
La Fiscalía y la Defensa pidieron homologar un juicio abreviado contra Ricardo Oyarzun, acusado de lesiones leves y amenazas. El juez resolverá el acuerdo.

Ricardo Oyarzun, de 66 años, aceptó su responsabilidad en una causa por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género, pero la resolución final todavía dependerá del juez Ariel Quiroga. Las partes solicitaron la homologación de un acuerdo de juicio abreviado durante una audiencia realizada en Sarmiento. El magistrado informó que analizará la seriedad y el alcance del convenio antes de comunicar su decisión dentro del plazo legal.
El caso se trató este martes por la mañana en la sala de audiencias N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Allí, las representantes de la Fiscalía y del Ministerio de la Defensa Pública plantearon un acuerdo para cerrar el expediente mediante el procedimiento abreviado. La propuesta incluye una pena de un año de prisión en suspenso y una serie de reglas de conducta durante dos años.


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La investigación se originó por un hecho ocurrido el jueves 11 de septiembre de 2025, alrededor de las 14, en una vivienda ubicada sobre la avenida 2 de Abril. Según consta en la denuncia, Oyarzun agredió físicamente a la pareja de su hijo. También fue denunciado por haber amenazado verbalmente a la víctima en el mismo contexto.
La procuradora Marisol Sandoval, acompañada por la funcionaria Tamara Bernardi, expuso el hecho investigado ante el juez. La Fiscalía encuadró la conducta atribuida al imputado como lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género. Además, presentó los medios de prueba testimoniales y documentales reunidos durante la investigación.
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La representante del Ministerio de la Defensa Pública acompañó el pedido de homologación del acuerdo propuesto por la acusación. En ese marco, Oyarzun reconoció la existencia del hecho, admitió su participación y aceptó la pena consensuada por su defensa y las acusadoras. Ese reconocimiento resulta central para que el proceso pueda resolverse bajo la modalidad abreviada, aunque la validación judicial todavía no fue dictada.
El acuerdo establece que, si el juez lo homologa, Oyarzun recibirá una condena de un año de prisión en suspenso. Eso implica que no cumpliría prisión efectiva, siempre que respete las condiciones impuestas durante el plazo fijado. Entre esas obligaciones se incluye fijar residencia y someterse al cuidado del patronato.
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Las reglas de conducta también contemplan restricciones directas para proteger a la víctima. El imputado deberá cumplir una prohibición absoluta de contacto y acercamiento personal en un radio de 200 metros. Tampoco podrá comunicarse por teléfono ni por cualquier otro medio, según el contenido del acuerdo presentado en la audiencia.
Además de esas restricciones, las partes incluyeron otras pautas vinculadas con la conducta futura del acusado. Oyarzun tendrá prohibido abusar de bebidas alcohólicas y deberá someterse a un tratamiento psicológico. También deberá realizar y acreditar un curso sobre violencia de género, como parte de las condiciones previstas por el convenio judicial.
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Antes de resolver la homologación, el juez Quiroga dictó una medida preventiva de prohibición de acercamiento y contacto entre el imputado y la víctima. Esa restricción tendrá una vigencia de 10 días o se mantendrá hasta el dictado de la sentencia judicial, según ocurra primero. La decisión busca sostener una protección inmediata mientras el tribunal analiza si valida el juicio abreviado.
La causa quedará ahora a la espera de la resolución del magistrado. Si el acuerdo es homologado, la pena y las reglas de conducta pasarán a integrar la sentencia. El punto pendiente es la evaluación judicial sobre el alcance del convenio, en un expediente que ya cuenta con el reconocimiento del imputado y con la conformidad de la víctima para aplicar este procedimiento.
Fuente: MPF Chubut
















