Siete "Gendarmes narcos" integraban una red delictiva que fue desmantelada
Policiales13/06/2026
REDACCIÓNEl Tribunal Oral Federal Número 2 de Salta dictó sentencias de hasta 15 años de prisión para siete individuos vinculados a una red dedicada al tráfico de cocaína, cerrando un proceso judicial que dejó en evidencia la complicidad interna dentro de la fuerza federal.
La organización, que operaba con una sofisticada estructura logística, fue desarticulada tras dos operativos clave realizados durante 2024 en la provincia. La jueza Gabriela Catalano, quien presidió el tribunal, destacó la gravedad de la maniobra al resaltar que el cargamento, de 334 kilos de cocaína, tenía un nivel de pureza del 84 por ciento, suficiente para producir más de 2.700.000 dosis.
Las penas más severas recayeron sobre Richar Ariel Delgado (gendarme exonerado) y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza (finquero de Orán), ambos sentenciados a 15 años por su rol de coautores en el transporte de estupefacientes. Con una condena de 14 años se ubicó a Jonathan Leonel Ostapowicz, mientras que Adrián Emilio Escarlata, otro efectivo exonerado, deberá cumplir 12 años de prisión. La estructura delictiva se completó con Diego Hernán Delgado, cabo primero que prestaba servicios en Campo de Mayo al momento de su detención, quien recibió una condena de nueve años por aprovechar su condición de funcionario público.
OTRAS NOTICIAS:
La red lograda por esta banda incluía el uso intensivo de vehículos de alta gama, los cuales fueron confiscados por orden del tribunal tras la sentencia. El decomiso definitivo abarca una propiedad en la ciudad de Orán y tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— que servían para el traslado del estupefaciente a través de las rutas salteñas. Este despliegue de recursos daba cuenta de una red que contaba con recursos suficientes para sostener operaciones de gran escala sin levantar sospechas inmediatas.
Los hechos que derivaron en esta condena fueron interceptados en dos momentos puntuales del año pasado. El primer cargamento fue capturado en mayo de 2024, en la localidad de General Pizarro, mientras que el segundo golpe contra la organización se registró en octubre, en la zona de Rosario de la Frontera. La investigación, liderada por el fiscal Ricardo Toranzos del Área de Casos Complejos, permitió pasar de un procedimiento inicial de flagrancia a una causa mayor que reveló la participación activa de personal con formación militar.
OTRAS NOTICIAS:
La participación dentro de la banda presentaba grados variables de responsabilidad, con integrantes que cumplían roles periféricos. En este sentido, Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores —este último un aspirante a ingresar a la fuerza— fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Estas penas menores responden a su calidad de partícipes secundarios, dejando en claro que el tribunal diferenció los niveles de mando y ejecución dentro de la estructura narco desbaratada.
El discurso de la jueza Catalano durante la lectura de la sentencia puso el foco en la dimensión del daño social que la organización estaba dispuesta a causar. “Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, señaló ante los presentes en la sala. El magistrado Domingo Batule y el juez Diego Matteucci compartieron el criterio del tribunal sobre el peligro que representaba la infiltración del narcotráfico en las filas de Gendarmería.
OTRAS NOTICIAS:
Más allá del impacto numérico de la incautación, el tribunal enfatizó la dimensión ética del delito cometido por quienes juraron proteger el orden. “La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, sostuvo el panel de jueces. La condena busca, en última instancia, enviar un mensaje sobre la incompatibilidad entre la función pública y el crimen organizado, castigando no solo la tenencia de droga sino el uso del uniforme para facilitar el tráfico.
El trabajo investigativo que permitió llegar a este veredicto fue realizado en conjunto por la Unidad Fiscal Salta y personal especializado de la PDI. El éxito de las tareas de campo y la recolección de pruebas electrónicas resultaron cruciales para acreditar los roles de cada integrante. Tras este fallo, el caso se considera cerrado en primera instancia, aunque queda abierta la posibilidad de apelaciones por parte de las defensas técnicas de los condenados.
OTRAS NOTICIAS:
La desarticulación de esta estructura narcocriminal se suma a los esfuerzos locales por frenar el paso de cargamentos pesados por el norte argentino. Con la confirmación de las penas y el decomiso de los activos utilizados por la banda, el Poder Judicial de Salta completa una etapa necesaria para sanear las instituciones involucradas. El foco queda ahora en monitorear si el desmantelamiento de este grupo impacta de forma duradera en el flujo de estupefacientes por la zona.
Te puede interesar
