Diputados quedó a un paso de cerrar un capítulo abierto desde el default de 2001
Política17/06/2026
REDACCIÓNEl oficialismo reunió apoyos para llevar al recinto un acuerdo con los últimos grandes acreedores que conservan sentencias firmes contra el Estado.
Una discusión que se arrastra desde hace más de dos décadas quedó encaminada hacia una definición legislativa. El oficialismo obtuvo el dictamen necesario para tratar en la Cámara de Diputados un proyecto vinculado a deudas originadas en el default de 2001, con la intención de ejecutar acuerdos alcanzados con dos grupos de acreedores que permanecían fuera de las reestructuraciones previas.
La iniciativa consiguió 42 firmas en un plenario de comisiones y quedó habilitada para llegar al recinto en la próxima sesión prevista para el miércoles. Si obtiene aprobación, el Estado avanzará con los pagos acordados con Bainbridge Ltd. y con el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund, dos actores que mantenían reclamos judiciales con sentencia firme.
El debate parlamentario se desarrolló bajo una presión de calendario concreta. Durante la exposición de los fundamentos del proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, recordó que los entendimientos tienen una fecha límite de vigencia y planteó las consecuencias que podría tener una demora legislativa.
“Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse”, advirtió el legislador, al señalar que el plazo establecido vence el próximo 30 de junio. La observación colocó el foco sobre la necesidad de obtener una definición parlamentaria antes de esa fecha.
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La discusión no giró solamente alrededor de los montos comprometidos. Benegas Lynch sostuvo además que una eventual falta de cumplimiento podría derivar en intentos de embargo sobre activos considerados estratégicos para el Estado nacional, entre ellos acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Las cifras involucradas fueron detalladas durante la reunión. El acuerdo con Bainbridge contempla un desembolso de 171 millones de dólares, mientras que el entendimiento con Attestor asciende a 104 millones de dólares. Ambos compromisos forman parte de negociaciones que buscaron reducir los montos reclamados originalmente.
Para respaldar la iniciativa concurrieron funcionarios del área jurídica y económica del Gobierno. Participaron el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, quien defendió la conveniencia de avanzar con los acuerdos alcanzados.
Stampalija explicó que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. Su exposición buscó contextualizar el origen de los litigios y diferenciar a estos grupos del resto de los acreedores que participaron en reestructuraciones anteriores.
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El funcionario sostuvo además que “son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”. Esa definición conectó el tratamiento legislativo actual con una serie de procesos judiciales que permanecieron abiertos durante años.
Otro de los argumentos presentados durante el debate estuvo relacionado con las condiciones económicas de los acuerdos. Según detalló Stampalija, el entendimiento con Bainbridge implica una reducción del 30% sobre el monto reclamado, mientras que en el caso de Attestor la quita alcanza el 35%, condiciones que consideró favorables para el país.
La defensa oficial también apuntó a los efectos futuros de la operación. El funcionario aseguró que con los desembolsos previstos “desaparecen” las amenazas de embargos sobre activos soberanos y sostuvo que el acuerdo no habilita nuevos reclamos de otros acreedores vinculados a bonos previos al default.
El Gobierno presentó el proyecto como la oportunidad de poner fin a los últimos litigios de gran magnitud vinculados a la cesación de pagos de 2001. “Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre”, afirmó Stampalija durante su exposición. La decisión final quedará ahora en manos del recinto, donde se resolverá si el acuerdo obtiene la aprobación definitiva para convertirse en ley.
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