Tres meses después del naufragio, una pelea judicial frena las respuestas que espera una familia

Más de cien días después del hundimiento del pesquero Heleno A en el Golfo San Matías, la principal pregunta sobre el destino de Roberto Jacinto Carvajal sigue sin respuesta. El maquinista naval desapareció durante el naufragio ocurrido el 25 de febrero y la investigación permanece inmovilizada por una disputa entre fueros judiciales que todavía no encuentra resolución.

La incertidumbre golpea especialmente a su familia, que espera conocer qué ocurrió en los minutos posteriores al accidente. A la falta de certezas sobre las causas del hundimiento se suma ahora una demora judicial que impide profundizar las actuaciones. El expediente pasó por distintos tribunales sin que ninguno aceptara intervenir de manera definitiva.

La abogada Marianela Holm Bengoa, representante de la viuda de Carvajal, explicó que durante el siniestro sobrevivieron cuatro tripulantes, pero no ocurrió lo mismo con el maquinista. Según indicó, "el buque se hundió vuelta campana en febrero de este año, habiendo podido sobrevivir a los hechos cuatro tripulantes, excepto Roberto Carvajal".

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Uno de los aspectos que más inquieta a la familia surge de los testimonios obtenidos tras el accidente. De acuerdo con la letrada, los sobrevivientes señalaron que lograron ubicar a Carvajal dentro de la embarcación en el momento del vuelco. Sin embargo, todavía no existe una explicación clara sobre lo que ocurrió después ni sobre las razones por las que no pudo alcanzar un salvavidas.

Las dificultades para reconstruir los hechos también están vinculadas a las condiciones en que quedó el barco. Holm Bengoa señaló que "se halló el barco y se conoció que está a más de 109 metros de profundidad, por lo que no pudieron bajar los buzos". Esa situación limitó la posibilidad de obtener información directa desde la embarcación una vez finalizado el operativo de búsqueda.

Mientras tanto, el expediente comenzó un extenso recorrido por distintos despachos judiciales. La Fiscalía Federal de Viedma impulsó inicialmente una hipótesis relacionada con abandono de persona, pero luego solicitó apartarse de la causa. El caso pasó a la justicia provincial, donde tampoco prosperó. Tribunales de Viedma y San Antonio Oeste se declararon incompetentes por diferentes interpretaciones sobre la jurisdicción que corresponde aplicar.

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Para la representante legal de la familia, la discusión jurídica no debería existir. La abogada sostuvo que "eso no tiene que ver, porque así lo dice la Constitución en el artículo 116: las causas de almirantazgo son de competencia federal". Sin embargo, el conflicto terminó generando una situación de "incompetencia negativa", ya que ningún tribunal aceptó continuar con la investigación.

Esa controversia obligó a elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que ahora deberá determinar quién tiene la responsabilidad de intervenir. El problema es que no existe un plazo establecido para esa definición. Según advirtió Holm Bengoa, "por una cuestión lógica la investigación no puede avanzar hasta que no se haya declarado competencia".

La demora no afecta solamente la causa penal. También quedaron frenadas otras acciones impulsadas por la familia. Entre ellas figura una medida cautelar presentada contra el seguro del buque, identificado como La Caja S.A., además de trámites vinculados con la presunción de fallecimiento necesaria para acceder a derechos laborales derivados del accidente.

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El expediente incorpora además cuestiones empresariales. La letrada explicó que la empresa que contrató a los tripulantes no coincide con la propietaria de la embarcación. Según precisó, el barco pertenece a Manto Sagrado, mientras que la firma armadora es Puerto Agostino S.A., con domicilio en Mar del Plata. Esos elementos podrían adquirir relevancia cuando la investigación retome su curso.

La situación recuerda otro antecedente que sigue sin resolución. Holm Bengoa mencionó el caso del pescador artesanal Matías Rocco, ocurrido cerca de Punta Colorada, donde también se produjo un conflicto de competencias entre la justicia federal y la provincial. Para la abogada, ambos expedientes muestran un mismo problema institucional que termina demorando las respuestas para las familias involucradas.

Mientras la Corte define quién debe investigar, las dudas centrales permanecen intactas. Holm Bengoa sostuvo que "no se ha podido aún clarificar qué es lo que sucedió" y remarcó que el capitán del buque todavía no declaró porque atraviesa un tratamiento psicológico. En ese escenario, la familia de Roberto Carvajal continúa esperando que la causa salga del laberinto judicial y permita reconstruir qué ocurrió aquella mañana en el Golfo San Matías.