Una campaña pública busca que Diputados trate la asistencia médica para morir, con proyectos vigentes, objeción de conciencia y debate sanitario.
Más de 5.400 personas ya firmaron una carta pública para pedir que el Congreso trate una ley de eutanasia en Argentina. La iniciativa busca instalar en la agenda legislativa el acceso a la asistencia médica para morir y al suicidio asistido. El reclamo aparece en un escenario donde existen proyectos con estado parlamentario, pero ninguno llegó a debatirse en comisiones ni en el recinto.
La carta fue impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, un espacio que acaba de formalizarse con nombre y logo. Detrás de esa presentación participan profesionales que trabajan desde hace años en temas de bioética, derechos humanos, salud y autodeterminación al final de la vida. El objetivo inmediato es que la Cámara de Diputados habilite una discusión pública, plural y con intervención de especialistas.
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El texto plantea que el país necesita una norma para situaciones de padecimiento extremo. “En determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida”, señala el documento. La carta sostiene ese posicionamiento en el respeto por la autonomía, la dignidad y la libertad individual.
En Argentina, hoy no existe una legislación que permita acceder a la eutanasia ni al suicidio asistido. La diferencia entre ambos procedimientos se vincula con quién administra la sustancia letal. En la eutanasia lo hace un profesional de la salud, mientras que en el suicidio asistido la administra la propia persona solicitante, luego de acceder a ella por una vía legal.
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El Congreso cuenta con al menos cinco proyectos de ley sobre el tema en la Cámara de Diputados. Esas iniciativas tienen estado parlamentario y, por lo tanto, están en condiciones de ser analizadas por las comisiones correspondientes. Sin embargo, el tema nunca avanzó hacia una discusión formal, pese a la insistencia de legisladores que ya presentaron propuestas en más de una oportunidad.
Entre los nombres que impulsaron proyectos aparecen Julio Cobos y Miguel Ángel Pichetto, además de otros legisladores que acompañaron iniciativas sobre la materia. La nueva campaña busca superar los textos aislados mediante un proyecto transversal. Esa estrategia apunta a reunir apoyos de distintos bloques y ordenar un debate que hasta ahora permanece pendiente.
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El médico obstetra Mario Sebastiani, ex presidente e integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano, explicó el sentido de la carta. “Lo que hicimos varias de las personas que venimos hablando y trabajando en el tema desde hace tiempo fue redactar una carta con la que pretendemos avanzar en un proyecto transversal, en el que se puedan poner de acuerdo no sólo los autores sino también los demás firmantes de los distintos proyectos que ya existen”, afirmó. Su planteo ubica la iniciativa como una herramienta para transformar adhesiones sociales en actividad legislativa concreta.
El documento también propone que una eventual ley incluya la objeción de conciencia para trabajadores de la salud. Ese punto permitiría que profesionales que se declaren objetores no estén obligados a ejecutar la práctica. La inclusión de esa cláusula busca ordenar derechos de pacientes y responsabilidades del sistema sanitario dentro de un marco regulado.
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Sebastiani sostuvo además que el proyecto debería contemplar casos que no se limiten a cuadros terminales o padecimientos físicos insoportables. “A la vez, apuntamos a que un proyecto transversal no sólo contemple un cuadro terminal o de padecimiento insoportable en términos de salud física, sino también a casos de salud mental, sobre los que por supuesto la supervisión y evaluación de las solicitudes deberá ser muy caso por caso”, señaló. Esa definición introduce una dimensión especialmente sensible, que exigiría controles estrictos y evaluaciones individualizadas.
La carta reunió adhesiones de referentes de distintas disciplinas, entre ellos juristas, escritores, artistas e investigadores. Entre los firmantes aparecen Ricardo Gil Lavedra, Aída Kemelmajer de Carlucci, Roberto Gargarella, Mauricio Kartún, Claudia Piñeiro, Mercedes Morán, Laura Novoa, Dora Barrancos, Camila Perochena, Diana Maffía, Pablo Semán y Maristella Svampa. Para los impulsores, esos respaldos pueden ayudar a que el debate llegue a las comisiones de Salud, Legislación General u otras áreas con competencia en el tema.
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El antecedente regional más reciente es Uruguay, que en octubre del año pasado sancionó una ley de eutanasia. Hace menos de un mes se concretó allí el primer procedimiento bajo esa normativa, solicitado por una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal. Ese caso volvió a colocar la discusión en la región, donde aún son pocos los países que reconocen legalmente la eutanasia o el suicidio asistido.
En Argentina, varias personas recurrieron a la Justicia para intentar acceder a una muerte médicamente asistida por sus condiciones de salud. Entre los casos más conocidos estuvieron los de Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica. También tomó relevancia el caso de María del Carmen Ludueña, quien murió en enero después de haber pasado siete años postrada y mientras esperaba una autorización judicial en la provincia de Buenos Aires.
El pedido de las 5.400 firmas no define por sí mismo una ley, pero sí marca un intento de empujar el tema hacia una instancia institucional. La discusión pendiente será si Diputados abre finalmente el tratamiento de los proyectos y convoca a especialistas con posiciones diversas. El punto inmediato está en que el reclamo social ya existe, los proyectos están presentados y el Congreso todavía no inició el debate formal.
Fuente: Infobae
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