Hasta 15 años de cárcel: el Congreso busca que el ecocidio tenga castigos penales
Política09/06/2026
REDACCIÓNEl proyecto incorpora nuevas definiciones al Código Penal y apunta a sancionar daños ambientales que afecten ecosistemas, recursos naturales y comunidades.
Un derrame que impida la recuperación de un ecosistema, una contaminación que afecte durante años a una región o una acción que provoque daños severos sobre el ambiente podrían recibir penas de prisión similares a las previstas para otros delitos graves. Esa posibilidad comenzó a tomar forma en el Senado con un dictamen que propone incorporar nuevas figuras penales vinculadas a la destrucción ambiental.
La iniciativa avanzó en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde obtuvo respaldo para continuar su tratamiento legislativo. El texto impulsa la creación de un régimen específico destinado a perseguir formas de criminalidad ambiental que hoy carecen de una tipificación detallada dentro del Código Penal.
Más allá de las sanciones previstas, uno de los aspectos centrales del proyecto pasa por establecer definiciones precisas para situaciones que suelen aparecer en conflictos ambientales complejos. La propuesta incorpora conceptos como daño ambiental irreversible, daño ambiental especialmente grave, ambiente y extensión espacial del daño ambiental, con el objetivo de reducir interpretaciones ambiguas en procesos judiciales.
La autora de la iniciativa, la senadora chubutense Edith Terenzi, destacó durante el debate que “hemos logrado enriquecer este dictamen con las sugerencias de varios senadores y entre las definiciones que incluimos en el artículo 77 del Código Penal y fueron las de daño ambiental irreversible, daño ambiental especialmente grave”. También señaló la incorporación del concepto de ambiente y de la extensión espacial del daño, cuestiones que consideró necesarias para una aplicación más clara de la norma.
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El texto introduce además una figura que en los últimos años ganó presencia en discusiones jurídicas internacionales: el ecocidio. La propuesta lo define como un daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental nacionales y provinciales, cuando esa conducta comprometa derechos de las generaciones actuales y futuras.
Dentro del esquema planteado, la gravedad del perjuicio tendrá incidencia directa sobre las penas. Cuando una persona provoque daños especialmente graves sobre el ambiente incumpliendo la normativa vigente, podrá recibir condenas de entre tres y diez años de prisión, además de una multa equivalente a 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la sentencia.
La escala penal aumenta de manera significativa cuando el deterioro resulte imposible de revertir. En esos casos, el proyecto prevé penas de entre cinco y quince años de prisión, junto con multas equivalentes a 70 salarios mínimos vitales y móviles, una diferencia que busca reflejar la magnitud del impacto producido sobre los ecosistemas afectados.
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La iniciativa también establece criterios para determinar cuándo un daño puede considerarse irreversible. La definición propuesta contempla aquellos casos en los que la regeneración natural del ecosistema no resulte posible dentro de un plazo razonable. A su vez, considera especialmente grave a cualquier deterioro que, por su extensión territorial o duración en el tiempo, comprometa el derecho de personas o comunidades a vivir en un ambiente sano.
La discusión parlamentaria combina aspectos penales y ambientales que habitualmente transitan por caminos separados. El proyecto no sólo apunta a castigar conductas, sino también a ofrecer herramientas concretas para la investigación judicial de hechos que produzcan consecuencias severas sobre recursos naturales y sistemas ecológicos.
La propuesta todavía debe atravesar nuevas etapas legislativas antes de una eventual sanción definitiva. Sin embargo, el avance del dictamen instala una referencia más exigente para los casos de daño ambiental grave y abre una instancia de debate sobre el alcance que podrían tener las responsabilidades penales frente a afectaciones permanentes del ambiente.
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