Un prostíbulo quedó bajo embargo para pagar $65 millones a una víctima de trata
Policiales16/06/2026
REDACCIÓNLa Justicia federal ordenó que el inmueble donde ocurrió la explotación sexual sirva para afrontar una indemnización millonaria. La resolución también incluyó una pena de prisión para el responsable.
Un local comercial de Concepción del Uruguay quedó alcanzado por una medida de decomiso y embargo preventivo luego de una sentencia federal que dispuso una reparación económica de 65.292.000 pesos para una mujer que fue víctima de explotación sexual cuando era adolescente. La decisión busca que los bienes vinculados al delito contribuyan al cumplimiento de la indemnización fijada por la Justicia.
La resolución estableció además que, si los recursos obtenidos superan el monto necesario para cubrir esa reparación, el remanente deberá destinarse al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. De esa manera, el fallo incorporó una dimensión patrimonial orientada a la asistencia de personas afectadas por este tipo de delitos.
La medida formó parte de una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, donde la jueza Mariela Emilce Rojas condenó a Rubén Alberto Cabra, alias “Petro”, a diez años de prisión. La magistrada intervino de forma unipersonal y evaluó tanto las consecuencias sufridas por la víctima como la responsabilidad penal del acusado.
El expediente reconstruyó hechos que comenzaron en 2006, cuando una joven de 17 años, oriunda de la ciudad chaqueña de Villa Ángela, aceptó una propuesta laboral que resultó falsa. Esa oferta derivó en su traslado hacia Entre Ríos, donde quedó atrapada en una situación de explotación que se prolongó durante varios años.
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La investigación determinó que el destino fue un establecimiento conocido como Snack Bar, ubicado en Concepción del Uruguay. Allí la adolescente fue obligada a prostituirse y permaneció sometida a un esquema de violencia física y amenazas que condicionó su permanencia en el lugar.
La sentencia describió que la víctima atravesó esa situación hasta octubre o noviembre de 2008. Durante ese período, el control ejercido sobre ella incluyó agresiones y mecanismos de intimidación que impidieron que pudiera abandonar el ámbito donde era explotada.
Al momento de definir la responsabilidad penal, la jueza consideró acreditados los delitos de “promoción y facilitación de la prostitución, agravado por haber mediado engaño y amenaza y trata de personas”. Esa calificación reunió los distintos elementos que surgieron de la acusación y de la prueba analizada durante el proceso judicial.
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La reparación económica incorporada al fallo coincidió con lo solicitado por la fiscal Josefina Minatta durante su alegato. La resolución no se limitó a establecer una pena de prisión, sino que también avanzó sobre mecanismos destinados a resarcir el daño sufrido por la damnificada.
La combinación entre condena penal, indemnización millonaria y afectación de bienes vinculados al lugar donde ocurrieron los hechos colocó al patrimonio relacionado con el delito dentro de las medidas ordenadas por la Justicia. La ejecución de esas disposiciones será determinante para concretar el pago establecido en favor de la víctima.
La causa cerró una instancia judicial sobre hechos ocurridos hace casi dos décadas, aunque la aplicación efectiva de las medidas patrimoniales dispuestas seguirá formando parte de las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento integral de la sentencia.
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