La causa reveló una red que marcaba camionetas en la calle, forzaba sistemas de arranque y usaba equipos tecnológicos para operar sobre los vehículos.
Máquinas de impresión 3D, escáneres, cortadoras automáticas de llaves y un programador de llaves quedaron en manos de la Justicia después de una serie de allanamientos contra una red dedicada al robo de camionetas Toyota Hilux. El material secuestrado mostró que la organización no actuaba solo con herramientas básicas, sino con recursos orientados a intervenir vehículos y autopartes. La investigación terminó con los dos presuntos jefes de la “Banda de las Hilux” procesados con prisión preventiva por asociación ilícita.
La causa apunta a una estructura que robó 25 camionetas Toyota y las trasladaba hacia Jujuy, según los datos incorporados al expediente. La red quedó bajo investigación después de una denuncia realizada a principios de mayo por una mujer a la que le sustrajeron su vehículo en la calle Cubas al 3400, en el barrio porteño de Núñez. A partir de ese caso, los investigadores detectaron un circuito más amplio que conectaba robos en la Ciudad de Buenos Aires, el sur del conurbano bonaerense y la capital jujeña.
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El primer dato operativo surgió por geolocalización y llevó a los detectives hasta un domicilio de Ezeiza. Allí encontraron la camioneta denunciada con el tambor del sistema de arranque forzado. En el mismo lugar también aparecieron otras dos camionetas de la misma marca, sustraídas previamente en las zonas de Núñez y Belgrano.
El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del método utilizado por la banda. Los investigadores detectaron que la organización usaba un Fiat Argo y una Ford EcoSport como vehículos de apoyo en la vía pública. Desde esos autos, según la pesquisa, los integrantes marcaban camionetas Hilux y SW para abrirlas después de que quedaran estacionadas.
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La pesquisa quedó radicada en la Fiscalía de Núñez y Saavedra, a cargo de José María Campagnoli. Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó órdenes de registro en distintos puntos de Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Lomas de Zamora, El Jagüel, Llavallol, Berazategui, Quilmes y el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Los procedimientos quedaron a cargo de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad.
Los allanamientos fueron 16 y contaron con aval del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 18, encabezado por Alfredo Godoy, junto con la Secretaría número 156 de Darío Rinaldi. Para concretarlos, la Justicia envió exhortos a los juzgados de garantías correspondientes en cada jurisdicción. Esa coordinación permitió actuar en simultáneo sobre domicilios vinculados a la presunta logística de la organización.
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El secuestro incluyó 26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas. También se incautaron herramientas de mano, autopartes, 38 llaves de vehículos, siete patentes, cuatro de ellas con pedido de secuestro, y una escopeta de doble cañón calibre 16 con cartuchos. La cantidad y variedad de elementos incorporó a la causa una dimensión tecnológica vinculada con la sustracción y eventual alteración de vehículos.
El juez Godoy dictó la prisión preventiva para el jefe y el lugarteniente de la banda. La resolución también notificó a otras diez personas que permanecen vinculadas a la causa penal por asociación ilícita. Además, un tercer hombre quedó detenido por tenencia ilegal de arma de fuego durante el avance de las medidas.
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Los riesgos procesales pesaron de manera directa en la decisión judicial. El principal imputado registraba antecedentes y en septiembre del año pasado recuperó la libertad después de una condena por encubrimiento reiterado a dos años de prisión en suspenso. El segundo cabecilla también quedó bajo arresto preventivo porque tenía vigente una suspensión de proceso a prueba ante el Tribunal Oral Criminal número 10 de Lomas de Zamora por robo agravado en concurso con encubrimiento.
La causa dejó al descubierto una operatoria que combinaba vigilancia callejera, vehículos de apoyo, herramientas de apertura y un posible circuito de traslado hacia otra provincia. El expediente no se limita a los robos puntuales, porque la imputación por asociación ilícita apunta al funcionamiento coordinado de la red. El tramo pendiente será determinar el rol de cada persona vinculada y el destino final de las camionetas que ya no aparecieron durante los procedimientos.
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