Cae el encubrimiento policial por el caso del hombre quemado con alcohol y torturado

La Dirección de Asuntos Internos arrestó a nueve efectivos que armaron un acta falsa para ocultar que habían prendido fuego a un vecino en un procedimiento ilegal.

La simulación de un accidente de persecución armada por la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe quedó desarticulada por completo ante los tribunales de Rosario. Las órdenes de captura ejecutadas contra casi una decena de uniformados pusieron fin a una maniobra de encubrimiento corporativo que se extendió por más de dos años. Los peritajes demostraron que el incendio de la víctima no fue un hecho fortuito de un sospechoso, sino el resultado directo de una agresión física extrema dentro de una vivienda particular.

La gravedad de la maniobra delictiva ejecutada por las dotaciones de calle derivó en la apertura de un expediente penal con calificaciones severas en los tribunales ordinarios. La investigación que encabeza el fiscal Pablo Socca encuadró el comportamiento de la patrulla bajo los cargos de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido por funcionarios policiales. El Ministerio Público Fiscal sumó además los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La nómina de los integrantes de la fuerza que fueron pasados a disponibilidad y privados de su libertad incluye a los suboficiales David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano C., Isaías B., Estela B. y María Eugenia N. El noveno implicado en el expediente es el agente Jesús Balais, quien ya permanecía alojado en la cárcel federal de Ezeiza cumpliendo una condena previa por otra causa de corrupción ligada al robo de estupefacientes y dinero en efectivo. Las detenciones masivas fueron concretadas por los grupos de irrupción de la Dirección de Asuntos Internos.

Los hechos que originaron la caída del relato institucional se remontan a mayo de 2024, en las inmediaciones de la calle Larrechea, dentro del barrio Parque Casas. La reconstrucción judicial determinó que un vecino de 42 años fue interceptado al salir de la vivienda de un familiar por una camioneta policial que lo obligó a subir bajo amenazas de muerte. Los efectivos trasladaron al civil hacia una estructura cercana con el objetivo de obligarlo a autoincriminarse como propietario de una mochila con elementos comprometedores.

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Los tormentos aplicados para fraguar la evidencia sumaron un grado de violencia extrema cuando los efectivos pasaron de los golpes de puño al uso de combustibles en el piso de la propiedad. Uno de los policías vació una botella de alcohol etílico sobre el cuero cabelludo de la víctima, mientras un segundo implicado aproximaba la llama de un encendedor para amedrentarlo. El ataque escaló hasta provocar el encendido directo del cuerpo del damnificado, quien debió introducir su cabeza en un inodoro en un intento desesperado por sofocar las llamas.

La falsificación del acta de procedimiento posterior buscaba justificar las lesiones críticas mediante una supuesta persecución en la que el sospechoso se habría quemado a sí mismo al intentar destruir el bolso. Los investigadores de Asuntos Internos constataron que los datos volcados en el instrumento público de la dotación eran completamente falsos y tenían como única meta salvar la responsabilidad de la cuadrilla. Las contradicciones entre las declaraciones de los testigos civiles y los registros de los móviles destruyeron la coartada oficial.

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La víctima sobrevivió al ataque tras permanecer meses bajo cuidados críticos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con quemaduras severas en gran parte de la superficie corporal. Las complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de gases calientes obligaron a los equipos médicos del shockroom a practicarle una traqueotomía de urgencia. A pesar de recibir el alta médica definitiva tras un largo tratamiento, el paciente quedó con secuelas irreversibles que anularon su capacidad de emitir sonidos con normalidad.

La imposibilidad de hablar obligó a los funcionarios judiciales a adecuar los protocolos de toma de testimonio para resguardar la validez de la prueba central de la causa. El hombre debió presentar su declaración fundamental por vía escrita ante la fiscalía, detallando cada una de las identidades de los policías que participaron de la tortura en Parque Casas. El relato pormenorizado de las quemaduras sufridas en la cara, el cuello, la cabeza y las manos coincidió de manera exacta con los informes periciales médicos de los laboratorios forenses.