La Cámara rechazó otra apelación contra su procesamiento, pero permitirá revisar si corresponde tomarle una muestra para el registro genético.
Marcelo Porcel ya no tiene abierta la vía ordinaria para volver a discutir su procesamiento en la causa por presuntos abusos sexuales contra alumnos del colegio Palermo Chico. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el intento de la defensa de llevar esa decisión a una revisión excepcional. Con ese paso, el expediente quedó más cerca del juicio oral, aunque todavía resta definir qué tribunal intervendrá.
El empresario está imputado por hechos que habrían tenido como víctimas a diez alumnos del establecimiento. La última resolución confirmó que no podrá volver a apelar ni el procesamiento ni el embargo fijado en $111.564.950. Una fuente del caso señaló que “para julio se podría sortear el tribunal”, lo que ubica la próxima etapa en el inicio del trámite hacia el debate oral.
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La decisión no resolvió todos los planteos de la defensa en el mismo sentido. Los jueces sí habilitaron que continúe el reclamo contra la extracción de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos. Por esa razón, Porcel no deberá aportar por ahora una muestra biológica mientras esa discusión llega a la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional.
El punto central del fallo estuvo en separar dos discusiones distintas. Por un lado, el tribunal cerró la posibilidad de revisar nuevamente el procesamiento, al considerar que los argumentos defensivos no justificaban una intervención superior. Por otro lado, admitió que la medida vinculada con el ADN requiere otro análisis, porque involucra derechos invocados por el imputado y una interpretación sobre la ley aplicable.
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La defensa, encabezada por Roberto Rallín, había planteado que el procesamiento constituía “una manifestación de arbitrariedad judicial”. También intentó presentar el caso como una cuestión federal, bajo el argumento de que estaban comprometidas garantías constitucionales. Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Julio Marcelo Lucini rechazaron esa vía y sostuvieron que el planteo expresaba “sólo evidencia una disconformidad con cómo el tribunal valoró la prueba existente hasta ahora”.
La Cámara también remarcó que el procesamiento no equivale a una sentencia definitiva. Ese criterio fue usado para impedir que el caso llegue a Casación por esa vía en esta etapa. Pese al rechazo, desde la defensa adelantaron que intentarán avanzar igual con un nuevo planteo.
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El embargo millonario siguió el mismo camino que el procesamiento. Rallín había pedido que se redujera o revocara la medida cautelar, pero el tribunal también lo rechazó. La Cámara entendió que ese tipo de decisiones no resuelve la culpabilidad del imputado ni pone fin al proceso, por lo que tampoco habilita una revisión en Casación.
La discusión más abierta quedó concentrada en el registro genético. En una audiencia anterior, los jueces habían autorizado la toma de una muestra biológica para incorporarla al banco donde se registran datos de personas vinculadas con investigaciones criminales. La defensa cuestionó esa orden y sostuvo que, al momento de los hechos investigados, la normativa vigente solo permitía la extracción a personas con condena firme.
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Desde esa posición, la defensa alegó que la medida afecta la presunción de inocencia y la intimidad. En ese marco, aclaró que “no hay una negativa a hacerlo, solo no corresponde”. La frase busca diferenciar una oposición material a la prueba de una objeción jurídica sobre la oportunidad y la legalidad de la extracción.
Los querellantes interpretan la resistencia de otra manera. Según la información difundida, consideran que la negativa a entregar ADN funciona como un elemento más dentro de la lectura acusatoria. También plantean que el ingreso de un perfil genético al registro podría permitir comparaciones con rastros de otros hechos anteriores o contemporáneos que todavía no tengan identificación de titularidad.
La causa queda así en una doble instancia de avance y revisión. El tramo principal, referido al procesamiento y al embargo, quedó encaminado hacia el juicio oral. El tramo pendiente estará en la decisión de Casación sobre si corresponde o no tomarle a Porcel una muestra biológica para el registro nacional antes de que exista una condena firme.
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