Ponen bajo la lupa la entrega del Minella y sospechan que pudo perjudicar al Estado

Actualidad10/06/2026

La concesión de uno de los complejos deportivos más importantes de Mar del Plata quedó envuelta en una investigación judicial que intenta reconstruir cómo se desarrolló el proceso de adjudicación y cuáles fueron las condiciones reales bajo las que se entregaron espacios estratégicos de la ciudad. La denuncia fue presentada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani y pone el foco sobre el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes incluidas en el acuerdo.

La causa busca esclarecer si existieron irregularidades administrativas que puedan derivar en responsabilidades penales. Según explicó Pettigiani, el primer paso será acceder a toda la documentación vinculada a la licitación y al convenio firmado para determinar qué obligaciones asumieron las partes y si esas condiciones se están cumpliendo.

“Se intentará determinar cuál es el estado de situación del convenio, conocer la documentación correspondiente”, señaló el fiscal. También indicó que una vez reunida la información se evaluará si corresponde avanzar con sanciones o establecer responsabilidades de quienes participaron en el procedimiento.

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Uno de los principales cuestionamientos planteados por la investigación gira alrededor de la falta de acceso público a los documentos vinculados a la adjudicación. Pettigiani sostuvo que ni la ciudadanía ni los propios concejales cuentan con información suficiente para controlar el alcance del acuerdo firmado.

“Veo muchas dudas de muchos marplatenses y de legisladores vinculadas al alcance de la adjudicación. Aunque parezca mentira, en lugar de estar pública la información del contrato y la licitación de los distintos escenarios municipales, no es así. Todo está en absoluto desconocimiento de la población y de los concejales, que tienen que controlar esto”, afirmó.

La investigación también incorpora otro elemento que elevó la preocupación sobre el proceso. Según explicó el fiscal, la empresa concesionaria mantiene antecedentes que actualmente son objeto de análisis por parte de la Justicia brasileña, una situación que motivó nuevas preguntas sobre los controles realizados antes de la adjudicación.

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“Esto nos llevó a pensar que se cometieron irregularidades en el proceso de licitación y a tener en cuenta que la empresa concesionaria está siendo investigada por graves delitos de la Justicia brasileña”, indicó. A partir de esa situación, la fiscalía intentará establecer si existieron omisiones o responsabilidades por parte de funcionarios locales.

De acuerdo con la denuncia, la empresa adjudicataria estaría vinculada a otra firma controlante involucrada en investigaciones por presuntos delitos económicos, entre ellos lavado de dinero. Pettigiani remarcó que la aprobación del procedimiento requirió la participación de distintos actores institucionales, tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante.

“La integración del acto administrativo requirió la participación de diversos funcionarios del Ejecutivo, con la participación de integrantes del Concejo Deliberante”, explicó. Por ese motivo solicitó que se remita toda la documentación relacionada con el expediente para analizar cada una de las intervenciones realizadas durante el trámite.

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La investigación no se limita únicamente al proceso de adjudicación inicial. También busca determinar qué ocurrió durante el año transcurrido desde el otorgamiento de la concesión y cuáles fueron los avances concretos que se registraron sobre las obras comprometidas.

“A un año de otorgada la obra, las obras deberían ser más relevantes o como mínimo conocer cuál es la responsabilidad que asumió la empresa y el por qué el Departamento Ejecutivo se niega a entregar información”, cuestionó Pettigiani.

El fiscal también expresó preocupación por posibles modificaciones posteriores a la adjudicación original. Según manifestó, cualquier cambio en las condiciones pactadas debería haber sido conocido y evaluado antes de la firma del contrato y no una vez entregados los espacios públicos.

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“No puede ser que se entregue una obra para que después se negocie con quien se quiera”, sostuvo. La frase resume uno de los ejes centrales de la investigación: establecer si la administración actuó resguardando adecuadamente los intereses del Estado.

Entre las figuras penales que podrían analizarse aparece la administración fraudulenta. Pettigiani explicó que la sospecha surge de la necesidad de verificar qué recibió efectivamente el municipio a cambio de la concesión otorgada y si existieron perjuicios para la administración pública.

“Se entregó una parte del complejo sin saber a cambio de qué. Puede ser que hayan sido burlados en su buena fe los funcionarios o que hayan actuando intencionalmente”, concluyó.