Una vecina llamó al 911, frenó un ataque brutal y el agresor terminó condenado

Policiales13/06/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La denuncia de una mujer expuso meses de amenazas, ataques e intentos de incendio. El agresor recibió una pena de prisión efectiva y fue declarado reincidente por segunda vez.

Los gritos que llegaban desde el interior de la casa movilizaron a la Policía y derivaron en la detención de un hombre.
Los gritos que llegaban desde el interior de la casa movilizaron a la Policía y derivaron en la detención de un hombre.

Una llamada de emergencia realizada por una vecina terminó siendo determinante para poner fin a una secuencia de violencia que se había extendido durante varios meses en una vivienda precaria de la localidad salteña de Cerrillos. Los gritos que llegaban desde el interior de la casa movilizaron a la Policía y derivaron en la detención de un hombre de 47 años que ahora fue condenado a prisión efectiva por una serie de hechos cometidos contra una trabajadora de la construcción.

La resolución judicial estableció una pena de nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo y además declaró al acusado reincidente por segunda vez. La condena surgió a partir de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado durante una audiencia de control de prisión preventiva y posteriormente homologado por el juez de Garantías del Distrito Centro, Ignacio Colombo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio encontraron una situación crítica. Horas antes, durante la madrugada del 15 de mayo, el hombre había irrumpido en la vivienda luego de romper la puerta de ingreso. Una vez dentro atacó físicamente a la mujer, la arrojó sobre una cama, le dio una patada en el rostro, la hirió con un cuchillo en una pierna y volvió a amenazarla de muerte.

Ese episodio no apareció de manera aislada. La investigación reconstruyó una sucesión de agresiones ocurridas entre octubre de 2025 y mayo de 2026 en una casa ubicada en el barrio Los Paraísos. Durante ese período, el acusado se presentó reiteradamente en el lugar, provocó daños materiales y mantuvo una conducta intimidatoria que fue aumentando en intensidad con el paso de los meses.

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Uno de los aspectos considerados durante el proceso fue la relación que existía entre ambos. La mujer trabajaba como ayudante de albañil para el ahora condenado, una situación que colocaba a las partes en una relación desigual. Los investigadores también tuvieron en cuenta la vulnerabilidad económica de la víctima al momento de analizar el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Las agresiones incluyeron daños permanentes sobre la vivienda. En distintas ocasiones el hombre golpeó puertas y paredes de la estructura de madera, lanzó bloques contra el inmueble y provocó destrozos que afectaron la precaria construcción. Cada nuevo episodio se sumó a una secuencia que avanzó desde las amenazas hacia hechos cada vez más violentos.

La causa acreditó además dos intentos de incendio ocurridos en momentos distintos. En uno de ellos el agresor roció una cortina con alcohol y le prendió fuego. Poco después regresó a la propiedad, volvió a amenazar a la mujer, esparció nafta alrededor de la vivienda y provocó otro foco ígneo. Durante ese ataque también arrancó el medidor eléctrico, dejando la casa sin suministro de energía.

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La Fiscalía Penal de Cerrillos sostuvo la acusación a través del auxiliar fiscal Roque López Hinojo, quien intervino en representación del Ministerio Público Fiscal. Entre los elementos incorporados al expediente se valoró la reiteración de conductas violentas y la progresiva gravedad de los hechos denunciados.

Dentro de las medidas complementarias dispuestas por la Justicia se ordenó el decomiso del cuchillo secuestrado durante la investigación y la extracción de datos genéticos para su incorporación a los registros correspondientes. También se dispuso la intervención de los organismos competentes para cumplir con las actuaciones derivadas de la condena.

La sentencia incluyó además una medida vinculada a la protección de la víctima. La mujer deberá ser informada cuando el condenado recupere la libertad. Paralelamente, se ordenó que el Servicio Penitenciario arbitre los medios necesarios para que el hombre reciba tratamiento por consumo problemático de alcohol durante el cumplimiento de la pena.

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