Rechaza frenar su marcha ante los fiscales y camina por la ruta por las muertes de su hija y su nieta

Mariana Aranda camina desde el norte provincial luego de soportar ocho meses de silencio institucional. Los fiscales intentaron contener la protesta en la ruta.

La movilización rústica sobre el asfalto salteño desnudó la impotencia de los despachos judiciales para contener un reclamo que se transformó en un hecho político inocultable. Mariana Aranda mantiene sus pies sobre las banquinas de las rutas provinciales con el objetivo firme de visibilizar la tragedia que destruyó a su familia. Los delegados del poder judicial interceptaron su paso en pleno trayecto interurbano para ofrecerle una contención que llegó tarde, luego de meses de paciente espera en el norte.

Los emisarios de la Procuración General de la Provincia ensayaron una maniobra de distracción institucional al proponerle una mesa de diálogo urgente en las oficinas de la localidad de Orán. La intención de los funcionarios ministeriales apuntaba a desactivar el impacto mediático de la movilización antes de que las columnas ingresen de forma definitiva al ejido urbano de la capital. La caminata expone el desfasaje real entre los tiempos de la burocracia y la desesperación de las familias afectadas por la desidia.

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Las autoridades judiciales comunicaron formalmente que le transmitieron a la mujer “la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia” para frenar el desgaste de la protesta. La respuesta de la damnificada ratificó su desconfianza hacia las promesas de último momento emanadas desde las esferas oficiales del gobierno provincial. Según los voceros del caso, “la mujer agradeció el ofrecimiento realizado, aunque manifestó su decisión de continuar con la caminata emprendida y expresó su deseo de mantener dicho encuentro una vez que arribe a la ciudad de Salta”.

La trágica secuencia que originó este drástico método de protesta ocurrió hace ya ocho meses en las instalaciones de la clínica San Antonio, ubicada en la ciudad de Tartagal. En ese centro asistencial médico privado perdieron la vida una adolescente de tan solo 15 años de edad y su pequeña hija recién nacida durante los procedimientos quirúrgicos de una cesárea programada. La falta de explicaciones médicas satisfactorias obligó a la abuela de la menor a convertir un dolor íntimo en una demanda penal por responsabilidades corporativas.

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El expediente penal que investiga los decesos marcha a paso lento en las oficinas fiscales norteñas sin registrar hasta el momento ninguna imputación formal contra los profesionales que participaron de la operación. Los peritos judiciales secuestraron las historias clínicas y requirieron diversos informes técnicos complementarios para desmenuzar las conductas del equipo médico interviniente. Los fiscales de la causa evalúan por estas horas profundizar los análisis científicos si el avance de las pruebas periciales de laboratorio lo exige de manera perentoria.

La extensión del trayecto que divide el punto de partida del destino final de la protesta supera ampliamente los 500 kilómetros de recorrido a pie bajo condiciones climáticas adversas. Aranda utiliza el desgaste físico de su propio cuerpo como una herramienta de presión pública para forzar el letargo de las fiscalías que cajonearon las denuncias iniciales de la familia. El sistema judicial de Salta enfrenta ahora la dura obligación de rendir cuentas sobre las medidas procesales pendientes que omitieron informar durante casi un año de instrucción secreta.

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Los representantes de la vindicta pública provincial intentan ahora revertir la imagen de deudas institucionales invitando a la mujer a formar parte activa de las decisiones procesales del legajo. Las oficinas de la Procuración comunicaron el desarrollo de diversas diligencias orientadas de forma exclusiva a evaluar el alcance penal de los hechos denunciados en Tartagal. Esta imprevista apertura burocrática busca otorgar a los parientes de las víctimas un acceso directo para controlar la investigación interna y proponer nuevos peritajes de control.

El doloroso caso golpea el centro de la escena civil norteña por involucrar la muerte evitable de una menor de 15 años en un quirófano de alta complejidad. La comunidad del departamento San Martín acompaña de manera activa el paso de la mujer en las redes sociales y mediante postas de asistencia a la vera de las rutas. Los médicos forenses analizan minuciosamente la planificación de la cirugía obstetricia para determinar si los cirujanos incurrieron en delitos tipificados por el Código Penal de la Nación.

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La llegada de la columna humana a las escalinatas de los tribunales de la ciudad de Salta marcará el inicio de la verdadera batalla legal por las responsabilidades médicas de la clínica San Antonio. La fiscalía de la capital provincial aguarda el arribo de la mujer para sentarla finalmente frente al equipo de investigadores que maneja las pericias forenses del caso. El desenlace de esta dramática movilización en la ruta dependerá enteramente de la voluntad real de los magistrados para transformar las promesas de diálogo en imputaciones efectivas contra los médicos responsables.

Fuente: NA.