La medida eliminó 58 regulaciones de comercio interior y alcanzó programas de consumo, el Fondo del Trigo y controles sobre aranceles escolares.
El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas regulaciones asociadas a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. La medida fue formalizada este martes 9 de junio en el Boletín Oficial, en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
La decisión quedó instrumentada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, que dieron de baja normativas que, según el Ejecutivo, habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el funcionamiento del mercado.
Desde el Gobierno explicaron que las derogaciones buscan ordenar el marco legal, facilitar la interpretación de la normativa estatal y reducir la incertidumbre jurídica. En los considerandos oficiales se sostuvo que varias de las disposiciones eliminadas correspondían a programas que ya no se encontraban operativos o que habían quedado desactualizados frente al nuevo esquema de política económica.
Uno de los bloques más importantes alcanzados por la medida fue el de los programas de financiamiento al consumo. En total, quedaron sin efecto 30 normativas vinculadas a Ahora 12 y Cuota Simple, dos herramientas que habían sido utilizadas para promover compras en cuotas con condiciones reguladas por el Estado.
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El Gobierno argumentó que esos programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios perdieron vigencia al no haberse dispuesto nuevas prórrogas. También señaló que la decisión se inscribe en un proceso de normalización del mercado de crédito, con el objetivo de restablecer señales de precio y eliminar distorsiones en la asignación de capital.
La derogación no implica la interrupción de un programa vigente, sino la eliminación definitiva del marco normativo que lo contenía o lo complementaba. En el caso de Cuota Simple, la administración nacional ya había decidido no extender su funcionamiento, mientras que las entidades financieras y comercios avanzaron con alternativas privadas de financiación.
También se eliminó una normativa accesoria del programa Precios Cuidados, que durante años funcionó como una herramienta de referencia de precios para productos de consumo masivo. La baja forma parte de una política más amplia de desregulación de mecanismos estatales de control o coordinación de precios.
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Otro punto alcanzado fue el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, conocido como FETA. La resolución dio de baja 22 normativas vinculadas a ese mecanismo de intervención directa, creado para incidir sobre los precios de la cadena triguera. El Ejecutivo sostuvo que, tras la revocación del contrato y la liquidación del fideicomiso, toda la normativa complementaria quedó sin objeto ni sustento legal.
La medida también alcanzó a instituciones privadas de enseñanza. Fueron derogadas cuatro normas que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente sus aranceles. Según el Gobierno, ese esquema generaba aumentos preventivos y arbitrarios, además de limitar la capacidad de adaptación de los establecimientos frente a cambios en sus costos operativos.
En esa línea, la administración nacional sostuvo que la obligación de notificar valores con antelación y contar con aval gubernamental para aplicarlos creaba incertidumbre económica para las instituciones educativas. Por eso, justificó la eliminación de esas regulaciones dentro de su agenda de simplificación y reducción de controles administrativos.
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Además, quedó sin efecto una normativa que, según el Ejecutivo, duplicaba mecanismos ya existentes para la atención de adolescentes consumidores. La explicación oficial indicó que la derogación apunta a evitar superposiciones y concentrar los reclamos en canales especializados, con una respuesta más ágil y eficiente.
El Gobierno remarcó que, desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME lleva adelante una revisión integral de la normativa vigente. Según la información oficial, con estas nuevas bajas ya fueron derogadas 240 normas con el objetivo de simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de mayor transparencia al mercado.
La decisión vuelve a mostrar el rumbo desregulatorio de la política económica oficial. Para el Ejecutivo, la eliminación de normas en desuso o consideradas intervencionistas permite reducir trabas y ordenar el sistema. Para los consumidores y comercios, el cambio confirma el retiro del Estado de instrumentos que durante años buscaron incidir sobre precios, cuotas, financiamiento y controles administrativos.
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