La iniciativa incluye normas sobre reuniones privadas, medios de comunicación, mapas, tecnología, turismo y hasta el registro de palomas mensajeras.
Un paquete de alrededor de 70 leyes nacionales podría desaparecer del ordenamiento jurídico argentino si el Senado avanza con el proyecto conocido como Ley Hojarasca, una propuesta que apunta a eliminar normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la realidad actual. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y esta semana buscará superar una instancia decisiva en la Cámara alta.
El tratamiento quedó previsto para un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo intentará reunir las firmas necesarias para emitir dictamen. La intención expresada por voceros parlamentarios es acelerar el trámite legislativo para que la propuesta llegue al recinto y complete su sanción antes de finalizar el mes.
La discusión reúne disposiciones aprobadas en distintas etapas de la historia argentina. Algunas surgieron durante gobiernos militares, otras durante administraciones constitucionales, pero todas integran un mismo listado elaborado bajo el criterio de que perdieron vigencia o ya no responden a las necesidades actuales.
Entre las normas incluidas aparece una disposición de 1973 que obliga a informar previamente la realización de reuniones públicas en lugares cerrados y habilita la intervención policial. El proyecto sostiene que esa ley “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.
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El alcance de las derogaciones también llega al sistema de medios de comunicación. Una ley de 1975 exige que radios y canales de televisión destinen todos los días al menos una hora a contenidos vinculados con el turismo nacional. Otra norma incorporada al listado limita la participación extranjera en empresas periodísticas mediante un tope accionario.
La propuesta incluye además regulaciones asociadas a tecnologías y actividades económicas que hoy funcionan bajo condiciones completamente diferentes. Entre ellas figura una ley de 1981 que obliga a obtener aprobación estatal para transferencias de tecnología o uso de marcas, así como otra de 1983 que exige autorización oficial para utilizar mapas de la Argentina con cualquier finalidad.
El texto también incorpora disposiciones que reflejan contextos históricos muy distintos de los actuales. Una de ellas declara de interés nacional la explotación de carbón mineral, mientras otra creó el denominado padrinazgo presidencial para el séptimo hijo, una figura que continúa siendo una de las más singulares dentro del listado que busca eliminarse.
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La revisión alcanza incluso aspectos muy específicos de la vida cotidiana y de ciertas actividades particulares. Entre las leyes incluidas figura una que obliga a registrar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera, una regulación sancionada en 2015 que pasaría a formar parte del conjunto de normas derogadas.
Otro grupo de disposiciones involucra obligaciones impuestas a empresas de transporte y medios de comunicación para promocionar destinos turísticos nacionales. Aunque pertenecen a sectores diferentes, ambas aparecen dentro de la misma propuesta bajo el argumento de que dejaron de tener utilidad práctica en las condiciones actuales de difusión y comunicación.
Si el Senado logra emitir dictamen sin modificaciones, como pretende el oficialismo, el proyecto quedará en condiciones de avanzar hacia su tratamiento definitivo. La discusión legislativa gira alrededor de una pregunta concreta: cuánto del entramado normativo argentino continúa vigente por necesidad real y cuánto permanece simplemente porque nunca fue eliminado.
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