es nuestro anhelo que suceda pronto, ya que es parte de una justicia justa”.
El calvario cibernético alcanza niveles críticos cuando los delincuentes coordinan amenazas directas y atentados contra las propiedades de los denunciantes a través de redes como Instagram. Francisco Di Luciano, padre de Gianfranco, detectó que el culpable del homicidio operaba libremente desde la cárcel e integraba grupos con consignas macabras destinadas a escarnecer la memoria de su hijo. La impunidad del ciberacoso penitenciario obligó a las familias a exigir la quita inmediata de los dispositivos y la aplicación de castigos severos para frenar los amedrentamientos perpetrados por las bandas que permanecen operativas en el exterior.
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La implementación de inhibidores electrónicos de señal asoma como la única salida técnica viable frente a la ineficacia de las requisas manuales que realiza el personal de los penales. La indignación de las familias radica en que el hostigamiento carcelario continúa vigente debido a la permeabilidad de los controles y la falta de respuestas institucionales por parte de los funcionarios públicos. El desarme tecnológico de las cárceles constituye el reclamo medular de una sociedad que observa cómo los reclusos extienden su accionar criminal a pesar de encontrarse privados de su libertad ambulatoria.
Fuente: NA.
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