Río Negro se aseguró una parte de la facturación de las represas y abrió otra discusión por el reparto de esos fondos

Actualidad12/06/2026

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves un nuevo esquema que permitirá a la provincia cobrar una retribución económica por el uso de sus recursos hídricos en tres de las principales centrales hidroeléctricas del país. La medida apunta a las concesiones de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila y reabre una discusión de larga data sobre quién debe beneficiarse de los ingresos generados por la energía producida en territorio rionegrino.

El proyecto establece que las concesionarias deberán pagar un canon anual equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. Además, la normativa contempla que ese porcentaje pueda alcanzar el 2% en aquellos casos donde exista un aprovechamiento compartido del recurso hídrico con Neuquén.

La iniciativa recibió un amplio respaldo legislativo. La votación general concluyó con 40 votos favorables y apenas cuatro rechazos, correspondientes a los legisladores Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García, integrantes del bloque PJ-NE.

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Aunque existió consenso sobre la necesidad de fortalecer los recursos provinciales vinculados a las represas, el debate giró rápidamente hacia otro punto: el destino de esos ingresos. Distintos sectores de la oposición reclamaron que una parte de los fondos sea coparticipada con los municipios, especialmente aquellos que conviven con el impacto directo de la actividad hidroeléctrica.

Desde el oficialismo rechazaron esa posibilidad y defendieron el esquema previsto en la ley. Según explicaron durante la sesión, los recursos serán destinados a un Fondo Hidráulico orientado a obras y tareas de mantenimiento de canales y sistemas de agua en distintas regiones de Río Negro.

La discusión también dejó expuestas diferencias sobre las proyecciones económicas vinculadas al nuevo canon. Mientras el Gobierno estima que la recaudación podría crecer hasta alcanzar unos 40 millones de dólares, algunos legisladores opositores plantearon dudas sobre esos cálculos y pidieron precisiones respecto de los mecanismos utilizados para proyectar esos ingresos.

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La legisladora Lorena Yensen, de Juntos Somos Río Negro, defendió la iniciativa y sostuvo que la aplicación del canon representa una expresión concreta del federalismo. Desde otros bloques hubo acompañamiento al proyecto, aunque acompañado por propuestas de modificaciones vinculadas a la composición y alcance de los recursos que integrarán el nuevo esquema.

Entre las voces críticas, Magdalena Odarda consideró que la discusión llegó tarde porque las concesiones ya habían sido otorgadas meses atrás. También insistió en que los municipios deberían participar de los ingresos generados por la explotación hidroeléctrica. En la misma línea, José Luis Berros cuestionó que la Provincia concentre la totalidad de los recursos y expresó reparos sobre la administración futura de esos fondos.

Más allá de las diferencias, el debate dejó en evidencia una coincidencia transversal respecto del valor estratégico que tienen las represas para Río Negro. La discusión ya no gira únicamente sobre la generación de energía, sino también sobre la participación provincial en los beneficios económicos derivados de la utilización de recursos naturales que pertenecen a las provincias.

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En la misma sesión, la Legislatura aprobó además la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo respaldo unánime y fue presentada por el oficialismo como una herramienta destinada a simplificar trámites y evitar duplicaciones administrativas para quienes realicen inversiones alcanzadas por el régimen.

El apoyo al RIMI reunió a oficialistas y opositores, aunque con matices. Mientras algunos bloques destacaron la posibilidad de generar empleo y facilitar inversiones privadas, otros insistieron en que los beneficios otorgados deben traducirse en resultados concretos para Río Negro. El planteo más repetido fue que las nuevas inversiones deben dejar un impacto tangible sobre la economía provincial y no limitarse únicamente al desarrollo de grandes proyectos.