Condenado por abuso de menores se recibió de psicopedagogo en la cárcel

Policiales08/06/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Walter Pereyra Fincatti rindió la última materia con un 8 y obtuvo el título infantil desde el penal, desatando el rechazo unánime de los profesionales.

Estudiar en la cárcel. Imagen ilustrativa Magnific
Estudiar en la cárcel. Imagen ilustrativa Magnific

Walter Denis Pereyra Fincatti completó el plan de estudios de la carrera de Psicopedagogía tras aprobar su examen final con una calificación de 8 dentro del complejo penitenciario provincial. El recluso accedió a los tribunales de evaluación académica gracias a los programas de educación superior validados para las personas privadas de la libertad en el norte del país. Esta titulación universitaria coloca al interno en una posición inédita al culminar una formación orientada específicamente al estudio, diagnóstico y acompañamiento del aprendizaje infantil.

La dirección del Servicio Penitenciario de La Rioja organizó una recorrida oficial para registrar el momento exacto de la graduación del interno en los pabellones comunes. La máxima jefa de la fuerza de seguridad provincial, Analía Tello, posó junto al recluso para una fotografía institucional sosteniendo el clásico cartel de egresado. Las autoridades carcelarias difundieron la imagen en las plataformas del Estado celebrando que “este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación”.


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La publicación en las redes institucionales desató una ola inmediata de repudio y comentarios negativos debido a la flagrante contradicción de la carrera elegida por el delincuente. La psicopedagogía constituye una disciplina de la salud y la educación abocada de forma directa a la evaluación, intervención y cuidado de menores de edad en sus procesos escolares obligatorios. Los usuarios de las plataformas digitales cuestionaron los alcances de los programas de reinserción social cuando el perfil del graduado colisiona con el resguardo de las infancias de la provincia.

Los antecedentes penales que determinaron el encierro de Pereyra Fincatti se remontan a una serie de ataques perpetrados entre los años 2017 y 2018 en la capital provincial. El hombre ejercía como maestro particular de clases de apoyo y aprovechaba los momentos de soledad en su domicilio para someter a una alumna de apenas 8 años de edad. Las pruebas del expediente judicial confirmaron que el docente conducía a la menor hacia la cama de su habitación privada para realizar tocamientos impúdicos reiterados en sus partes íntimas.


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El abusador camuflaba sus conductas delictivas ante la niña convenciéndola de que los manoseos formaban parte de un juego de prendas ordinario donde quien perdía debía quitarse la ropa. Los jueces comprobaron que el maestro forzó a la víctima a tocar sus genitales bajo amenazas constantes dirigidas a mantener el secreto en el entorno familiar. El imputado le advertía de manera sistemática a la menor que no debía relatar lo sucedido a sus padres porque él terminaría perdiendo su puesto de trabajo en las escuelas.

La Cámara Tercera en lo Criminal dictó una condena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarlo culpable como autor penalmente responsable de las agresiones. Los magistrados riojanos aplicaron una sanción unificada por los delitos de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación de la víctima y promoción a la corrupción de menores agravado por ser el encargado de la educación de la víctima –dos hechos-, en concurso ideal”. El cómputo de la pena privativa de la libertad obliga al exdocente a permanecer tras las rejas bajo el régimen común de reclusión.


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Las repercusiones de la graduación intramuros obligaron al Colegio Profesional de Psicopedagogos a emitir un comunicado oficial de urgencia para fijar su postura institucional frente al caso. La comisión directiva de la entidad resolvió clausurar cualquier posibilidad de inserción para el egresado al anunciar que “no podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país”. El pronunciamiento gremial buscó calmar la indignación social al ratificar que los estatutos éticos impiden la asimilación de delincuentes sexuales en sus padrones profesionales.

La incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud se rige por el “cumplimiento de la Ley Provincial N°10.825” cuyo articulado exige de forma obligatoria un certificado de antecedentes penales completamente limpio. Los fiscalizadores del colegio recordaron que el “artículo 43 establece los requisitos obligatorios e indispensables para obtener la matrícula profesional, entre ellos, presentar el Certificado de Antecedentes Penales”. Esta barrera legal anula la validez práctica del diploma universitario obtenido por el condenado dentro de la penitenciaría de La Rioja.


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La conducción de la entidad profesional derivó los antecedentes de la carpeta de manera automática hacia las oficinas del “Tribunal de Disciplina” para realizar un análisis de las implicancias éticas del legajo. El cuerpo colegiado estableció que ante cualquier requerimiento formal siempre prevalecerá la “prioridad absoluta” orientada a la protección integral de niños y adolescentes. Los directivos notificaron finalmente de la situación a la “Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) y sus colegios integrantes” para extender el bloqueo de la firma en el resto de las provincias argentinas.

Fuente: NA.

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